Un proceso kafkiano que todavía no arranca en la Corte

Un proceso kafkiano que todavía no arranca en la Corte

La causa para definir si tienen razón el gobernador Cornejo o los intendentes peronistas en el debate por las reelecciones está todavía en el punto cero, porque falta un paso formal. Los cálculos más optimistas indican que la cuestión de fondo se podría resolver en julio, con todo el viento a favor. Si así fuera, sería tarde, de todos modos: el calendario electoral ya está en marcha. Por qué las elecciones han quedado sujetas a la autorización provisoria de tres jueces. 

En algún escritorio de la Suprema Corte de Justicia todavía yace el expediente con la denuncia de cuatro intendentes justicialistas contra el decreto de Alfredo Cornejo que promulgó el artículo 198 de la Constitución. En el alto tribunal recayó esa acción de inconstitucionalidad en los últimos días hábiles de diciembre y los papeles aún no se han movido un milímetro, en ninguna dirección.

La sorprendente quietud de una de las causas más calientes de los últimos tiempos demuestra cuál es la dimensión de los circuitos administrativos que debe atravesar una denuncia en su camino a la sentencia. Y, otra vez, el enorme contraste entre los tiempos de la Justicia y las necesidades reales. 

La causa quedó parada en la Corte por un trámite menor: falta incorporar el poder que firmaron los intendentes Emir Félix, Jorge Gimenez, Martín Aveiro y Roberto Righi para que un grupo de abogados (Efraín Quevedo Mendoza, padre e hijo, y José Luis Correa) los representen en el pleito.

Recién cuando aparezcan esos papeles, comenzará un proceso largo, casi kafkiano, que no responde a la urgencia institucional del caso. El lento camino procesal llevará ese expediente, primero, 20 días hábiles al Poder Ejecutivo. Luego se correrá traslado por otros 20 días hábiles a la Fiscalía de Estado.

Los últimos 20 días (sí, hábiles, no corridos) serán para sustanciar la prueba y luego llegará, por fin, el momento de dictar sentencia.

Nunca hay plazos estrictos para un fallo de la Corte, pero calculan los abogados que el circuito previo se extendería hasta los primeros días de junio y que la sentencia no se conocería hasta julio.

Así, la esperada definición sobre la "cuestión de fondo" para saber si Cornejo hizo bien o no promulgando una enmienda que se había votado en 2009, llegaría, en el mejor de los casos, tres meses después de las elecciones PASO de los cuatro departamentos que están sujetos a este litigio. En esos departamentos se fijó fecha para votar el 28 de abril.

Si la Corte siguiera el consejo del Gobierno, que es la suspensión de los comicios de San Rafael, San Martín, Tunuyán y Lavalle hasta que exista un fallo de fondo, la gran incógnita para algunos es cuánto se estiraría la espera.

Hay quienes especulan incluso con un alargamiento de los mandatos de los intendentes actuales a la espera del fallo definitivo. No parece una solución viable, aunque el Poder Ejecutivo la haya ofrecido formalmente como opción a la Corte esta semana.

Para la sentencia sobre el ítem aula, la última causa de gran impacto político que resolvió, la Corte se tomó más de dos años. Por más esfuerzo que hicieran los jueces del alto tribunal para acortar los plazos, un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del decreto de Cornejo que limita el mandato de los intendentes quedaría totalmente desfasado del candente proceso electoral en marcha.

Pero la incertidumbre política e institucional que vive Mendoza no es, en este caso, responsabilidad exclusiva de los jueces y su burocracia. La carta de los intendentes oficialistas a favor de limitar la reelección de los jefes comunales se conoció por medio de MDZ online a fines de abril de 2017, pero el gobernador Cornejo esperó hasta fines del año siguiente para firmar el decreto.

Cornejo no desconocía el impacto y las derivaciones de tomar esta decisión (siempre avalada de la boca para afuera por cuanto dirigente político exista) al borde del inicio del año electoral. Pero tampoco fueron inocentes las maniobras defensivas que ejecutó el justicialismo desde entonces.

El adelantamiento de las elecciones en cuatro municipios peronistas (con sospechas de manipulación de la fecha de convocatoria, en el caso de San Rafael) y la demora en presentar la medida cautelar hasta fines de enero fueron dos acciones complementarias y claramente pensadas para forzar un fallo rápido y preliminar de la Corte que los favorezca.

Solamente se pensó en una autorización provisoria para que los intendentes accionantes puedan presentarse como candidatos otra vez este año, tengan o no razón en reclamar otro mandato.

Probablemente a nadie le importe que la Justicia resuelva en forma definitiva cuáles son las condiciones para reformar la Constitución mendocina y si hacen falta la mitad más uno de los votos del padrón o solamente de quienes emiten el sufragio. La cuestión es si Félix y compañía pueden competir en estas elecciones, o no. Nada más.

Eso tiene que resolver la Corte, diciendo sí o no a la cautelar del justicialismo, antes de que termine febrero. No hay vías de conciliación posible hasta ahora, porque para conciliar hay que ceder. Y ceder, en este caso, equivale a darle al adversario todo lo que está en disputa.

Ni siquiera el plenario de la Corte se pondrá al hombro está decisión. Tan solo votarían la cautelar los tres ministros de la Sala Segunda, de los cuales uno (Mario Adaro) está en veremos por una recusación del Gobierno.

En consecuencia, la responsabilidad de dejar a unos con todo y a otros sin nada se acerca para un trío de jueces (Omar Palermo, José Valerio y probablemente Julio Gómez) bajo la forma de un fallo exprés y provisorio que parece ineludible para ellos.

En el medio, crece un mar de sospechas y especulaciones que mancha el traje de casi todos los protagonistas.

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