Las claves para entender al gobierno que viene

Rodolfo Suarez asumirá mañana su cargo como el décimo gobernador desde el regreso de la Democracia y lo hará dotado de varias certezas. Pero con una gran incertidumbre también.

Esto último, está marcado por la falta de las definiciones en el armado del proyecto de Ley de Presupuesto que no verá la luz hasta dentro de unos días y recién cuando se conozcan cuáles serán las definiciones al respecto por parte del gobierno de Alberto Fernández.

A nivel país hay muy poca información de cómo será la economía el año que viene, se menciona la alternativa de modificaciones impositivas importantes que terminarían afectando la coparticipación federal y no está claro cuáles serán las referencias del dólar o de la inflación que se deberían tomar en cuenta para trazar los gastos.

Ante este panorama, entre otras cosas, no se puede definir cuál será el nivel de aumento de las empleados públicos que, como se sabe y desde hace mucho años, ocupan prácticamente la mitad de los recursos del Estado.

La falta de una ley de Presupuesto, demoró otro tema caliente que debería haber estado resuelto antes del traspaso de mando: la suba de las tarifas de servicios públicos, sobre todo, de agua y del boleto de micro.

En ambos casos, los retrasos en la definición se debe a que Suarez aún no cuenta con la información para determinar cuál va a ser el monto de los subsidios a aplicar para que ambos servicios en definitiva aumenten, pero con el menor impacto posible en el bolsillo.

En el caso del agua el pedido de aumento de la tarifa por parte de Aysam rondó el 100% y se descarta que la suba no llegará a eso. Este año los aportes del Estado llegaron a los $400 millones y se está estudiando que el impacto recaiga en el 30% de los usuarios que más pagan. Pero aquí existe otro inconveniente: ese grupo abarca a industrias, comercios y pymes ya castigadas por la crisis económica.

El boleto subirá y posiblemente fuerte. Si se aplicara el 40% que solicitan las empresas el mínimo se iría a $25, lo que seguiría dejando a Mendoza con uno de los pasajes de transporte urbano más barato del país.

La decisión de Suarez aquí es política. ¿Cuál será el monto de los subsidios para no llegar a ese porcentaje que reclama AUTAM? Otra vez el Presupuesto: en 2019 el Gobierno que se va destinó $1.600 millones para sostener el precio. La incógnita es saber cuánto pondrá el nuevo gobernador.

Puede sonar extraño, pero las indefiniciones en la pauta de gastos también afecta a una de las apuestas más importantes. Cuando se conozca el proyecto que será enviado a la Legislatura, se sabrá si la educación es o no una de las prioridades de la nueva gestión. José Thomas, el designado titular de la DGE, planteó un incremento de la pauta para su cartera que podría llegar a un punto del presupuesto total de la provincia. No se sabe si lo logrará.

Si una cosa ya está dicha, porque fue uno de los ejes de campaña, es que la apuesta estará en dinamizar la economía porque , más allá de la herencia del gobierno de Maurico Macri, la nueva administración aventura al menos dos años muy duros en ese sentido.

A quien lo quiera escuchar, Suarez repite y repite que apunta a trabajar en dos ideas fuertes para el mediano y largo plazo: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería, para usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.

En el corto plazo, se fijaron dos objetivos. Uno de ellos será avanzar en otra de las promesas electorales como fue la creación de un banco provincial y, para atacar la emergencia, tratar de resolver el problema del empleo.

La posibilidad de que Mendoza vuelva a tener un banco provincial aparece muy remota todavía. Si se iniciará el expediente para su creación, todo el proceso no demoraría menos de tres o cuatro años y la idea todavía no supera la etapa de proyecto. En el camino, se apostará a herramientas ya existentes como el Fondo para la Transformación para poder asistir relativamente rápido con financiamiento a los sectores productivos.

Para el próximo gobierno, una obra será clave para el desarrollo a futuro: Portezuelo del Viento. La obra no comenzará hasta finales del 2020 y será un engranaje clave para la producción en el Sur. Pero con un efecto arrastre sobre el resto de la provincia, seguramente.

Por la cabeza del próximo ministro de Economía, Enrique Vaquié, ronda una iniciativa que vera la luz pronto: está en elaboración una ley de empleo para garantizar que, si la crisis se profundiza, el impacto sea menor en el trabajo mendocino. Y si la situación mejora, permitir que los que no tengan trabajo lo consigan de manera más rápida.

En Seguridad se abre un interrogante importante. Cornejo puso al tema como uno de sus ejes y fue durante buena parte de su mandato el verdadero ministro del área.

Suarez puso a Raúl Levrino en ese cargo, pero dejó armada toda la estructura de la actual gestión. Y eso incluye no solo a Roberto Munives que seguirá al frente de la Policía. Sino que además ratificó a Hugo Sánchez en la jefatura de Gabinete, quien fue el brazo de Cornejo en la ejecución de las políticas de combate contra el delito en este último período.

Con el tema de la seguridad la preocupación es grande: el futuro gobierno estima que , si la crisis socioeconómica se profundiza, crecerán los problemas relacionados con el delito.

Nuevamente el Presupuesto: la intención a futuro es seguir dotando a la Policía de equipamiento e infraestructura, pero sin que se sepa aún a qué nivel. Suarez replicará un modelo que ya aplican varias comunas de la provincia de Buenos Aires. Es el sistema denominado “Ojos en alerta”, en donde a través de una aplicación en el teléfono celular una persona puede dar aviso al 911 de cualquier hecho delictivo.

En materia política, se eligió al constitucionalista Víctor Ibañez como ministro de Gobierno y su designación abre el juego para avanzar, otra vez en Mendoza, con la reforma de la Constitución. 

Este tema (como el impulso de la minería) generó algunas rispideces entre Suarez y Cornejo durante la campaña. Cornejo entendía que debatir la minería era inoportuno y que barajar la reforma en esta nueva etapa de malestar de la sociedad con su clase dirigente era arriesgado. Sin embargo se allanó a la posición de su sucesor y el debate por la Carta Magna con la posibilidad de la reeleción de un período para el cargo de gobernador volverá.

Ibañez no solo es abogado constitucionalista sino que además es militante de la reforma desde hace más de quince años. Pero además tiene postura tomada en dos aspectos controversiales: impulsa la unicameralidad de la Legislatura y está en contra de la reelección del cargo de gobernador.