Cuidado del agua como premisa no negociable

Sorprendentemente en pocos días, la ley 7722 fue reemplazada por una que viola uno de sus principios fundamentales, como es la utilización de sustancias químicas contaminantes como el cianuro.

Esta nueva ley prominera, la 9209, fue enviada a la legislatura inmediatamente después de la asunción del nuevo gobernador y fue sancionada en un trámite exprés en un día, con el acuerdo de los partidos mayoritarios, previa vía libre, (según informaron los medios) dada al gobernador por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernandez.

Los ciudadanos mendocinos sorprendidos comenzaron a movilizarse desde los distintas zonas de la provincia con una premisa cohesionadora, cuidar el agua.

Los tiempos que corren indican que la escasez de agua no solo se ha agravado sino que seguirá haciéndolo en los próximos años y es por eso, que como representantes del empresariado local apoyamos el reclamo de los ciudadanos de Mendoza, vital para la vida de los seres humanos, los animales y las plantas y las actividades económicas.

Sabemos que el tratamiento de la ley fue el correcto, el procedimiento legal pero la movilización de miles de mendocinos en su contra demostró que no tenía legitimidad.

Escuchando a la población, el Gobernador postergó su reglamentación considerando la importancia de contar con el apoyo de quienes son sus representados y es así que se encuentra convocando a distintos sectores sindicales, empresariales, ambientalistas y hasta religiosos.

La UCIM apoya esta iniciativa de diálogo, pero es indispensable considerar que ninguna actividad empresaria puede alterar la vida de la comunidad y mucho menos afectarla y con la premisa fundamental e intransigente de no malgastar el agua y mucho menos contaminarla. Nuestros glaciares, cauces de agua y aguas subterráneas deben ser defendidas y cuidadas sin ningún tipo de excepción.

Las dudas que se nos presentan a los ciudadanos y que generan mucha intranquilidad tienen que ver con que desde los sectores que defienden la actividad, relativizan y minimizan el impacto de la misma.                                  

Las dudas se trasladan también a los controles necesarios por parte del estado, que deben exigir a las empresas cuidados que son por supuesto más onerosos por lo tanto, corren riesgos de que, ante el menor descuido se produzcan desastres irremediables como los sufridos en Jáchal, en la provincia de San Juan, por sólo mencionar un caso.

"En mayo de 2017, el Parlamento Europeo aprobó por 566 votos a favor y 8 en contra, la prohibición de la megaminería con cianuro en toda Europa por considerar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles", cita recientemente en un tuit la docente, socióloga e investigadora del Conicet, Alcira Argumedo. Explicando como en esos países no se puede usar esta sustancia que la nueva ley permite utilizar.

Es importante la apertura  al diálogo. Creemos que este no puede darse a las corridas ni dejando afuera ningún sector social.

Creemos que nuestros gobernantes cuentan con la predisposición al consenso y suficiente capacidad de escucha para tomar decisiones sin compromisos foráneos y acordes a las necesidades del pueblo que los votó y a los cuales representan.

Este tipo de decisiones debe tener el apoyo de la mayorías, que ya demostraron que si no están de acuerdo, lo harán saber.

Daniel Ariosto
Presidente de UCIM