Por "acelerar y acelerar", a veces se termina chocando

Por "acelerar y acelerar", a veces se termina chocando

Ante un nivel muy alto de conflictividad social, que tuvo además impacto nacional, Rodolfo Suarez frenó y apelará a ahora a la búsqueda de acuerdos para impulsar la minería. El gobernador buscó apurar los tiempos y soporta su primer y muy rápido traspié político.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Rodolfo Suarez se vio obligado a frenar el impulso que pretendió darle a la minería y anunció, luego de las protestas y manifestaciones de un sector de la sociedad que se opuso de manera firme, que convocará al diálogo para intentar avanzar con los cambios.

La conferencia de prensa en la que se lo notó molesto y ofuscado por el traspié político y en el que además anticipó la alternativa de convocar a una consulta popular para zanjar la discusión fue el reflejo de una realidad política para el nuevo gobernador: sin dudas, si quería meterse con la minería en Mendoza debió haber empezado por ahí.

Es decir por buscar acuerdos y consensos en lo que, claramente el flamante gobierno ha caído en la cuenta, es uno de los temas más complejos de abordar en la provincia y que se había transformado en las últimos dos semanas en un asunto de profundo impacto social. Basta ver las repercusiones que, hacia fuera, tuvo en los medios nacionales.

Y, hacia adentro, en la mayoría de los hogares mendocinos y con la amenaza incluso de que la discusión seguro terminaba afectando a la próximo Fiesta de la Vendimia.

Ya se sabe: antes de asumir, se discutió qué camino seguir para modificar la Ley 7722 y había dos alternativas.

Una de ellas, la que se eligió, fue conseguir los votos del peronismo y definir todo en las votaciones de la Legislatura.

La otra forma era retomar el camino de la mesa del diálogo minero que se inició en 2016, que derivó en un documento un año después y que apuntó, en definitiva, a intentar elaborar un proyecto de ley consensuado.

Pero Suarez optó por la vía rápida y sumó el argumento de que el tema lo había prometido en la campaña. Pero a esto último le agregó una mirada singular: entendió que la gente lo había votado precisamente porque se presentaba como el gobernador que traería la minería de regreso en la provincia.

Es verdad que no ocultó sus intenciones durante todo el proceso electoral, pero también es cierto que es exagerada la argumentación de que la gente lo votó particularmente por ese punto.

Yo estoy cumpliendo mis promesas de campaña: que iba a hacer minería y que iba a apostar al diálogo”. Lo primero lo cumplió prácticamente el mismo día en que asumió, lo segundo se vio forzado a aplicarlo quince días después.

Otra verdad a medias también aplica en esto que pasó. Y es cuando se pregona que las modificaciones a la norma que estaba vigente hasta hace una semana habían sido ampliamente discutidas en los últimos dos años.

A decir verdad, las modificaciones a la 7722 se discutieron durante dos semanas en octubre de 2018 cuando dos legisladores del PJ la impulsaron. Ese debate no alcanzó, si quiera, para lograr un despacho de comisión.

La norma que se aprobó el viernes pasado, logró despacho el mediodía del jueves y tras un debate que apenas si llegó a los siete días.

Cuando lanzó la discusión y las primeras reacciones se hicieron en la Legislatura, el gobernador minimizó las protestas. “Es la izquierda”, dijo , en relación a los grupos que se manifestaron frente a la Legislatura.

Parte de los que no dejaron salir a los legisladores ese día del recinto pertenecían a esa agrupación política. Pero no se cayó en la cuenta de que, tarde o temprano, iban a despertar los sectores de la provincia que desde hace años han hecho del combate contra la minería una cuestión vital y que se movilizaron desde el sur y desde el Valle de Uco.

¿Error de cálculo?¿O inexperiencia política? Quizás una mezcla de las dos cosas. Basta recorrer la manera en que los anteriores cuatro gobernadores manejaron el tema para darse cuenta de la complejidad del problema.

Fue Julio Cobos, a raíz de las protestas y cortes de rutas en el Sur, quien sucumbió y terminó sancionando la 7722 que rigió el rumbo de la actividad durante más de una década. Celso Jaque impulsó el proyecto San Jorge, que no afectaba la legalidad para hacer minería en Mendoza, pero fue Francisco Pérez en la campaña electoral de 2011 quien lo sepultó preocupado por el daño electoral que le podría causar que esa mina de cobre quedara autorizada para operar en Uspallata.

Alfredo Cornejo siempre consideró “inoportuno” que Suarez abriera el debate durante la carrera electoral de este año. Pero respetó la decisión de su delfín. Ahora bien: Cornejo fue el gobernador con más poder acumulado de estos últimos tres y jamás se atrevió a dar la discusión por más que conceptualmente estuviera de acuerdo con diversificar la matiz productiva.

Y lo hizo precisamente consciente del problema que hoy enfrenta Suarez. Abrir la puerta para la minería en la provincia es abrir el portón de la conflictividad social.

Es poco probable que la nueva convocatoria al diálogo termine convenciendo a ambientalistas o a integrantes de las multisectoriales armadas en defensa del agua. Y mucho menos a sectores de izquierda.

Pero puede llevar algo de claridad a una enorme franja de la población que se interiorizó (y se preocupó además) por la posibilidad de que las mineras se instalen en la montaña. “Las minorías silenciosas”, como las definió Suarez, en la conferencia de prensa de este mediodía.

Dos dudas quedaron por resolver. Una es política. Quizás sea muy pronto para saber si, así como la impulsó, Alberto Fernández influyó ahora para barajar y dar de nuevo. El conflicto mendocino, sin dudas, lo había rozado.

Y para los constitucionalistas quedará el análisis acerca de la viabilidad o no de una consulta popular vinculante- como la definió el gobernador- para definir qué hacer en caso de que el diálogo fracase.

La Constitución Nacional preve este tipo de mecanismo, la local no. El gobernador podría convocar a un plebiscito impulsando una ley que se debata en la Legislatura. Pero sin la posibilidad de que sea vinculante.

Para lograr un acuerdo una palabra es clave: confianza. Si no se logra generar en la sociedad la garantía de que los controles a la minería serán efectivos y que el Estado no será cómplice de las empresas (como sucedió en varias provincias del país) no habrá respaldo suficiente.

Quizás aquí surja otra vez el tema del apuro. El gobierno podría haber construido esa confianza antes de haber sacado la ley y pedirle después a la gente que confíe. ¿Cómo podría haber hecho esto? Formando un cuerpo de policías ambientales que en la actualidad no están, o contratando la tecnología que se desarrolló en los países que se dedican a esta actividad y que, aquí, no existe.

La Ley 9209 que derogó la norma antiminera no será reglamentada por ahora. El afán de Suarez por poner en marcha sus promesas de campaña lo obligaron a frenar.

Acelerar, acelear y acelear, es lo que les pedí a mis funcionarios”, dijo el gobernador este mediodía. Acelarando, a veces, se llega más rápido. Pero también se puede terminar chocando.

 

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