La paradoja de la minería que llega a cuidar el agua

El agua es para los mendocinos el bien más preciado, pero poco hacemos para cuidarla. Nos cansamos de repetir "no a la minería" mientras desperdiciamos millones de litros de ese recurso en acequias tapadas, llenando piletas, regando miles de hectáreas con sistemas ineficientes o prendiendo los aspersores en los jardines. La verdad es que lejos de cuidarla, al agua la tiramos.

Decirle no a la minería no es cuidar el agua. Es lavar culpa. Es el camino fácil. Cuidar el agua es comprometerse y controlar a la minería y a tantas otras industrias que hoy trabajan en la provincia sin que nadie -o casi nadie- mire el uso que hacen del recurso hídrico.

La nueva ley minera es una oportunidad para elevar el nivel de debate.

Tenemos universidades prestigiosas que pueden tener un rol activo en los controles, ciudadanos comprometidos que también tendrán herramientas de fiscales. Capacidad nos sobra, compromiso no falta. ¿Por qué no podríamos ser capaces de convertirnos en un ejemplo a nivel mundial de cómo llevar adelante con seriedad una política extractiva?

Depende de nosotros. De los partidos políticos, de los académicos, de los ambientalistas, de los empresarios, de la prensa, de los ciudadanos. 

La ley 7722 fue necesaria para que hoy, 12 años después, se pueda avanzar en un proyecto hecho a conciencia, con debates enriquecedores y con un objetivo común: control ambiental. "Vamos a pasar de una ley prohibitiva a una fiscalizadora", subrayó al inicio del debate el senador radical Marcelo Rubio para describir el espíritu de la norma que el viernes se aprobó en la Legislatura.

Porque lo que se aprobó no debe ser considerado como una autorización para que empresas extranjeras hagan lo que se les antoje con nuestra cordillera. La ley dedica varios artículos a garantizar herramientas y su fortaleza y eficiencia dependerá de todos nosotros.

Para eso, los ciudadanos que hoy se oponen a la minería deben enrolarse en la Red de Vigilancia Ambiental. Los políticos que votaron en contra de la reforma de la 7722 deben tener un lugar en Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y seguimiento de actividades extractivas. Las universidades tendrán que involucrarse en las Declaraciones de Impacto Ambiental y la Policía Minera deberá tener un presupuesto acorde para realizar su tarea.

Mendoza puede ser un ejemplo en el mundo. Tiene todo lo necesario para serlo. Solo tenemos que convencernos de ello, cuidando cada paso y siendo rigurosos a la hora de fiscalizar a las empresas.

El viernes muchos hablaron del ejemplo canadiense, del caso austrialiano. Ojalá en el futuro el mundo hable del suceso mendocino. Subamos el nivel del debate y dejemos de presumir que por las dudas acá no se hace nada. Demostremos una vez más la defensa del agua con controles estrictos y demandas firmes. Exijamos que el dinero del Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento -creado por la nueva ley- verdaderamente se destinen a hacer más eficiente la administración del agua en Mendoza.

La reforma de la ley 7722 plantea un nuevo paradigma y un enorme desafío para todos los actores sociales. Llevamos 10 años de crisis hídrica sin que haya minería y eso demuestra cuán ineficientes hemos sido en el cuidado del agua. La paradoja es que finalmente la minería puede servir como herramienta para avanzar hacia una optimización en el uso del recurso.