Opinión
Un Procurador con línea directa en el Gobierno
Alfredo Cornejo lo anunció y está a punto de lograrlo. Va a extender su poder más allá de calle Peltier y tendrá línea directa con quien será, por el cargo, una de las personas con mayor influencia en Tribunales: el Procurador de la Suprema Corte de Justicia.
Ayer el Gobernador propuso al camarista del crimen Alejandro Gullé para reemplazar a Rodolfo González. Era uno de los "nombres cantados" por la cercanía política que tiene el juez con el Gobernador. De hecho fue uno de sus asesores en el armado de la plataforma sobre seguridad y lo siguió siendo ya en la gestión: estuvo detrás de todos los proyectos de reforma del Código Procesal que ya se presentaron y los que vendrán.
Cornejo había asegurado que el Ministerio Público Fiscal necesitaba aires nuevos; tomar lo "bueno que González hizo" y reformar lo que está pendiente. Lo curioso es que para esa renovación eligió a un juez que está en condiciones de jubilarse: ya tiene 61 años y superó los 30 años de aportes que necesitan los magistrados en Mendoza. Vale recordar que en la Provincia los jueces tienen los mismos privilegios que sus pares nacionales (se retiran antes y con el 82% móvil, entre otras cosas). Gullé "no es nuevo" solamente por antigüedad en la Justicia, sino también por su siembra en la Procuración.
En Tribunales explican que el camarista ha sido una de las personas más cercanas a González y que también logró colocar a su alrededor funcionarios de su propia confianza, como la coordinadora de fiscales María Teresa Day. Por eso muchos creen que Gullé será una "continuidad de González", aunque con la impronta reformista que desde el Ejecutivo le exigen. Es justamente el perfil que había definido Cornejo.
El Procurador designado tiene como ventaja el aval interno en Tribunales porque es un hombre de esa corporación. Ha trabajado allí desde antes del retorno de la democracia y ha pasado por todos los estamentos. Actualmente está en la Sexta Cámara del Crimen, sala que ha tenido condenas resonantes. "Gullé es un hombre que no tiene conflictos dentro de Tribunales. Es conciliador", aseguran. Pues deberá usar esas artes más que nunca en su nuevo cargo.
Pero a nivel político podría haber más novedades. Es que la ley habilita que el Ministerio Público tenga además del Procurador dos fiscales adjuntos que tienen poder para firmar dictámenes. Allí podría surgir una nueva línea para sumar influencia y sí buscan un cambio generacional. Se especula que en esos cargos el Gobierno podría impulsar a cuadros jóvenes que respalden y también "ayuden a marcar la cancha" a Gullé dentro del Poder Judicial. En el mismo marco de especulación, se nombra a algunos funcionarios políticos como candidatos a esos puestos.
La otra herencia que recibirá el Procurador, que debe ser ratificado por el Senado, es la crisis política de los fiscales, en particular la tensión generada por el jury a Daniel Carniello, tema en el que el propio Cornejo se jugó a todo o nada.
Venier, Gullé y el equipo del Instituto
El otro requisito que se había planteado como clave era la necesidad de que el nuevo Procurador trabaje "codo a codo" con el ministro de Seguridad y el jefe de policía. Gullé al menos no va a tener problemas de afinidad, pues es íntimo del ministro Gianni Venier. Juntos fundaron el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal. Ese "club" de penalistas reúne además a otros juristas, jueces y fiscales con el mismo perfil y que asesoran al Gobierno formal e informalmente. Hoy Venier y Gullé son parte de la comisión directiva del Instituto.
Gullé no llegará solo. Junto con el nombramiento el Gobierno enviará un proyecto para reformar la ley del Ministerio Público. Una decisión que había sido festejada de antemano es separar de la incumbencia del procurador a las defensorías. También quieren cambiar el perfil de algunos fiscales y quieren crear, como adelantó MDZ, fiscalías especiales según tipos de delitos. El esquema judicial planificado por el Gobierno se concreta y ahora le quedará en sus manos lo más importante: gestionar esos instrumentos para mejorar la seguridad.
El Gobierno ha puesto sobre los fiscales el mayor peso de la reforma y también la responsabilidad en la política para hacerle frente a los problemas de seguridad, una demanda social persistente desde hace dos décadas. Cornejo insistió con el perfil y el nombre del Procurador. Pero pasa de largo un detalle: se trata de otro poder del Estado que debería trabajar de manera independiente y que eventualmente podría (o debería en caso de mediar denuncias) investigar al Ejecutivo.
