Montero, Cornejo y el riesgo de la "pereza" por falta de oposición

El viernes pasado ocurrió algo curioso en la Legislatura. Hubo una reunión entre representantes del Senado y de la Universidad Nacional de Cuyo en el marco del Consejo Científico Asesor. Lo que llamó la atención era que el "enlace" de uno y otro lado lo hacía la misma persona, quien ocupaba cargos ejecutivos en ambas instituciones. Andrea Lara, como se llama la profesional, es la encargada de la "Unidad de Enlace" del Senado y a la vez Secretaria de Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo.

En la reunión del viernes se le cruzaron ambas tareas: debía gestionar su propia visita como funcionaria doble. Antes de que se hiciera público el tema,  desde la Universidad la relevaran del cargo. Así lo comunicó oficialmente el Rectorado. Por eso desde mañana Andrea Lara no tendrá más doble función y doble sueldo. La incompatibilidad de esa funcionaria podía saltar a la vista en cualquier momento y quizá se produjo en el marco de un gobierno que peca de "exceso de confianza"; que está desacostumbrado a que lo controlen desde afuera y que por eso corre riesgos.

Ocurre en la Legislatura y también puede pasar en el Ejecutivo. No hay una mirada crítica y de control. La oposición casi no existe y la mayoría está más preocupado por lo que puede pasarle en tribunales. Faltan referentes y también una mirada externa. El oficialismo tiene tanta comodidad, que corre riesgo de caer en la pereza. 

Por eso también parece vulnerable ante pequeñas crisis: la semana pasada los chisporroteos entre funcionarios de Salud generaron la reacción de Cornejo a pesar de que se trataba de un conflicto menor. 

Al Gobernador no se lo puede culpar porque otros no ocupen el rol que les corresponde (como el de controlar). El problema para Cornejo es no tener generar los anticuerpos para prevenir.

Puede ocurrir en temas relacionados con la transparencia, pero también en la gestión. Una mirada unidimensional de todos los temas, no es bueno. 

Las causas "sembradas" como oposición

El Gobierno puede sentir una especie de efecto bumerán con algunos temas "sembrados" como denuncias cuando la UCR era oposición. 

El año pasado hubo una catarata de demandas judiciales por las malas gestiones de Francisco Pérez a cargo del Gobierno. Pero ahora, como responsables del Poder Ejecutivo, los mismos funcionarios están en un dilema: defender la denuncia o las decisiones que el Estado (a cargo de otro) tomó. Lo que es un hecho es que a varias de esas demandas le sacaron el pie del acelerador.

Una de ellas es, por ejemplo, el reclamo para que YPF tenga un precio diferencial de la nafta en Mendoza, tal como se firmó en el año 2011 como parte del acuerdo por la prórroga de áreas petroleras. El equipo de Cornejo había presionado a Pérez para que haga cumplir esa cláusula. Y fue justamente Enrique Vaquié quien lo hizo. 

Ahora Vaquié tiene un doble rol: Ministro y Director de YPF. El funcionario tomó esos cargos para una salida decorosa: se excusó de seguir interviniendo en el reclamo por el precio del combustible por ser parte de la empresa. Por eso el expediente pasó a las manos del ministro de Gobierno Dalmiro Garay. El arbitraje que se había pedido para establecer cuánto debe salir la nafta se demora porque el Gobierno no ha nombrado a sus representantes. YPF no tiene apuro.

No es la única demanda en espera. Incluso hay otras más importantes. Una de ellas es la causa en la que se denunció al Gobierno por haber reconocido a Edemsa que podía reclamar una deuda por la demora en la actualización de las tarifas. Fue Francisco Pérez quien firmó el Decreto para beneficiar a la distribuidora eléctrica y Martín Kerchner lo demandó ante la Suprema Corte. Ahora Kerchner es ministro y Cornejo Gobernador. El Decreto no fue anulado y la demanda está en la Corte. Hubo fracaso en una conciliación pero, aseguran en Tribunales, se "relajó" la presión sobre el tema.

Otra causa importante es la retención indebida que hizo el Gobierno anterior de los fondos que le correspondían a los municipios. Allí el tema es más grave: hay una demanda penal iniciada por los intendentes y cuyas pruebas fueron aportadas por Fiscalía de Estado y la Auditoría General de la Nación. Todo, con el apoyo de la actual gestión. En la causa judicial hay un problema para las actuales autoridades: el corte que se hizo incluye al menos un mes de gestión de Cornejo y allí se manciona que siguieron las "retenciones indebidas" a los municipios, por lo que el "delito siguió". Claro que hay una salvación grande: desde que cambió el gobierno comenzó a achicarse la deuda. En muchas de esas causas los asesores legales del Ejecutivo deben tener cintura para adecuarse y defender posiciones que algunas veces entran en contradicción.

El trabajo sucio

Antes de fin de año el Gobierno quiere terminar el "trabajo sucio" con algunos temas clave; sobre todo contractuales. La tensión generada por el conflicto con la empresa KLP dejó más desgaste del esperado, sobre todo por las idas y vueltas: en el Gobierno "festejaron" el acuerdo aún antes de firmarlo y eso no dejó una buena sensación; más allá de que las condiciones impuestas fueron las propuestas por la autoridad de aplicación. Ahora vienen otras negociaciones duras con actores más pesados aún.

Como anticipó MDZ; está tomada la decisión de quitar las concesiones petroleras a las empresas que no cumplieron. La primera en la lista es Chañares Herrados, que ahora opera Medanito. Es un área petrolera en plena explotación y por eso no pueden frenarse los trabajos. Por otro lado, tampoco quieren sumar más conflictos a la hora de elegir un sucesor. Por eso la recomendación de Fiscalía de Estado y los asesores legales fue licitar el área una vez que se revierta. Ahora, para sacarle la concesión a Medanito hay dos caminos: caducar el permiso ahora, o esperar a mediados del año que viene. Esa opción sería la menos conflictiva. Es que en 2017 vence el plazo original de concesión y para hacerlo simplemente habría que justificar que la empresa no cumplió con la inversión prometida cuando se extendió la concesión por 10 años más (hasta 2017). La lista sigue con la concesión de Oil y otras que son menos conflictivas por quienes hoy tienen la operación: YPF.