Las peores mañas: ¿a quién le importa que echen gente?
Cuando sindicalistas, políticos oficialistas y opositores y gobernantes hablan de "lo que quiere y preocupa al pueblo argentino", ¿a qué porción de ese pueblo hacen referencia? ¿No reconocen que haya otro con una opinión o mirada diferente? Las preguntas vienen al caso luego de presenciar como espectadores del pasamanos de declaraciones en torno a una ley antidespidos que se enfrenta a la opinión del gobierno nacional que cree que eso podría transformarse en una zancadilla a su plan de radicación de nuevas inversiones, y luego, a la decisión de la Casa Rosada de convocar a gremios y empresarios a acordar -sin necesidad de generar una norma de difícil sustitución posterior- de un pacto para no despedir gente.
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El gobierno -que ganó recientemente las elecciones y espera poder desplegar su plan de gestión, todavía- cree que interpreta a ese voto popular al llevar adelante sus políticas. Mauricio Macri cree que lo asiste la razón y el derecho en hacer lo que prometió en la campaña y, con ello, desplazar programas, acciones o costumbres que se instalaron en la última década por la propuesta que, sometida al sufragio, perdió.
Del otro lado, un peronismo dividido se une en la posibilidad de "hacer hocicar" al presidente ante el poder unificado de sus múltiples facetas: las muchas centrales gremiales, los muchos bloques legislativos y hasta "su" pata opositora, el massismo.
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El empresariado juega el juego que más le gusta: tensar la cuerda para que tengan que forzarlos a participar.
Los gremios que no fueron afines al kirchnerismo, en tanto, tampoco quieren cambiar su costumbre. Mientras Macri ni siquiera se atreve a hablar de "vuelta de página", alentando la idea de que estamos en "una transición", hasta el antikirchnerismo gremial, encarnado por una de las CTA -la liderada por Pablo Micheli- quiere las mismas reglas de juego que tuvo en los últimos diez o doce años. En diálogo con el programa "Uno nunca sabe" por MDZ Radio, este martes, Micheli reiteró que "el pueblo trabajador pide...". ¿Cuál es "su" pueblo trabajador? ¿Todos están hablando de pueblos diferentes? ¿Cuál es el método de medida de la decisión del pueblo? ¿Las elecciones o los paros y movilizaciones?
En medio de la discusión, cabría preguntarse si al sindicalismo le importa que despidan trabajadores o perder beneficios sindicales; si les importa el empleo privado o lo que quieren es negociar que no saquen a ni uno de los cientos de miles que metieron por la ventana al Estado. Justo en ese momento, los gremios argentinos estaban distraídos, fueron incapaces de advertirle a los gobiernos que estaban abusando de su poder, de los recursos; que estaban generando un descontrol absurdo y costoso para el resto de la población.
Por ello, la idea de avanzar con un pacto social es lo más serio que podría plantearse. A Macri, es verdad, le fallan hasta "sus" empresarios que, en definitiva, no parecen ser tan patriotas como esperaba ni afines, como piensa, sino que están muy concentrados en sus propios intereses personales o de sector. Igual que los gremios y gremialistas. Igual que los políticos y sus diferentes grupos partidarios.
Un pacto social requiere humildad de las partes para poder sentarse a una misma mesa, pero ante todo, grandeza. Necesita reconocer, básicamente, que quien los convoca tiene legitimidad. Pero claro, en la Argentina, la anterior presidenta ni siquiera quiso entregarle los atributos presidenciales a quien ganó legítimamente la responsabilidad de marcar el ritmo de la conducción del país.
Si esto es así, si realmente las corporaciones (todas, sin excepción) desconocen la legitimidad del poder constituido democráticamente, estamos en un problema bastante más grande que los despidos, la inflación o la inseguridad: no tenemos sistema político, sino una simulación de tal, en donde nadie resigna su cuota de poder en función del bien común, sino en donde todos se desesperan por manotear su tajada de una torta que no alcanza para todos. Una democracia de bajísimo octanaje con la que no llegaremos muy lejos; una política que no avanza, sino que recicla sus peores mañas.