La Inspección incompleta

 La Inspección General de Seguridad es un organismo de control externo creado en el año 1998 dentro de lo que se llamó Política de Estado en materia de Seguridad, plasmada en la ley 6721. La misma tiene como principal función CONTROLAR LA LEGALIDAD Y LA CALIDAD DEL SERVICIO POLICIAL Y PENITENCIARIO de la Provincia. Es una Institución que hay que defender a rajatablas pues es la única en su tipo que tiene el país y donde los partidos políticos con representación parlamentaria suficiente tienen la facultad de efectuar estos controles. Demás está decir que la representación de los principales partidos de la oposición es indispensable para su correcto funcionamiento ya que junto con la Comisión Bicameral de Seguridad son los instrumentos idóneos para un control objetivo e imparcial del funcionamiento del estado en estos aspectos, evitando así la tentación, que tantos disgustos ha causado a nuestra provincia en épocas pasadas, de que la Policía se transforme en una corporación independiente del poder político que trate de encubrir sus falencias o que el poder ejecutivo de turno se sume a estos intentos corporativos permitiendo a veces con el silencio el accionar incorrecto de los ámbitos policiales y penitenciarios.

El día 6 de agosto del corriente presenté mi renuncia al cargo de Director en representación de la U.C.R., renuncia que fue aceptada a principios de octubre pasado. Ya antes de la aceptación de la renuncia el Comité Provincia de la U.C.R. había elevado, como lo marca la ley, la propuesta de mi reemplazante que es el Dr. Marcelo Puertas Vernengo, un joven abogado del foro provincial, con importantes antecedentes en la materia y con capacidad y vocación suficiente para ejercer muy bien el cargo. Pese a la aceptación de mi renuncia y a la propuesta efectuada, el gobierno de la provincia no ha procedido a su designación, lo que a mi entender implica un grave error pues es casualmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre cuando se hace la evaluación de todas las Comisarias y demás dependencias policiales y penitenciarias y este año se ha hecho sin la participación opositora salvo la solitaria opinión del Dr. Diego Arenas, representante del Partido Demócrata.

El Gobernador tiene la obligación de efectuar esta designación pues de lo contrario el espíritu mismo de la Inspección General de Seguridad quedaría a merced de la voluntad del Poder Ejecutivo, lo que es absolutamente inaceptable.