Seguridad para el delito: 11 años de ¿miedo, incapacidad o complicidad?

En este período no había una sola referencia al crimen organizado, el narcotráfico y la necesidad de coordinar trabajos con las provincias.

Ese pacto fracasó, y las frases mágicas se hicieron polvo ante hechos contundentes e impactantes que reflejaban que el problema crecía. Así, a fines de 2010 el Gobierno decide crear el Ministerio de Seguridad. Allí de golpe descubrieron casos de corrupción policial y decidieron llenar de gendarmes y prefectos zonas de Capital y el Gran Buenos Aires.

La idea era que el problema era la policía; pero lo sustancial quedó, no se mencionó ni de casualidad al narcotráfico y al crimen organizado, es más, se lo promovió quitando gendarmes de las fronteras y volviendo los pasos fronterizos autopistas de delito.

La última etapa es la del Berni show. Un hombre que se presenta preocupado, que dice lo que se dice en las calles y que mediatiza hasta el hartazgo cada operativo que encabeza. Eso sí, ante cada hecho reparte culpas: una vez a los jueces, otra a los fiscales, alguna vez a los legisladores y también a los gobiernos provinciales. Cuando se le pregunta de narcotráfico, la respuesta es que en el mundo se ha fracasado en la lucha contra las drogas, como si eso justificara la desesperante situación que se vive en algunos lugares del país.

Pese a los cambios de figuras, de épocas, de estrategias, en el fondo hay dos conceptos que permanecen inalterables: ni el crimen organizado es abordado como un problema central, ni el gobierno nacional se hace cargo de la principal preocupación de los argentinos.

Pasaron del garantismo dogmático al chauvinismo de cotillón, fueron de lado a lado, pero siempre repartiendo excusas, señalando responsables y evitando tocar el corazón del problema, el delito organizado y el avance del narcotráfico.

A once años de inicio de la gestión, no existen a nivel nacional ejes centralizadores que permitan una adecuada coordinación tal como lo prevé la Ley de Seguridad Interior. Bajo la excusa de las autonomías provinciales, el país no cuenta con un sistema centralizado de información criminal que pueda ser construido y compartido por la totalidad de las fuerzas policiales del país que permita identificar a prófugos, modus operandi, pedidos de secuestros y búsqueda de personas entre otras aplicaciones. Tampoco se ha avanzado en la coordinación de técnicas operativas, protocolos de actuación policial o pericias de investigación criminal comunes a todas las fuerzas.

La fragmentación que presenta el gobierno nacional, que hace que cada Ministerio trabaje en forma aislada y sin ninguna clase de articulación, ha impedido la realización de un trabajo de prevención social del delito. Cuando se hace un repaso entre los programas de los diferentes Ministerios (Seguridad, trabajo, Desarrollo Social, Educación, etc.) se puede observar que muchos de esos programas repiten objetivos, y ninguno de ellos contempla la variable de la prevención del delito a partir de la intervención sobre las causas que lo generan. Así, la duplicidad de los esfuerzos no solo representan un derroche presupuestario, sino que el impacto sobre esta problemática específica es nulo.

Miren si habrá improvisación y temor a abordar el problema, que un gobierno que desde sus discursos defenestra las dictaduras y destila progresismo, mantiene leyes de Aramburu, Onganía y Lanusse que rigen el funcionamiento de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

La Justicia Penal, por su parte, no ha estado exenta de estos vaivenes y los datos son elocuentes: hoy en Argentina de cada cien delitos, solo llega a condena menos de uno. Más que los aumentos de penas, el verdadero desafío es hacer una reforma integral del sistema penal que permita que la justicia a) conozca el delito, b) que lo pruebe e identifique a sus responsables, c) que condene a los autores y d) que contribuya a disuadir en general la comisión de delitos y a prevenir en particular la reincidencia.

Hay tres ejes que deben ser pilares de una política de seguridad, son las tres grandes amenazas que, vinculadas entre sí, articulan el mayor paraguas de la inseguridad: crimen organizado, corrupción y lavado de dinero. En los tres aspectos no solo no avanzamos, sino que además retrocedimos estos once años. Por acción, omisión, complicidad o conveniencia han facilitado el ingreso del narcotráfico y el lavado de dinero.

Han pasado más de diez años de un gobierno para el que en materia de seguridad ha sido más importante montar un espectáculo que trasmitiera la sensación de que algo se está haciendo, de lo que en realidad se hace.

Para salir no hace falta mucha creatividad, hace falta compromiso, transparencia y vocación; para ganarle a la inseguridad hay que empezar poniendo al Estado del lado de la sociedad y enfrente del delito.