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Opinión

Las armas, un privilegio

"Hay que derogar el privilegio del derecho a matar", sostiene el autor.

 La Argentina siempre fue salvajemente contradictoria y esa condición, dicen algunos observadores, es lo que la enriquece y diferencia del resto del mundo; lo que le otorga su “personalidad”, digamos.

Sin embargo hay cuestiones, como la inseguridad, que las vivimos como perro que se quiere morder la cola, y no puede.

En ese sentido, si tomamos distancia y vemos el estado de cosas desde un punto distante, podremos apreciar cuan contradictoria es su política de control de armas de fuego, un asunto inherente no solo al dilema seguridad/inseguridad, sino (y por sobre todas las cosas) al de salud/insalubridad: el uso de un arma te la puede quitar toda junta, o por partes; de golpe o de a poco.

Nuestro país adoptó la idea surgida en Mendoza (aunque le gusta decir que la tomó de Brasil: es más “fashion”) de ofrecer beneficios a cambio de que la población se saque de encima las armas de fuego.

Las armas sirven solo para matar. Para eso fueron creadas con la excepción de aquellas que son usadas por un minúsculo grupo para el deporte y que, dicho sea de paso, no son ajenos a los robos o accidentes. ¿Los autos matan más? Es probable, pero mientras tanto sirven para transportar hacia el trabajo o la escuela, para pasear o viajar y hay más incidentes que accidentes. ¿Los cuchillos matan? Por supuesto, pero también sirven para muchas otras cosas. Las armas fueron creadas para matar y se venden para eso: agredir, herir y –si se puede, como recomiendan los armeros- ser certeros y matar.

"Si a la muerte se la afronta con más muertes, la muerte seguirá ganando. ¿Qué hacer? No queda otra: a la muerte hay que ganarle con la vida. Mejor que las armas en casa, la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Mejor que el olor a pólvora el olor a pan. Cuando hay", escribió el escritor Rodolfo Braceli.

Pero más allá de la poesía es que las medidas de “desarme” conviven con medidas de “arme” de la población. “Un poco para cada uno, así no se enojan”, como dijo en una reunión con los desarmistas argentinos el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, apurado por el ex presidente Kirchner a poner en práctica un plan similar al mendocino, pero en todo el territorio nacional, por iniciativa de la “Red Argentina para el Desarme y por una Sociedad sin Violencia”, creada hace 10 años.

Fue entonces cuando, al recibir a las “Madres del dolor”, el funcionario hizo alarde de que disparaba con las dos manos, súper habilidoso, y de que hasta había matado a “un tipo que nunca supe quién era y que me disparaban desde atrás cuando iba en el auto”, en sus tiempos de mandamás de Quilmes. (Repito por si pasó desapercibido: lo dijo ante las madres de víctimas de las armas de fuego).

Pero más allá de lo poético de la reflexión de Braceli y de lo antipoético de Fernández, está una situación que apremia: muere mucha gente, no tanta, por cierto, como en otros países latinoamericanos, pero gente al fin debido a la coexistencia de un falso paradigma que se basa en sostener leyes que beneficien “un poquito a cada uno”.

La idea parece ser respetar el antiguo derecho al salvajismo de un grupo de extasiados por el olor a pólvora, solo porque es costumbre, porque hay mucho poder entrometido en el asunto. Como si se decidiese respetar el derecho a tener un esclavo negro por cada casa que quisiera tenerlo, o una manceba en el sótano, para momentos de frenesí. Algunos hasta dirán que guardan armas “para defender la libertad del país” o “de ataques externos”, producto de una sobredosis de Daniel Boone.

La Argentina tiene consagrado un privilegio que es el derecho a matar. Lo otorga desde un organismo que es el Registro Nacional de Armas (Renar, a la sazón, financiado por los armeros) con llenar un formulario y cumplir unos requisitos. Rige un principio de aceptar, salvo excepciones, que la gente compre y use armas de fuego, que matan.

En paralelo, promueve eventos de recolección y destrucción de armas y la conclusión es, simplificando y sin perder la vista desde un punto distante, que se logra un círculo de satisfacción perfecta a la industria armamentística: si se sostiene ese privilegio de que mi vecino, por miedo, reciba el permiso del Estado para dormir con un arma bajo la almohada, las fábricas no van a tener por qué reconvertirse y saldrán a buscar que año tras año aumente su clientela, obviamente. Por otro lado, la destrucción del stock “sobrante” saca de circulación armas que representan un peligro real, pero si no se detiene otra fábrica, la del miedo, esta loable tarea solo servirá para fomentar una renovación del armamento en poder de una sociedad que incorpora en su agenda de vida, con el guiño del Estado y la mirada del Gobierno, la posibilidad de matar “a tontas y a locas”, “entre gallos y medianoche” o bien, dejar en manos del mercado negro ese arma que compró supuestamente para defenderse y no supo o no pudo usar.

Todas las armas nacen legales y se vuelven ilegales. Se fabrican legalmente y comienzan su circulación con el aval de las leyes. Tras matar a alguien, la ley decide, luego, sin que el muerto pueda atestiguar, qué pasó.

Y es por ello que mientras en algunos países, como España, comienzan a discutir el fin de los privilegios de la monarquía, aquí tenemos como tarea pendiente poner sobre la mesa un privilegio heredado y que hoy genera muertes: este “derecho a matar” tácito. Si hay voluntad debe ser erradicado.