Los datos que ponen en jaque el relato oficial

Es común escuchar en los discursos presidenciales y también a aquellos que son voceros del poder que estamos transitando en la última década de manera sostenida un modelo con inclusión.

Y quizá uno rápidamente podría decir que esto en parte es cierto, sólo que a la hora de analizar los números reales del país nos encontramos con que es sólo una mentira más del relato.

Basta con ver fríamente los datos oficiales sobre inflación y encontrarnos que al ser falseados obviamente no nos dicen la verdad en torno a la cantidad de argentinos que viven bajo la línea de pobreza o indigencia.

En términos educativos estamos acostumbrados a escuchar que la educación pública de gestión estatal es una prioridad de este gobierno, y para demostrarlo nos atormentan con piezas propagandísticas que van en ese camino. 

Lo cierto es que hay números que verdaderamente preocupan y evidentemente no son tenidos en cuenta por el gobierno o al menos son soslayados a la hora del análisis.

En el caso de la escuela primaria a nivel país se registra en 2011 una significativa caída en la matrícula estatal: 24.408 alumnos menos que en 2010.

Si esto se compara con el año 2003, la matrícula estatal primaria se redujo en nada menos que 287.938 alumnos en toda la Argentina.

En Mendoza la reducción en el mismo período en las escuelas primarias estatales fue de 20.472 niños, mostrando un descenso del 11,6 por ciento.

En su mayoría, todos los chicos migraron hacia escuelas de gestión privadas, marcando esta baja como un hecho nuevo en la historia del sistema educativo argentino.

Todos estos datos están consignados en un trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano que publicó el informe en su boletín de julio y tomó como base las estadísticas del Ministerio de Educación de la Nación. 

La segunda conclusión es que la inversión en educación no se traduce en resultados de calidad educativa; en el examen PISA, Argentina está en el puesto 58º de un total de 70 países, y casi al final de Latinoamérica (Chile es el mejor posicionado (44º), seguido por Uruguay (47º), México (48º), Colombia (52º), Brasil (53º).

Desde el radicalismo hemos acercado propuestas para la inclusión, como el proyecto de cédula escolar, que nos permitiría contar con datos estadísticos reales y nos daría la posibilidad de ir a buscar a los chicos que no están en el sistema escolar. Hoy la DGE no tiene precisión de cuántos son.

En cuanto a la evaluación de la calidad, insistimos con incorporar este tema en el proyecto de Ley de Educación Provincial. No en su concepto restringido, sino más bien en una forma amplia donde no sólo se evalúen los conocimientos de los alumnos, sino también a los docentes y a la institución escolar, sin necesidad de que exista una competencia, sino más bien tendiendo al mejoramiento de cada establecimiento educativo como unidad de gestión; tomando como modelo lo realizado en Brasil.

Además, ponemos en valor nuestros proyectos sobre el observatorio de la convivencia escolar y la modificación al código de faltas provincial con el objeto de generar la protección necesaria para los docentes ante hechos de violencia de alumnos, padres y desde la misma institución educativa.

Para nosotros es imprescindible señalar que una escuela que no puede desarrollar sus clases en paz y que está más pendiente de la violencia que de los contenidos seguramente está condenada al fracaso.