Dossier: nacionalización de YPF

Extracto:

Hubo una apuesta a un modelo que falló (Repsol YPF) y la apuesta nacional que lo remplazó (Eskenazi-Petersen Energía) falló de la misma forma.

Esta estrategia conjunta entre el Estado de la Nación Argentina y Repsol YPF S.A. requería necesariamente de un tercer actor: los estados provinciales. Pero estos se plegaron a la estrategia de falta de control y aceptación de cualquier decisión empresaria, sea cual fuese, o del Poder Ejecutivo.

A YPF S.A. se le han prorrogado las 16 concesiones en Mendoza, aunque que como principal operador de la Provincia de Mendoza tuvo una  caída del 9% en las reservas (2010 vs 2007) que representa el 7% del total de reservas de 2007.

A nivel nacional en 2011 la caída de las reservas de crudo de YPF respecto a 2004 (38 millones de m3) representa un 29% de sus reservas comprobadas, con una caída en la producción de 34,6%. Las reservas de gas cayeron 57,8% a 2011 y la caída en la producción fue de 37,6%
Las palabras de Kicillof pretenden ocultar el innegable hecho de que la captura de esa renta petrolera ha implicado precios finales superiores a los de Estados Unidos tanto en naftas como en gasoil como lo muestra la comparación entre los precios internos (con y sin impuestos) expresados en dólares estadounidenses versus el precio de naftas y gasoil informados por la U.S. Energy Information Administration.

Al igual que en la mayor parte del componente impositivo del precio de los combustibles, las retenciones no son coparticipables (en éste caso por imperio constitucional), sin embargo, la emergencia que motivó el dictado del artículo 6to de la Ley 25.561 sólo puede acreditarse por imposición de la mayoría legislativa con que cuenta el Frente para la Victoria
En términos de nuestro mercado energético, podemos afirmar que la energía cara es una realidad que difícilmente se modifique en el mediano plazo.

No es sólo un problema de conseguir el abastecimiento (autónomo o no),  el sistema de generación necesita incorporar capacidad de potencia. Y en ese caso, entran a tallar otras consideraciones como el costo del Mw marginal, donde en principio la opción más rápida de conseguir capacidad pasa por las centrales térmicas de ciclo combinado.

La alternativa: la propuesta de la UCR

Interrogantes para el futuro

Con mayor o menor fortuna, el Estado nacional y los Estados provinciales se han dado un cuerpo normativo que otorga las funciones y competencias necesarias para diseñar las políticas energéticas, generar un marco regulatorio, administrar y controlar las concesiones otorgadas para la explotación de hidrocarburos.

Podemos considerar como parte de ese corpus tanto a la ley 17319, como a la diversa normativa de carácter reglamentario y las leyes complementarias (Ley 26.197), a las competencias otorgadas por la ley orgánica de ministerios en relación a la definición de toda la política energética a nivel nacional (como lo prescribe la Ley 26.197 en su artículo 2° in fine).

Sin embargo, todo ese marco legal[1] pareciera haber sido insuficiente para lograr una política integrada en materia energética mediante la regulación de los actores de las concesiones hidrocaburiferas en aras del aumento de la producción de hidrocarburos, la recuperación de reservas y la integración con la industria refinadora en la búsqueda del normal abastecimiento de combustibles.

En las últimas semanas, pareciera que el Estado Nacional y los Estados provinciales (en su carácter de autoridades de aplicación la las concesiones de explotación de hidrocarburos) hubiesen sido burlados y que la totalidad de la actividad en materia de hidrocarburos hubiese llegado a un nivel de confusión tal que no resulta posible saber si ello es consecuencia de un súbito golpe de timón o el reconocimiento explícito de que el principal jugador del sector energético, estaba en condiciones de evitar la imposición de de cualquier tipo de control o sanción a su exclusivo arbitrio.

Sea cual fuese la razón, está clara la consecuencia de la política delineada desde 2003: Argentina perdió su autonomía energética y ello tiene efectos directos en la balanza comercial energética y, lo que es peor aún, brutales efectos en el desempeño de las instituciones políticas y las relaciones exteriores.

Llegado este punto, queda claro a nuestra posición que no es posible aducir que el marco institucional haya sido tomado por asalto por Repsol-YPF.

Claramente hubo una apuesta a un modelo que falló (Repsol YPF) y la apuesta nacional que lo remplazó (Eskenazi-Petersen Energía) falló de la misma forma. En ambos casos, se plantearon controles ineficaces o virtualmente inexistentes a pesar de contar el Estado con disponibilidad de información sobre la evolución de la explotación hidrocarburífera, la misma información que en su momento permitió dar las voces de atención desoídas y que hoy se utiliza en la justificación de las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Esa información, con mayor o menor calidad, con mayor o menor profundidad, cruza todo el espectro sectorial: desde los datos de explotación para cada pozo incluidos en el capítulo IV[2]de la Ley de Hidrocarburos (17319) hasta la información calificada a la que accedían de parte del Contador Santiago Carnero[3] o del Licenciado Roberto Baratta, designados en su momento como directores por las acciones Clase A propiedad del Estado Nacional Argentino; el Secretario de Energía Daniel Cameron; el ministro de Planificación Federal Arq. Julio De Vido y por su intermedio la misma Presidenta de la Nación.

Éste último no es un dato menor, toda vez que desde 2003 a la fecha -y con la única excepción del Balance cerrado el 31 de diciembre de 2011- el Director por las acciones clase A no planteó ninguna disidencia respecto de las estrategias empresarias.

Esta estrategia conjunta entre el Estado de la Nación Argentina y Repsol YPF S.A. requería necesariamente de un tercer actor: los estados provinciales que por imperio de la Ley 26.197 -modificatoria de la Ley 17.319 de Hidrocarburos-[4] tienen en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios. Pero estos se plegaron a la estrategia de falta de control y aceptación de cualquier decisión empresaria, sea cual fuese.

El ejemplo más claro lo podemos observar en el proceso de prórroga de las concesiones otorgada por el Gobierno de la Provincia de Mendoza[5], trámite que, a pesar de los requerimientos que efectuásemos en su oportunidad respecto de la necesidad de establecer mediante ley provincial los contenidos mínimos a los que debían ceñirse tanto los concesionarios que pretendían la prórroga como la autoridad de aplicación, fue llevado a cabo mediante normas de jerarquía inferior y sustraídas al control directo de la Legislatura, aunque se tomaban decisiones respecto del patrimonio provincial que exceden dos períodos de gobierno[6].

En abril de 2011, sin dar conocimiento a la Legislatura se firmó el Acta Acuerdo con YPF S.A. Hace tres meses  que el Gobierno de la provincia cayó en cuenta de que la empresa con la que acordó hace exactamente un año era la responsable de la caída incesante de reservas, explotación y destino comercial de la  producción de la refinería de Luján de Cuyo.

Sólo cinco meses después de decretar la aprobación de la prórroga de las concesiones, sin haber receptado una sola propuesta de la oposición en materia de control de la actividad exploratoria, flujo de inversiones, definiciones respecto del compre mendocino, garantía de stock mínimo de combustibles líquidos y gaseosos, etc, el Poder Ejecutivo provincial se hizo eco del descubrimiento del hecho político del año: YPF S.A. no solo accedió a la prórroga de sus concesiones a pesar de no haber cumplido con los compromisos de exploración y de explotación sino que  sometió a la provincia a continuas situaciones de desabastecimiento de combustibles líquidos.

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