¿Quién dice que los policías deben portar armas con capacidad de matar?

En Twitter: @GabrielConteMDZ

La pachorra provinciana hace que muchas veces toleremos lo intolerable por el solo hecho de que nunca nadie antes planteó una disidencia, o lo que hubiese sido mejor: una alternativa.

La opacidad en el manejo de la cosa pública alimenta la inercia. Y ésta, mueve a quienes tienen que decidir y quienes deben acatar esas decisiones, como una masa inerte, incapaz de torcer un destino que nadie sabe quién, por qué y para qué, cuándo, dónde y con qué criterio, se determinó.

¿Quién dice que los policías deben portar armas de alta letalidad? ¿Lo vimos en alguna película? ¿Lo hacemos como producto desde la eterna comidad de la “legislación comparada”? ¿O nos lo indican los lobbystas que necesitan de un mercado para las armas que fabrican sus jefes?

En Mendoza un policía mató a un pibe. Muchos diarios están empezando a desviar la atención centrándose en cuestiones laterales del asesinato de Franco Díaz: de quién era la casa, qué tomaban, cuántos gritos y a qué decibeles se lanzaron… Minucias distractivas del tema central.

Mientras eso pasaba aquí y las reacciones de acuerdo a manual funcionaban tal como se esperaba, sin sorpresas, con un pedido de “investigar hasta las últimas consecuencias” y algún pedido de informes de la oposición, en Buenos Aires un grupo de expertos tomaba el caso con la gravedad que realmente tiene y que vamos a recordar, ya que el transcurso de una semana pudo haberlo borrado de nuestra zappinesca memoria: un joven fue asesinado por un policía mientras participaba de un baile luego de que los vecinos llamaran a la fuerza pública por la molestia que les causaba el ruido.

Allí resonaba “nuestro” nuevo caso y también el de un policía bonaerense que, gozando de un franco, repelió a disparos un intento de asalto y le ocasionó la muerte a un tercero. En este mismo encuentro de expertos en control de armas de diferentes puntos de Latinoamérica, la ministra de Seguridad de la Nación tomó el segundo caso para fundamentar su decisión de que los policías no porten sus armas durante las 24 horas del día, ya que es una herramienta, digamos, de trabajo.

Allí dijo: “Todo salió mal; el policía (David Benítez) que tenía franco de servicio vio el robo y entendió que podía sacar el arma y disparar. Aparentemente, las balas que se encontraron son solamente del policía, por lo que los delincuentes no estaban armados, ni dispararon”, señaló Garré.

La ministra calificó como “muy doloroso” el hecho, y consideró que “disparar con un 9 milímetros siete veces a ladrones desarmados, obviamente es un exceso inaceptable”.

Es muy probable que el lector simplón (a cuya simpleza de análisis jamás debemos hacerle caso) no entienda a aquellos que quieren poner una cuota de complejidad al asunto, la necesaria, no más. Pero realmente el tema que surge del caso mendocino (que no es el primero aquí ni en el país) es para qué les damos a nuestros policías las armas con capacidad letal dentro de las ciudades y la tremenda responsabilidad de decidir sobre la vida y la muerte en un país que no tiene ni acepta la pena capital.

Surgirán los que crean que se trata de una guerra: no lo es. Pensar que la policía debe funcionar como ejército es producto de la pachorra de la que hablamos al comienzo, esa que nos estanca y sumerge.

La misión del policía es, centralmente, prevenir y reprimir el delito. En lo primero, la sociedad debe participar activamente acompañando la responsabilidad central e indelegable que tiene el estado. Pero en cuanto a lo segundo, en lo que se refiere al uso de la fuerza, no es entendible que:

-  Circulen con ellas por las calles, en los micros, con la posibilidad de que hagan abuso de esa herramienta conferida por todos a través del Estado

-  Se les pierdan, las vendan o las alquilen en el peor de los casos, cuando sobrepasan ellos mismos los límites de la ley;

-  Dispongan de cientos de municiones sin control con capacidad de herir gravemente y hasta quitarle la vida a personas, inocentes o no;

- Que lo hagan con balas capaces de atravesar cuerpos y matar a otros, de rebotar y transformarse en “balas perdidas”;

- Que se sostenga esto como una costumbre sin una evaluación elemental del costo beneficio que tiene para toda la institución seguir siendo una fuerza de la que se desconfía, cuando el paradigma de la seguridad pasa por la confianza y no en el temor.

Que la policía porte armas letales implica la provocación de una carrera armamentista de la misma escala de la ciudad en la que desarrollen sus tareas: más armas con más poder tienen; más armas con más poder deben conseguir los delincuentes, que, además, se quedan muchas veces con las de los arsenales mal cuidados de la Policía, el Ejército o cualquier otra institución que almacene armas en el país.

Antonio Rangel Bandeira, experto brasileño, ex miembro del Gobierno y actual dirigente social de prestigio mundial, es uno de los expertos que participó de este encuentro convocado por el Renar, el Registro Nacional de Armas, bajo la tutela de Matías Molle, su titular y con amplia presencia de tres ministerios: Justicia, Educación y Seguridad.

Rangel habla en la reunión técnica realizada en Buenos Aires.

Hizo el planteo concreto: “¿Por qué no proveerles a los policías que trabajan dentro de ejidos urbanos armas de baja letalidad, capaces de ponerle un freno a la acción criminal, pero no de desencadenar daño colateral, como ocurre actualmente?”.

La pregunta podría aceptar varias respuestas. Todas llevan hacia la sospecha de que alguien (que no es la sociedad) se beneficia con el status quo.

La discusión sobre el uso de la fuerza (los por qué y los para qué) se elevó a los máximos referentes gubernamentales en la materia del Mercosur, para su discusión en el seno de las Naciones Unidas, dentro de su trabajo por el control del circulante de armas de fuego y del desarme de la sociedad civil.

Pero no es malo que alguna idea se caiga desde la superestructura hacia el seno de la sociedad que sufre las consecuencias de la falta de independencia a la hora de programar cómo quiere que sea su gobierno y cómo quiere que trabajen quienes lo hacen como parte de la estructura estatal.

Probablemente, si nos planteamos estas preguntas, podamos vivir mejor todos y permitirle a mucha gente que no muera prematuramente.