Presiones, relaciones y recuerdos en el juicio al fiscal de Estado

Todo vuelve, algunas veces de manera sorprendente. El juicio que se está llevando preparando para juzgar al suspendido fiscal de Estado Joaquín De Rosas funciona como un túnel del tiempo donde el hilo conductor es la relación que tuvo y tiene el grupo Vila, el más poderoso de la provincia, con los gobiernos.

La semana pasada ese túnel volvió a abrirse, cunado tanto la parte acusatoria como la defensa citaron a funcionarios de gobiernos anteriores para que oficien de testigos en el juicio. El principal protagonista de esa lista es el ex gobernador Roberto Iglesias. No se trata de una casualidad, pues el “perdón” a la deuda que el grupo Vila tenía con el Estado tuvo aval legal del Fiscal de Estado, pero también la venia política del Gobierno de Iglesias. Por eso De Rosas lo cita como testigo propio para argumentar que su accionar tuvo como marco la decisión del Gobierno.

Como si fuese un túnel del tiempo, el juicio al Fiscal de Estado trajo a la luz las relaciones de poder entre el grupo Vila y los distintos gobiernos.

Para entender la trama hay que saber que el juicio contra el Fiscal de Estado tiene dos patas fundamentales: una la tasación desmesurada que le dio Fiscalía a los terrenos de Divisadero Largo que fueron expropiados a Vila y Dalvian; y otra la forma en la que se licuó la deuda que esa empresa tenía con el Estado. El punto de unión es que la deuda se esfumó al autorizar la compensación entre lo que el Estado debía pagarle a Vila por la expropiación de los terrenos de Divisadero (a un valor desproporcionado según aseguraron desde la Suprema Corte) con lo que los empresarios le debían al Estado por el crédito impago al ex Banco Mendoza.

Iglesias fue citado como testigos de ambas partes. El Fiscal suspendido busca respaldarse el en decreto que el ex gobernador firmó.

Iglesias firmó el decreto 1.241 en el año 2002, norma que frenó la ejecución de las garantías de Dalvian por el crédito impago (y el plan de pagos). Así se frenó el embargo de terrenos en el barrio privado y el accionar de una empresa de cobranza. El ex Gobernador defiende ese accionar, pero ahora tendrá que hacerlo en el juicio. También fue citado Enrique Vaquié, ex ministro de Hacienda y también firmante del Decreto. Lo curioso es que ahora Vaquié es parte del sector político ligado a Alfredo Cornejo, desde donde se apoyó el enjuiciamiento del Fiscal.

El juicio tiene más actualidad política de lo que se cree; y no por el perjuicio que ocasionaron esas antiguas transacciones al Estado, sino por el juego de relaciones.

Todos los últimos gobiernos han tenido relaciones importantes con el grupo Vila. Incluso con posturas paradójicas, como las del gobierno de Celso Jaque: Alejandro Cazabán denunció presiones de esos empresarios en la Legislatura, pero al mismo tiempo fue el gobierno que más concesiones le otorgó. En el momento de votar, los miembros del jury recibieron presiones de parte del grupo Vila para “evaluar” la forma de hacerlo. En algunos casos fue presión directa y en la mayoría indirecta. Pero también hubo un “efecto venganza” luego de que se decidiera avanzar con el juicio. Uno de los receptores de esas presiones fue el presidente de la UCR Alfredo Cornejo.

Luego de la votación que decidió el juicio contra De Rosas, Vila le juró venganza a Cornejo.

Incluso hubo llamados directos entre Daniel Vila hacia el intendente de Godoy Cruz jurando venganza. La bronca venía porque el tácitamente a los negocios que se cuestionan fueron generados por Alfredo Vila, el padre de Daniel y fundador de los cuestionados negocios de ese grupo. Por eso, explican, la bronca es mayor y Vila le habría jurado que haría todo lo posible (a través de sus medios) para que no llegara a ser nunca más candidato a nada. Las vueltas de la política hacen que esa pelea se junte con la disputa interna del radicalismo que también enfrenta a Iglesias (y Fayad) con Cornejo.

En la lista de testigos no figura, pero también se evaluó citar al ex vicepresidente Julio Cobos como testigo, pues buena parte del caso se movió durante su gestión. Incluso Cobos, por ejemplo, se opuso a que De Rosas firmara un acuerdo extrajudicial con Vila para compensar las deudas, cuestión que igualmente se hizo. Otros testimonios que se esperan con ansias son los de los integrantes del comité de tasación, organismo colegiado que había puesto otros valores a los terrenos sobrevaluados. “El expediente es indefendible. Ellos decían que iban a hacer un barrio de clase media en esos terrenos. Nosotros hicimos una inspección y ahí no se puede hacer nada, son justo los peores terrenos de Divisadero”, explicó un conocedor del tema.