Matar al mensajero sin tomar el mensaje

Un supervisor de la Dirección General de Escuelas, Daniel Nuarte, aceptó públicamente que en algunas escuelas de Mendoza se ha descubierto que hay niños que son utilizados para llevar droga a los establecimientos educativos.

A partir de allí, se sucedieron las reacciones.

Desde la DGE se aplicó el típico mensaje de “bajada de tono” al asunto y se citó al funcionario para que dé explicaciones a las autoridades del Gobierno educativo. Luego, tras demasiadas horas de silencio, decidió quitarle el respaldo al docente.

En diálogo con la periodista Soledad Blat, de MDZ, el diputado justicialista Daniel Cassia, reconoció que la droga en la sociedad mendocina aún es un tema tabú que es muy difícil de abordar por la estigmatización que produce.

Cassia recordó el rechazo que logró cuando presentó un pedido de informe sobre la escuela Jaureche en la cual según relató: “Los padres firmaron el acta solicitando la presencia de la dirección de Canes y de Criminalística de la provincia por lo problemas de droga que habían en la escuela”.

En diálogo con la periodista Viviana García Sotelo, el especialista Alejandro Castro Santander dijo que “la denuncia que hizo el docente es una imprudencia; hay que decir las cosas en los ámbitos adecuados. Pero esto pasa porque ni los supervisores, ni los directivos ni los docentes, incluso las mismas autoridades de la DGE, no saben qué hacer,  frente a estos hechos. No hay un manual de  procedimiento ni una rutina a seguir”.

Sin dudas, a cada uno le cabe una cuota de razón.

La DGE, desorientada e indocumentada en el asunto, quiso conocer más antes de opinar y finalmente decidió descalificar al mensajero; el legislador que sufrió en carne propia el escarnio público cuando se dio a conocer un caso concreto y el especialista Castro Santander, quien fue el encargado de encarrilar, finalmente, la discusión del asunto.

Es que frente a la afirmación –ya formulada, mal o bien, pero verbalizada al fin- es la DGE la institución que debe saber qué pasa, dónde pasa y buscar ayuda para determinar por qué pasa y, así, decidir qué camino seguir, calmando ansiedades.

En lugar de abocarse a aclararle a la sociedad el tema, con hechos y no con palabras, la decisión surgida desde el seno del gobierno parecer ser matar al mensajero, pero sin antes tomar nota del mensaje.

No somos los analistas, los padres y madres ni los difusores de la información quienes debemos sugerir, como en un gran concurso de ideas, los pasos a seguir.

Si es verdad lo que Nuarte dijo, los chicos son víctimas y deben ser tratados con cuidado. La generalización los vuelve a poner en tela de juicio, los hace cargo nuevamente de todas las barbaridades que comete el mundo de los adultos y los transforma en sospechosos.

Nos hubiera gustado ver a una DGE rompiendo el secretismo y los celos corporativos y reuniéndose de inmediato con especialistas en la materia, citando a los jueces de familia y penales de menores o bien, acercándose hasta los Tribunales de Familia a poner la información a disposición, a pedir sugerencias sobre los pasos a seguir o bien, sencillamente, para cotejar la información con la que uno y otro organismo cuenta en materia de niños y adicciones, adultos y tráfico de drogas.

Mejor aun: la mejor respuesta oficial al asunto ¿no hubiera sido sentar alrededor de una misma mesa a autoridades de Salud, Seguridad, Desarrollo Humano y Educación, coordinando una respuesta sólida al problema, más que acallando al mensajero, a la espera de que el asunto desaparezca de la agenda de los medios de comunicación?

Si Nuarte exageró o se exaltó, debe retractarse y dar un paso al costado.

Pero mientras tanto, falta desarrollar algunos aspectos de la volátil afirmación del funcionario, como por ejemplo:

Si los chicos actúan de “mula”, llevando droga a la escuela, ¿a quién se la llevan? ¿A otros niños? ¿O a los adultos? ¿El destino final está dentro o fuera de la escuela? ¿Quién pone la droga en sus manos y a qué manos va? ¿Quién recibe la remuneración por esa mercancía?

Si actúan como “mulas”, ¿por qué derivan los análisis para el lado del consumo de drogas en los niños y no hacia el submundo del tráfico de narcóticos? ¿Por qué se carga un nuevo estigma sobre los niños y no sobre los adultos que formamos a esos chicos?

Son muchas las respuestas que están faltando y creemos que es el momento de buscarlas, en medio de una Argentina que debate la despenalización del consumo de drogas y, a la vez, la aparición del “narcodelito”.