Medellín: innovación para bajar el delito

Medellín redujo los homicidios a una sexta parte en 5 años. En el 2002 tenía una tasa que equivaldría a tener en el Gran Mendoza 1700 muertos cada año. Logró reducirla a 250. El cambio es tan espectacular que se ha convertido en referencia internacional. Y hay más datos: se redujo la cantidad de delitos, aumentó la confianza en el Estado, se redujo el temor (sensación de inseguridad) y las encuestas muestran que los paisa son los colombianos más optimistas.

El “Modelo Medellín” es una tentación para funcionarios gubernamentales que se desvelan por bajar los niveles de delito en sus comunidades. Pero no hay que ilusionarse con recetas mágicas o la píldora que cura la inseguridad, advierten en casa. Porque en Medellín no quieren vender buzones, explican su transformación como el resultado de muchas pequeñas acciones, consensos y aprendizajes, entendiendo que el delito se puede prevenir para lo que es necesario desplegar mucha voluntad política para el cambio. Gobierno de la seguridad, que le llaman.

Un plan no tan secreto

Qué mejor, que contado por su actual alcalde, el escritor y periodista Alonso Salazar. En octubre del 2004 el gobierno de Medellín había organizado una de muchas conferencias para analizar las formas de construir el plan de seguridad que ya venían poniendo en marcha. Invitados por Naciones Unidas habíamos caído funcionarios internacionales y expertos, algunos tan reconocidos como Laura Chinchilla (la actual vicepresidente de Costa Rica) y Hugo Acero (artífice de las políticas de seguridad que dieron tan buenos resultados en Bogotá), entre otros. Los visitantes querían entender por qué había bajado el delito, pero sólo pudo ser después que el alcalde con todo su gabinete dedicaron un día entero a escuchar conferencias y consultar cómo lograr que el tema de la seguridad fuera tanto un problema del encargado de la salud como del encargado de la obra pública. Allí la primera premisa: la seguridad no es un tema exclusivo del área de seguridad.

A la hora de las respuestas, explicaron que el plan de Seguridad y Convivencia es una construcción colectiva y progresiva, conducida desde el Estado y sobre las bases de un plan de gestión cuatrianual del gobierno que efectivamente incluye en todas sus áreas estrategias para abordar la seguridad. ¿Cómo? Desde dos ideas fuertes: primero, que la violencia está presente en la sociedad, en las personas, que ha estado y estará, pero que se puede reducir actuando orquestadamente sobre los factores que la producen como la exclusión, la pobreza, la falta de desarrollo humano y la violación de los derechos humanos (o sea prevención); y segundo, que para implementarlo se necesitan información confiable, instituciones eficientes y un fuerte compromiso social no solo de la boca para afuera, sino gente movilizada, participando efectivamente en la gestión y apostando a la convivencia.

Autoregulación de los conflictos

Precisamente la idea de convivencia es la que resulta más novedosa en el vocabulario habitual de la seguridad pública. En lugar de pedir más móviles, más funcionarios policiales en cada esquina, la apuesta fue apostar por la “cultura de la autorregulación”. Esto es: en lugar de gastar millones en policías que controlen todo, cada comunidad define participativamente reglas de convivencia y las respeta. Así construyeron un Manual de Convivencia y la firma de un Pacto Social de Civilidad, con la participación de 20 mil personas. ¿Y esto sirve para bajar la violencia en una ciudad como Medellín, cruzada por un conflicto? Parece que sí: 560 mil personas han participado voluntariamente en las reuniones de convivencia y se han firmado 24 pactos ciudadanos para disfrutar armónicamente los espacios y los servicios públicos. Se trata de autorregulación, porque los conflictos están, pero en cada uno está la posibilidad de prevenirlo en lugar de permitir que pasen a mayores y llamar a la policía para que los resuelva.
Las transformaciones relatadas aquella noche incluyeron a la Justicia y a la Policía, priorizando el respeto de los derechos humanos, el acceso a la justicia de todas las personas, la confianza en las instituciones y la eficiencia, incorporando el control de gestión ciudadano, por ejemplo a través del presupuesto participativo. Y mucha inversión social entendida como parte de las políticas de Seguridad y Convivencia, focalizada en los jóvenes varones y empobrecidos (el grupo más afectado por la violencia): planes de formación laboral, de educación, programas para que accedan a sus primeros empleos.

En el caso de Medellín, el mayor número de víctimas estuvo asociado al conflicto entre los paramilitares, la guerrilla, el gobierno, los grupos criminales asociados al narcotráfico. Existían zonas de la ciudad que por su ubicación estratégica se disputaban paramilitares y guerrilla, reclutando a los jóvenes y organizándolos en bandas para el cobro de peajes, el control de la comunidad y actividades vinculadas con el narcotráfico. Cuando la fuerza pública “invadió” y controló una de estas zonas, la comuna 13, se dice que empezó a bajar notablemente la cantidad de muertos y que el conflicto armado que afecta a Colombia salió de la Ciudad. Esta es una de las claves que explican tan abrupta caída del delito.

Pero sin medidas de contención, todo podría haber empeorado luego de desactivar las bandas y grupos armados en la ciudad. Aplicando la técnica de desmovilización y reconciliación, como se suele hacer después de las guerras o en zonas muy afectadas por el delito organizado, el gobierno puso a estudiar a la mitad, a la otra mitad la involucró en trabajos y a prácticamente todos les da ayuda psicosocial. Evitó así el crecimiento del crimen organizado, lo que permitió seguir bajando el delito. Porque aplicando la idea de prevención entendieron que esos jóvenes que habían estado años en la guerra y el delito, si no conseguía trabajo y se insertaban socialmente volverían a delinquir.

La prevención no es pianta votos

Todas estas acciones, nos contaban en el 2004, se daban en el marco de una política de Estado, donde había un acuerdo de todos los sectores sociales respecto a que la solución a la violencia y el delito era responsabilidad colectiva, lo que no dejaba margen para egoísmos políticos, económicos o de lo que fueran. Como ejemplo de transparencia y compromiso de todos, pusieron en marcha el programa “Medellín Como Vamos”, que tiene como socios al gobierno, a las cámaras empresarias, los medios de comunicación y las universidades, y que recoge, analiza y presenta periodicamente todos los datos estadísticos de la gestión.

Visitando nuestros países enfermos del populismo penal, donde se cree que poniendo leyes más severas es la única forma de bajar el delito y ganar las elecciones al mismo tiempo, se suele escuchar que este tipo de políticas integrales, preventivas y reformistas son “pianta votos”. La cuestión es que cuatro años después de aquella conversación, con políticas democráticas que priorizan la inclusión, el respeto de los derechos, la transparencia, la participación ciudadana y el consenso político, el crimen bajó espectacularmente en Medellín.

El funcionario encargado de implementarlo, ganó abrumadoramente las elecciones y hoy es el alcalde. Y su mano derecha, Diego Corrales, hoy nos cuenta que está diseñando dentro gobierno el “Laboratorio Medellín” para la investigación, el análisis y la formulación de políticas públicas.

Porque los planes se hacen haciendo, con mucha política democrática y en Medellín dicen que no hay magia sino seguir mejorando.

(*) El autor: Martín Appiolaza es consultor de la ONG sueca Save the Children.