10 de diciembre: la democracia y los derechos humanos

Retorno a la democracia

Tras siete años de gobierno militar, el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional de la Argentina.

 Había ganado las elecciones del 30 de octubre con el 52 % de los votos.

Pocos festejos fueron tan emotivos como el que la ciudadanía argentina vivió en aquel 10 de diciembre, en la Plaza de Mayo, y en cada una de las plazas de la extensa geografía nacional, con una sola voluntad: recuperar definitivamente la democracia y el ejercicio de los derechos humanos

Haciendo memoria

Mucho antes de esa histórica jornada, la madrugada del 24 de marzo de 1976 amanecía, incongruente, la noche más oscura y trágica que la Nación Argentina recuerde. En la alborada, la entonces presidente, María Estela Martínez de Perón, Isabelita, era detenida y trasladada a Neuquen. Asumen, sobre el mediodía, los integrantes de la Junta de Comandantes, Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Sería designado como Presidente de facto el general Videla, y habría, a partir de ese momento, un gobierno "con igual participación en el denominado Proceso de Reorganización Nacional"..

Apenas una semana mediaría para que el nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, a través de la Cadena Nacional, diseñara el plan económico que se aplicaría y que, a la postre, sería funcional a los objetivos propuestos: deuda empresaria, deuda externa, deuda pública y deuda privada treparon a cifras casi imposibles de describir; tras ese panorama económico, la metodología en la que sustentaba era el terrorismo de Estado, silencioso, mortal, implacable. El "orden" tal y como lo entendía el tribunal en el poder, arrasó las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales. No debían existir voces disidentes, no debían existir pensamientos opositores, no debían existir frases altisonantes a sus designios. El "orden" que la Junta Militar entendía, se asimilaba al silencio absoluto.

Y entonces, en ese proceso de imponer orden =  silencio, los estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales o simples obreros fueron secuestrados, torturados, asesinados. Un nuevo estado civil se comenzó a imponer desde el oficial 24 de marzo de 1976. Un nuevo estado distinto, diferente, inexplicable. Nacieron, a ese nuevo estado, los "desaparecidos".

Una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos). Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos.

El latrocinio, expresado en el Comunicado Nº 19, del 24 de marzo

"Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo."

En esas escuetas palabras, conjugadas en el verbo "prohibir" comenzaron a disolverse abruptamente, sin figuras ni dudas posibles, los derechos humanos. Y, simultáneamente, se diseñaban hacia la superficie de los escritorios,  cientos de miles de recursos de "hábeas corpus" que quedaban sin respuesta.
O que, como toda respuesta, obtenian un lapidario "se desconoce su paradero" y la sugerencia, filosa como una daga de "no siga buscando".


Guerra sucia, en el lenguaje oficial

Como método , para combatir desde el Estado lo que la Junta Militar había determinado como "guerra sucia" se apeló a un escalofriante sistema: "desaparición".

Donde no habían fronteras ni límites para secuestrar ("chupar") por parte de un comando paramilitar ("grupo de tareas" o más vulgarmente denominado "patota") y el hasta ese momento ciudadano-habitante, quedaba convertido en un número, sin garantía legal y a merced de sus captores.

La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los “desaparecidos” al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.

Un comienzo anterior

Lo que la dictadura militar de 1976 vino a completar ya registraba antecedentes, aunque, claro está, no eran "oficialmente" reconocidos.

Porque el esquema de persecusión y exterminio habia sido puesto en vigencia por una agrupación paramilitar, identificada como la "Triple A", sigla identificatoria de la "Alianza Anticomunista Argentina" y que en los ámbitos más cerrados, reconocían en José López Rega su inspirador, por aquel entonces, secretario privado de Juan Domingo Perón y de su esposa, María Estela Martínez.

Tortura, detención, exterminio; identidades sin identidad

Todos estaban incluidos en la categoría de “enemigos de la nación”. La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.

Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.

Los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar.

De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos.

Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o La Perla.

Existieron 340 centro de detención, distribuidos en todo el territorio nacional.

Sobre el final

Cruel, oscuro, perverso plan de gobierno, implementado en el amanecer del 24 de marzo de 1976. Que silenció voces y que fue deslizándose por un andarivel cada día más angosto, donde no quedaban exentas las relaciones internacionales. A escasas horas de estallar un conflicto con el vecino pais de Chile, la mediación de Roma detuvo el detonador.

No hubieron palabras, en cambio, para detener el "operativo Malvinas". De profundo contenido nacional, el territorio helado de las islas del Atlántico Sur hubiera sido, probablemente, el subterfugio más conveniente para respaldar el accionar de la dictadura militar, disfrazada de democracia. Pero los cálculos de sus ejecutores fallaron.

Cientos de jóvenes, casi sin formación militar, sin pertrechos y sin cobertura, encontraron en el territorio sureño la muerte. Para algunos, una muerte en el honor. Para muchos, el inicio de un camino paralelo de olvido, de sin razón, de "no derechos".

Pero esa guerra "justa", invictoriosa, fue el germen de la voluntad de volver a elegir a quienes gobernaran la Nación. Fue el germen que eclosionó en la recuperación de valores que habian sido adormecidos por la violencia y la sinrazón

Dice la historia, no demasiado lejana, que Graciela Fernández Meijide "ingresó por primera vez en 1975 en un organismo de derechos humanos buscando noticias de su hijo Pablo. Fue en la APDH (Asamblea Permanente de Derechos Humanos). Allí estaba Raúl Alfonsín, en una época en que esa actitud no era capitalizable para ningún político. Siguió ahi, en la defensa de los Derechos Humanos, a contrapelo de las especulaciones de muchos".

Es la misma Graciela Fernández Meijide quien expresa "Alfonsín fue uno de los pocos políticos en entender que la guerra de Malvinas era una locura y que no se debía apelar más a las instituciones militares para solucionar problemas políticos.

Ya en la coyuntura electoral planteó que no habría autoamnistía para los militares y eso fue decisivo en el respaldo que alcanzó en las urnas. Entendió que lo primero es la vida y por eso prendió la consigna de la Juventud Radical: “Somos la paz, somos la vida”. Con él se acabó la impunidad de los militares, aún con su postura de establecer tres niveles de responsabilidades. Desde los organismos de derechos humanos queríamos una comisión bicameral en el Congreso para lograr una condena moral y él logró una condena judicial, que no es del todo valorada en la sociedad, pero que no tiene antecedentes en el mundo. Alfonsín fue uno de los pocos políticos que no usaron el poder para beneficio personal.

Y cuando ya el entonces General Reinaldo Bignone entendió que se había agotado la experiencia militar, que el modelo de terror e ignominia se habia pulverizado por sí mismo, abrió débilmente las puertas a las elecciones en el año 1983.

Don Raúl Ricardo Alfonsín, que al momento del golpe de estado de 1976 era Diputado Nacional, entendió, casi como en un gesto inspirado, que la Nación requería de respirar los valores conculcados; que se necesitaba, a lo largo y a lo ancho del pais, de un baño individual y colectivo en los valores que seis años de dolor habían convertido en tibias cenizas.

Por sobre los intereses sectoriales, su palabra rectora, vocera de los principios indisolubles del radicalismo, fue sembrando la esperanza y ajustado a derecho, él, un hombre de leyes, habló de Derechos Humanos. Y de Juicios, con Tribunales de la Nación, para quienes hubiesen destruído, lesionado o mancillado esos derechos.

A lo largo y ancho del territorio, Raúl Alfonsín inyectó en la Argentina quebrada la convicción del "Nunca Más". Y aún casi sin asumirlo concientemente, los argentinos entendieron su mensaje: la democracia como el suelo común en el que puede crecer la patria, en pleno Estado de Derecho.

Y volvemos, entonces, al 10 de diciembre de 1983.

Ese día, asumió como Presidente Constitucional don Raúl Ricardo Alfonsín. Y con él, asumió la ética de las convicciones y la autoestima republicana. Y la palabra rectora, empeñada en cientos de mensajes al pueblo, se hizo Decreto. Y convocatoria para el juzgamiento de las tres juntas militares que asolaron la Nación desde 1976. Certificando, de puño y letra como Presidente, lo que fue su compromiso al crear la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y de lo que, como abogado, requeria en sus hábeas corpus primero ante las violaciones sistemáticas de la Triple A, y después, bajo la dictadura

La expectativa por el retorno al ejercicio de la Constitución, las libertades públicas, la tolerancia política y la vigencia de los derechos humanos resignificó el valor de la recuperación del ejercicio democrático.

La construcción de la Democracia comenzó el 10 de diciembre de 1983 y aún continúa. Porque para su consolidación y profundización, es necesario el aporte cotidiano de todos y cada uno de los argentinos.