Notas
Un funcionario de Jaque reclamó 13 millones al Estado por sus servicios prestados
En un raro caso de eficiencia estatal, un director de línea presentó un insólito reclamo millonario a sus superiores y pasó por todos los filtros. La semana pasada lo aprobó el Fiscal de Estado. El Frente Cívico Federal intentará frenarlo y le pide a Jaque que de explicaciones.
Un funcionario del Ministerio de Salud presentó un reclamo al Estado para que se le abone por separado su labor como negociador en las paritarias de su área. En su elucubración, calculó que le correspondía legalmente un cinco por ciento de lo que él “consiguió” en concepto de aumento en los haberes para sus empleados, una cifra que podría llegar a los 260 millones de pesos. De tal manera, le corresponderían unos 13 millones.
El funcionario se llama Sergio Vignaud y es el director general de Recursos Humanos, Infraestructura e Insumos del Ministerio de Salud. Lo es ahora con Carlos Behler como ministro y lo fue también cuando el titular de la cartera era Sergio Saracco. En la estructura ministerial depende de Ricardo Landete, el subsecretario de Planificación y Control, cuñado del gobernador Celso Jaque.
Lo dicho hasta aquí fue denunciado por los senadores Guillermo Amstutz (Unidad Popular), Alejandra Naman (ARI), Juan Carlos Jaliff y César Biffi (UCR). Los legisladores de diversas fuerzas que integran el Frente Cívico Federal pondrán en funcionamiento el lunes una serie de recursos institucionales a fin de esclarecer un caso al que consideran, al menos, “insólito”.
De esta manera, dirigirán sus comunicaciones hacia la Casa de Gobierno para requerir, formalmente, la siguiente información:
- si el Gobernador por sí o por terceros está en conocimiento del reclamo producido por el funcionario;
- pedirle al mandatario que se abstenga de generar medidas administrativas sobre el expediente en el que se tramitó el pedido de “reconocimiento” de las labores realizadas;
- solicitarle a la Fiscalía de Estado que remita a la Legislatura la pieza administrativa;
- requerir la intervención del Tribunal de Cuentas y de la Asesoría de Gobierno.
Las claves del caso: la eficacia estatal, al máximo
La preocupación de Amstutz, Naman, Jaliff y Biffi radica en varios puntos, pero centralmente en las siguientes claves, según lo admitieron en diálogo con MDZ, este sábado:
- el reclamo fue presentado por nota, vía jerárquica, en el Ministerio de Salud este mismo año;
- con una rapidez inusitada, consiguió el aval para el pase del reclamo, estamento por estamento, sin que ninguna oficina advirtiera sorpresa u objeción alguna;
- así, llegó a Fiscalía de Estado en donde Amílcar Moyano, director del organismo, firmó un dictamen favorable para el reclamante y le aconsejó cómo formular el cálculo;
- a la misma velocidad con que arrancó, el expediente –con ya cuatro cuerpos de dictámenes y sugerencias- fue revisado y aprobado por el propio Fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, hace una semana.
- Ahora, una comisión integrada por el Gobernador, sus ministros, la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, debe aprobar el monto y decidir su pago.
Los argumentos en contra
Los legisladores que han descubierto el caso señalaron que Vignaud aduce en su reclamo que “el Estado se ha enriquecido ilícitamente” al no pagarle a él una comisión por ejercer su rol de abogado durante las reuniones paritarias de la Salud.
“Pero ese ejercicio lo hizo como funcionario del área, no como un contratado a tal fin”, explicó Jaliff, quien además consideró “una barbaridad que hable de ´enriquecimiento ilícito´ por parte del Estado”. “Referirse en esos términos al Estado es hacerlo en términos de delito, por lo que su planteo es equivocado, inconstitucional y erróneo”, agregó la senadora Naman.
Por su parte, Guillermo Amstutz esgrimió el artículo 39 de la Constitución, que dice, textualmente: “No podrá dictarse ley ni disposición que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ningún funcionario o empleado de los poderes públicos, mientras lo sean, por servicios hechos o que les encarguen en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales o extraordinarias”.
Esto fue obviado, según puntualizaron los legisladores a MDZ, por la Fiscalía de Estado. En su dictamen, afirmó que el organismo de control “está de acuerdo en que la gestión útil del Sr. Vignaud (…) tiene su correlato en una prestación dineraria a calcular sobre la base de los acuerdos y actividades correlativas a los mismos que figuran en las actas que se acompañan (Nº 620/91 en Rev. del Foro de Cuyo T. 49 fs. 331 a 337, Mendoza, 2001), por el que no se ejerce la gestión de título de subrogancia sino de empleo útil que en caso de no ser pagado constituye un enriquecimiento ilícito para el Estado”.
Quiero ser millonario: cadena de favores
Amstutz, Jaliff y Namam contextualizaron el reclamo de Vignaud en “momentos en que el Gobierno provincial se encuentra negociando con los gremios del sector Salud aumentos salariales, los cuales son sistemáticamente rechazados por los representantes del Poder Ejecutivo en las mesas de negociación, según afirman, por carecer de fondos para hacer frente a los mismos. Uno de los negociadores que aduce falta de fondos en el Estado, es el propio Vignaud, autor de este reclamo”, acotaron.
En tanto, la luz de alerta que abre el caso es sobre su posible conversión en un antecedente para decenas de actuales y ex funcionarios que debieron participar de negociaciones paritarias.
De ser así, y si todos ellos contasen con la misma celeridad y apoyo de la Fiscalía de Estado, por más que la provincia se negara formalmente a pagarlos debería enfrentar reclamos ya no en instancias administrativas, sino en los estrados judiciales, habida cuenta de que, legalmente, las áreas que defienden el patrimonio estatal ya han fallado favorablemente, en términos jurídicos, a lo pedido por Vignaud.
Choque de interpretaciones jurídicas
Amstutz recordó, finalmente, que lo avalado por la Fiscalía de Estado se da de bruces con lo dictaminado, en otro caso, por el asesor de Gobierno, César Mosso Gianini. “Frente a casos similares –expresó el legislador- se ha expresado formalmente en contra de estos reconocimientos”. Citó un párrafo de un dictamen del Asesor, que dice: “Al reconocer este tipo de cosas se estaría premiando la política de los hechos consumados, los amiguismos, y la burla de las normas vigentes en materia de empleo público, contabilidad y contratación pública”.
- pedirle al mandatario que se abstenga de generar medidas administrativas sobre el expediente en el que se tramitó el pedido de “reconocimiento” de las labores realizadas;
- solicitarle a la Fiscalía de Estado que remita a la Legislatura la pieza administrativa;
- requerir la intervención del Tribunal de Cuentas y de la Asesoría de Gobierno.
Las claves del caso: la eficacia estatal, al máximo
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- el reclamo fue presentado por nota, vía jerárquica, en el Ministerio de Salud este mismo año;
- con una rapidez inusitada, consiguió el aval para el pase del reclamo, estamento por estamento, sin que ninguna oficina advirtiera sorpresa u objeción alguna;
- así, llegó a Fiscalía de Estado en donde Amílcar Moyano, director del organismo, firmó un dictamen favorable para el reclamante y le aconsejó cómo formular el cálculo;
- a la misma velocidad con que arrancó, el expediente –con ya cuatro cuerpos de dictámenes y sugerencias- fue revisado y aprobado por el propio Fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, hace una semana.
- Ahora, una comisión integrada por el Gobernador, sus ministros, la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, debe aprobar el monto y decidir su pago.
Los argumentos en contra
Los legisladores que han descubierto el caso señalaron que Vignaud aduce en su reclamo que “el Estado se ha enriquecido ilícitamente” al no pagarle a él una comisión por ejercer su rol de abogado durante las reuniones paritarias de la Salud.
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Por su parte, Guillermo Amstutz esgrimió el artículo 39 de la Constitución, que dice, textualmente: “No podrá dictarse ley ni disposición que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ningún funcionario o empleado de los poderes públicos, mientras lo sean, por servicios hechos o que les encarguen en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales o extraordinarias”.
Esto fue obviado, según puntualizaron los legisladores a MDZ, por la Fiscalía de Estado. En su dictamen, afirmó que el organismo de control “está de acuerdo en que la gestión útil del Sr. Vignaud (…) tiene su correlato en una prestación dineraria a calcular sobre la base de los acuerdos y actividades correlativas a los mismos que figuran en las actas que se acompañan (Nº 620/91 en Rev. del Foro de Cuyo T. 49 fs. 331 a 337, Mendoza, 2001), por el que no se ejerce la gestión de título de subrogancia sino de empleo útil que en caso de no ser pagado constituye un enriquecimiento ilícito para el Estado”.
Quiero ser millonario: cadena de favores
Amstutz, Jaliff y Namam contextualizaron el reclamo de Vignaud en “momentos en que el Gobierno provincial se encuentra negociando con los gremios del sector Salud aumentos salariales, los cuales son sistemáticamente rechazados por los representantes del Poder Ejecutivo en las mesas de negociación, según afirman, por carecer de fondos para hacer frente a los mismos. Uno de los negociadores que aduce falta de fondos en el Estado, es el propio Vignaud, autor de este reclamo”, acotaron.
En tanto, la luz de alerta que abre el caso es sobre su posible conversión en un antecedente para decenas de actuales y ex funcionarios que debieron participar de negociaciones paritarias.
De ser así, y si todos ellos contasen con la misma celeridad y apoyo de la Fiscalía de Estado, por más que la provincia se negara formalmente a pagarlos debería enfrentar reclamos ya no en instancias administrativas, sino en los estrados judiciales, habida cuenta de que, legalmente, las áreas que defienden el patrimonio estatal ya han fallado favorablemente, en términos jurídicos, a lo pedido por Vignaud.
Choque de interpretaciones jurídicas
Amstutz recordó, finalmente, que lo avalado por la Fiscalía de Estado se da de bruces con lo dictaminado, en otro caso, por el asesor de Gobierno, César Mosso Gianini. “Frente a casos similares –expresó el legislador- se ha expresado formalmente en contra de estos reconocimientos”. Citó un párrafo de un dictamen del Asesor, que dice: “Al reconocer este tipo de cosas se estaría premiando la política de los hechos consumados, los amiguismos, y la burla de las normas vigentes en materia de empleo público, contabilidad y contratación pública”.