Cristina transfiere la seguridad a los municipios

MDZ accedió a un informe preliminar del trabajo que un equipo está realizando, a pedido del ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la nación, como camino previo a la puesta en marcha de lineamientos de un plan de seguridad.

Con este plan, el que el gobierno piensa transitar el último año de un período de 8 en el poder (considerando los gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, que tuvieron al mismo ministro a cargo del tema).

El proyecto le asignará a los municipios, de manera directa, la prevención del delito y se desarrollará en carácter prototipo en las ciudades de Neuquén, Santa Fe y Resistencia (Chaco). Y en cierta medida, va en sentido contrario al plan anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a los gobernadores Celso Jaque y Daniel Scioli.

En aquel, le asignaba mayor importancia al equipamiento policial y la incorporación de recursos humanos, como asimismo, a la instalación de cámaras de videovigilancia.

Pero el nuevo plan o "plan definitivo" -como les gusta llamarle a los protagonistas- va por otro lado.

Lo lleva adelante un equipo dirigido por el propio secretario de Seguridad Interior de la Nación, Héctor Masquelet y coordinado en los hechos por un experto de basta trayectoria y muy respetado en el país y fuera de él: el rosarino Enrique Font.

En Neuquén está a cargo de la Lic. Susana Yappert, en Santa Fe, de la abogada Eugenia Cozzi y en Resistencia del Lic. Mario Díaz, parte de un equipo compuesto por más de una decena de personas en el “núcleo duro”.

Con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del propio gobierno (en forma minoritaria), el plan ha sido denominado “Interención multiagencial para el abordaje del delito en el ámbito local” y se sustenta en lo que se considera como “el fracaso de las políticas de seguridad de carácter punitivo y reactivo, que promueven soluciones simplistas frente a un fenómeno complejo y multicausal”.

Tales son las palabras oficiales. Pero en voz baja, se busca dar una vuelta de página a lo que se considera toda una historia argentina de “denegación histérica del estado de que debe convocar a todos los sectores”, pero que responde con un “populismo punitivo” o su equivalente en lenguaje más llano: aumentando las penas y atrapando cada vez menos ladrones a quiénes aplicárselas.

El trabajo ya está en pleno proceso de construcción. Se inició en septiembre de 2008 y esperan presentarlo públicamente recién a fines de agosto del año que viene.

En febrero de este año, los investigadores ya tenían identificados los puntos principales sobre los que se trabajaría en esos tres núcleos urbanos. En julio próximo ya tendrán el modelo a implementar y, si todo marcha sobre ruedas, lo pondrán a funcionar experimentalmente durante poco más de un año, para luego sí extenderlo al resto de los municipios del país.

Cómo serán los cambios que se introducirán

De acuerdo con los principios del plan la nueva política nacional en materia de seguridad será así:

- Pondrá el énfasis en la prevención del delito. No tanto en el aspecto situacional, sino elevando la importancia de un abordaje coordinado de lo social.

- Buscará resignificar las definiciones existentes respecto del fenómeno del delito y su abordaje. De esta manera, intentarán que frente a determinadas situaciones de inseguridad, la demanda de la gente y las respuestas estatales se transmitan por canales no necesariamente policiales.

- Reasignará funciones y responsabilidades tanto de las agencias estatales (policías, por ejemplo) como en las instituciones de la sociedad civil. Se creará una policía más cercana a los municipios y dispuesta a coordinar acciones por fuera de la respuesta clásica.

- Buscará articular y potenciar las políticas de distintas áreas del gobierno tanto a nivel municipal como en planos interjurisdiccionales. Creando instancias de coordinación con poder de mando, se podrán ejecutar acciones que brinden una respuesta integral a situaciones que así lo requieran.

- Se incorporará a las universidades al sistema de seguridad pública. Ya no tendrán un rol marginal o consultivo, sino que serán parte del sistema, controlando, evaluando y proponiendo.

Para el diseño del plan en marcha se ha dispuesto un presupuesto de unos 250 mil dólares, sólo destinados a la etapa de diseño y puesta en funcionamiento de las instancias de ensayo ya mencionadas en tres municipios que son capitales de provincia y que fueron elegidas por la variedad del signo político con que se gobiernan y por tener entre 200 mil y 500 mil habitantes, además de acreditar problemáticas delictivas y un fuerte reclamo social en la búsqueda de soluciones.

Pero además se seleccionó a esas y no otras ciudades por contar “con un suficiente grado de desarrollo institucional”, con “una amplia tradición en la implementación de políticas sociales” y porque permitirán “aislar relativamente al fenómeno” al ser ciudades acotadas geográficamente, lo que facilitará medir el impacto del nuevo plan.

Con el diseño terminado, hacia fines de 2010 y principios de 2011, se centrará la política de seguridad en los ámbitos municipales, a donde se volcarán los esfuerzos (entendiendo por éstos a recursos económicos y humanos) nacionales y provinciales, además de los propios.

Cambiar la idea de lo que es la seguridad

El coordinador del proyecto, Enrique Font (foto), es criminólogo y magíster en Criminología de la London School of Economics. Anticipó los conceptos en los que se basa la tarea iniciada:

- Trabajar sobre la “economía del delito”, vale decir, sobre lo que hay detrás de un robo: la reducción de lo robado, su introducción al mercado, los grupos que se sustentan económicamente de esto.

- Centrarse en la tarea “en clave etnográfica”. Se busca desterrar la “importación” de modelos de seguridad ya que “siempre ha fracasado” el injerto de este tipo de experiencias. Por lo tanto, la apuesta es a “desentrañar el contenido local de la economía delictual”.

- Poner los ojos en el “efecto espejo” que se a nivel territorial: mientras en unas zonas se registran más heridos, en otra se anotan los detenidos por causar esas lesiones; y viceversa. Así sucede cuando el delito está vinculado a revanchas de sectores en un radio urbano y se pondrá énfasis en detectar y desarticular estas situaciones.

¿De qué modo se espera que los municipios estimulen una mayor seguridad? El proyecto ya ha avanzado en algunos. Centralmente,

- Iniciativas de participación social (provenientes de las ONG, entidades vecinales y del propio gobierno)

- Apuesta a la prevención social (trabajo desde áreas de desarrollo y educación, más que desde las propiamente abocadas al control)

- Monitoreo y promoción de parte de ONGs y universidades

En tanto, cuando se habla de su implementación nacional se entra en una contradicción que el plan no reconoce aun como tal, pero ante su avance ya hay voces internas en el propio oficialismo que alertan, para que se corrijan antes de que el trabajo se anote como un fracaso más de los tantos en la materia.

El principal es la jurisdicción de la coordinación de la seguridad interna del país.

El nuevo rol que se les otorgará a las municipalidades las pondrá en un primer plano político. El nexo de todo gobierno nacional con las comunas siempre ha sido –y lo es- el Ministerio del Interior.

Hasta no hace mucho tiempo, de este ministerio dependía también la coordinación de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, con el cambio de nombres en el Gabinete nacional, el ministro Aníbal Fernández (que ha sobrevivido como tal a tres presidentes sin solución de continuidad) se “llevó” con él las áreas de Seguridad, dejándole a Interior (a cuyo frente se encuentra Florencio Randazzo) una misión política y formal.

Esta dispersión ha sido la característica que los propios impulsores del nuevo plan ven como una de las causas de la carencia de una política nacional de seguridad.

Y será esa misma improvisación y falta de articulación la que, si no es alterada, podría inscribir al plan contra el delito de Cristina Fernández como un chasco del gobierno, al final de sus dos períodos en el poder.