Cataluña: marchas y protestas tras la sentencia de 13 años de prisión a líderes secesionistas

El Tribunal Supremo de España condenó hoy a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los máximos líderes políticos y sociales del fallido proceso de secesión catalán de 2017, tras considerarlos culpables de delitos de sedición y malversación de fondos públicos, lo que desató protestas en toda Cataluña.

El ex vicepresidente Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado -ante la ausencia del ex presidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica-, es quien recibió la pena máxima de 13 años de cárcel e igual período de inhabilitación, por sedición y malversación, delitos que fueron propuestos por la Abogacía del Estado, que representa al gobierno central.

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Los otros ocho dirigentes que esperaban la histórica condena en prisión, recibieron penas de entre 9 y 12 años, mientras tres políticos fueron encontrados culpables solo de un delito de desobediencia, por el que recibieron penas de 10 meses de multa, y 1 año y 8 meses de inhabilitación, con lo que eluden la cárcel.

En su sentencia, el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión, lo que supone un revés para la Fiscalía -que pedía 25 años de cárcel-, y un golpe para los argumentos de la derecha y los ultraderechista de Vox, que como acusación popular exigían 75 años de pena contra los secesionistas por haber perpetrado un "golpe de Estado".

A pesar de que este triunfo sobre la tesis más duras, los líderes secesionistas rechazaron el fallo condenatorio, que criticaron en duros términos, al tiempo que llamaron a sus seguidores a salir a las calles a protestar.

El ex vicepresidente Junqueras dijo que la sentencia era "una venganza", mientras el actual presidente catalán, Quim Torra, la consideró un "insulto a la democracia" y un "desprecio a la sociedad catalana". Por su parte, Roger Torrent, presidente del parlamento catalán, se refirió al fallo como un "ataque a la democracia", al que hay que responder con movilizaciones pacíficas.

Tras conocerse la sentencia miles de estudiantes cortaron las principales arterias de Barcelona con pancartas que reclamaban "Libertad para los presos políticos" y hubo protestas pacíficas en las céntricas plaza Cataluña y plaza Sant Jaume. Las manifestaciones fueron replicadas en otras ciudades catalanas.

Sin embargo, pasado el mediodía la mayoría de los manifestantes se trasladó al aeropuerto internacional de El Prat, situada a unos 20 kilómetros del centro de la capital catalana, a raíz de una convocatoria de la plataforma "Tsunami Democrático", que llamó a "tomar" la principal terminal en la que fue su primera acción de desobediencia en respuesta a la sentencia.

La medida de fuerza, que está provocando demoras en el acceso al aeropuerto internacional y en los vuelos, llevó a la intervención de la policía, que mantiene blindada la terminal aérea.

Por su parte, los conocidos como CDR (Comités de Defensa de la República), instaron a través de Twitter a "levantarse contra el fascismo autoritario del Estado español y sus cómplices". "Es hora de la Revolución Popular", aseguran.

Las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural también animan las protestas, siempre desde una actitud pacífica.

"Nueve años en prisión no acabarán con mi optimismo. Cataluña será independiente si persistimos. Manifestémonos sin miedo, avanzamos decididos desde la no violencia hacia la libertad”, dijo desde la prisión Jordi Sánchez, el ex líder de la ANC, quien fue condenada a nueve años de cárcel, igual que su compañero activista Jordi Cuixart.

Según el tribunal, las organizaciones ciudadanas que presidían Sánchez y Cuixart (ANC y Ómnium, respectivamente) estuvieron al servicio de "la maniobra de presión política" ideada por el gobierno secesionista durante el "procés".

El Tribunal supremo subrayó que "defender política, individual o colectivamente la derogación de la Constitución o declarar la independencia de un territorio no es un delito", pero "sí lo es movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales". Es por ello que los jueces atribuyen a los políticos secesionistas y a los "Jordis" un delito de sedición y no rebelión.

Los jueces del alto tribunal afirman que "se da por probada la existencia de violencia", pero "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión", sostiene la sentencia.

Para los magistrados la violencia fue insuficiente para imponer la "efectiva independencia territorial y derogar la Constitución española en el territorio catalán".

La sentencia contra los secesionistas tiene consecuencias políticas -y sociales- impredecibles a las puertas de la repetición de las elecciones genérales de España, que tendrán lugar el 10 de noviembre.

"El acatamiento de la sentencia significa su íntegro cumplimiento", sostuvo el presidente del gobierno español y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, ante los pedidos de la oposición de que no indulte a los secesionistas.