El mapa del tráfico de heroína
La inútil mano de hierro para combatir la heroína
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La mayor parte de las políticas llevadas a cabo, basadas en la erradicación de los centros de producción y la criminalización de los implicados en el proceso -incluidos los propios consumidores-, han demostrado ser inútiles e incluso perniciosas al fomentar la corrupción y la producción a gran escala y destruir la economía de las pequeñas comunidades por no ofrecer alternativas de subsistencia. En el caso de Myanmar, la legislación antidrogas es herencia de los tiempos de dominación británica y, aunque se encuentra sobre la mesa para su reforma, sigue basada en la criminalización. Semejante acercamiento a la cuestión de las drogas se reproduce en todo el sudeste asiático, con países como Vietnam o Singapur penalizando su uso y tráfico incluso con la pena de muerte. Estas políticas se han traducido además en sistemas penitenciarios verdaderamente colapsados, como el de Tailandia, que alberga hasta 300.000 presos por delitos relacionados con las drogas -más que Francia, España, Argentina, Egipto y Australia unidos- y donde se han documentado casos de asesinatos extrajudiciales y de trabajos forzados.
Además de socialmente destructivas, dichas políticas no solo han demostrado ser totalmente ineficientes a la hora de reducir el consumo, al atacar a los consumidores y no los centros de producción, sino que además han fomentado un aumento de los precios y, por lo tanto, mayores incentivos para los traficantes, así como el aumento de la violencia y de la toma de riesgos a la hora de llevar a cabo sus actividades. Asimismo, el aumento de los posibles beneficios acaba arrastrando también dentro del flujo a las autoridades y a los funcionarios locales, con lo cual el narcotráfico queda integrado dentro del propio sistema político, económico y legal.
La última de estas cruzadas ha sido llevada a cabo, desbordando sus propios límites, por Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas desde mayo de 2016. La estrategia de Duterte ha sido clara: actuar sin piedad contra todo aquel que participe en el pernicioso consumo y tráfico de drogas en el país, desde consumidores hasta mafiosos, pasando por camellos de poca monta, una estrategia que implantó como alcalde de la ciudad de Davao. Este acercamiento, en el que han participado miembros de las fuerzas de seguridad, del ejército y también grupos paramilitares y civiles que han tomado la iniciativa de manera autónoma, se ha cobrado ya más de 3.600 vidas. A pesar de las críticas y de las acusaciones de que las estadísticas gubernamentales para justificar la campaña han sido manipuladas, lo cierto es que la popularidad del líder no ha dejado de crecer -en contraste con las alertas por parte de la comunidad internacional ante lo que se muestra como una simple y flagrante violación de los derechos humanos-, por lo que el proyecto de erradicación de las drogas mediante la violencia sigue hacia adelante y cuenta incluso con el apoyo de la población local. No obstante, sin atacar las raíces del problema, la rueda del consumo de drogas seguirá girando y activando con ello la maquinaria del tráfico ilegal.


