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Autodefensas armadas tras la cordillera

Argentina se niega a incorporar a su agenda el conflicto mapuche, que no incumbe sólo a Chile. Peligroso avance. Todo, a la altura del sur mendocino.


El agravamiento del conflicto originado en los reclamos de la comunidad mapuche en Chile ha tomado un giro inesperado, que puede medirse en cuatro situaciones extremas y peligrosas:

1- La militarización de la zona de la Araucanía, afectada por una seguidilla de atentados;

2- El aval del gobierno de Sebastián Piñera a la instauración de grupos de agricultores armados, por fuera del Estado;

3- La insinuación de que hay apoyo argentino a quienes el gobierno chileno califica como "terroristas";

4- La persistencia -sin que se les otorgue trascendencia en el vecino país- de mapuches en huelga de hambre.

Una serie de palabras claves se han pronunciado en Chile tras la muerte del matrimonio Luchsinger, en lo que ha sido calificado como un atentado de la comunidad mapuche.

Ajenos, los argentinos no tomamos todavía dimensión de las implicancias de un conflicto que no está naciendo, sino que viene desde hace muchos años y que está marcado como prioritario en la agenda política del vecino país.

Lo es -y debería alcanzarnos en la priorización de nuestros asuntos- porque la comunidad mapuche no reconoce nacionalidad, sino territorialidad y ese territorio abarca tanto superficie chilena como argentina.

De allí, probablemente, las afirmaciones del ministro del Interior y primo hermano de Piñera, Andrés Chadwick, cuando dijo que "los terroristas" tienen apoyo exterior, dando a entender que proviene desde nuesro país.

Así lo entendió la prensa internacional que se hizo eco de inmediato, aunque sin conseguir mayor repercusión en la Argentina, curiosamente.

Latinoamérica reconoce algunas insurgencias armadas, con mayor o menor grado de violencia, con mayor o menor condimento indigenista: los zapatistas en México, el gravísimo y viejo enfrentamiento con las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú y su frontera con Bolivia, y algunos otros levantamientos parcializados en Ecuador y Paraguay.

Pero sin dudas que hablar de apoyo argentino a terroistas no puede ser un tema para mirar de costado. Por un lado, debería determinarse si a los manifestantes les cabe el término; por otro, si la Argentina los respalda como tales, como pueblo en lucha o como comunidad étnica, o como sea. Y responderle a Chile la gravedad de su acusación.

Lo que sucede, muy probablemente, es que meterse en esta discusión implique darle visibilidad a un conflicto al que el Gobierno argentino no le quiere dar entidad. De hecho, ya ha tenido bastantes problemas con las comunidades Qom del Noreste y el Congreso ya ha recibido la inquietud de las comunidades originarias por la reforma al Código Civil que los involucra al establecer que son propietarios de sus tierras, pero reclamándoles que se inscriban en los registros formales de la propiedad del Estado argentino, cosa que rechazan tajantemente.

Los "paras", aquí no más y el "apoyo argentino"

Uno de los aspectos que caracteriza a la carnicería en la que se transformó la guerra interna colombiana fue la aparición de fuerzas paraoficiales para hacerle frente a los secuestros y condicionamientos de las FARC. Los "paras" fueron tan sanguinarios en su lucha como los guerrilleros. Se formaron a la sombra del Estado, hasta con protección de la Justicia y con el fin de proteger a los grandes terratenientes de las haciendas colombianas.

Hoy aquellas denominadas "Autodefensas" crearon una "parapolítica". Armados hasta los dientes, hicieron justicia por mano propia y no dudaron en tildar de "terroristas" a todos aquellos que molestaran su expansión y desarrollo, con una amplia tolerancia por parte del Estado.

Una afirmación del Ministro de Agricultura de Chile habilita, directmente, al surgimiento del otro lado de la cordillera, a la altura del sur de Mendoza y Neuquén, se grupos con esas características.

“Nuestro estado de derecho considera al igual que todas las legislaciones del mundo la legítima defensa”, sostuvo este martes el ministro de Agricultura, Luis Mayol (foto, abajo) al comentar el uso de armamento por parte de los agricultores en la región de la Araucanía, según reporta el diario trasandino El Mostrador.

El Secretario de Estado no se quedó en eso. Sostuvo además que “tienen que emplearse medios equivalentes cuando una persona ve amenazada su vida, la de su familia o sus bienes. Usted está con su familia en su casa tranquilamente y llegan 10 encapuchados armados. Es consustancial al ser humano defenderse (…) cualquier persona defiende a su familia, defiende a sus bienes con lo que tenga a mano”.

Mayol recalcó que “ya a nadie le cabe duda que son acciones terroristas y no es delincuencia común". Lo dijo como si cualquier ciudadano pudiera (y tuviese derecho) a armarse para enfrentar por sí solo al terrorismo.

Desde el otro lado, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), señalada por el gobierno de Piñera como la responsable de los atentados, denuncia que ellos no son, adjudica los hechos de sangre a "algunos grupos, ajenos a nuestra organización, que no se identifican y que han causado la muerte de cuatro personas civiles" y que con ello se busca "demonizar al pueblo mapuche en su conjunto".

La carta del Premio Nobel

Exactamente en el mismo momento en que el ministro Chadwick soltaba con absoluto desparpajo aquello del "apoyo argentino" al "terrorismo" mapuche, casi como una provocación, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel envió una carta a Piñera sobre el tema.

Le reclamó allí por la huelga de hambre que puede llevar a los extremos de su salud a los mapuches Héctor Llaitul yRamón Llanquileo, en la búsqueda de diálogo, ya que fueron encarcelados en función de la Ley Antiterrorista.

 

"Señor Presidente Piñera -le escribe el Nobel argentino- resulta por demás inconcebible entender la falta de comprensión de la lucha que el pueblo mapuche viene llevando adelante, que lo único que desea es vivir dignamente en sus territorios ancestrales, y defender sus derechos humanos, reconocidos institucionalmente".

Militarizando el sur

En forma absolutamente contraria a como reacciona y funciona la política en la Argentina, anoche, el primer debate por la candidatura presidencial dentro de la Concertación (oposición) entre dos precandidatos de la Democracia Cristiana, se pudo debatir con absoluta libertad y a cara descubierta sus posiciones sobre el reclamo mapuche y las formas en que responde el Gobierno de Chile.

Valga la mención porque, además de hablarse del tema e incoporarlo a la agenda, todo transcurre en una televisión pública que le da espacio a la oposición par hacerlo.

El debate es llevado por la Presidencia hacia el terreno militar. Vale decir: de qué forma armada es mejor combatir a quienes reclaman. Sin embargo, la oposición reclama espacios institucionales para que esas comunidades a quienes se les endosa el calificativo generalizado de "terroristas" pueden expresarse sin siquiera un fósforo en la mano.

Por ello, lanzó la posibilidad de generar un estado de sitio en la zona sur de Chile, lo que implicaría imposibilidad de reunirse y de transitar en determinadas horas, un estado de excepción lógico para una dictadura.

Mientras tanto, los fatales y condenables atentados esperan una respuesta puntual: quiénes fueron, por qué y con qué objetivo.

La titular de Amnistía Internacional, Ana Piquer, le dijo a MDZ Radio que "hemos recibido una denuncia al mes de allanamiento a viviendas de propietarios mapuches, y hechos que han terminado con la muerte y que nadie ha investigado. Es un tema pendiente que es muy grave".

"Hay ciertas muertes que generan una reacción muy fuerte, y eso está muy bien, pero hay otras con las que ni siquiera se actúa", afirmó.

La opinión de Amnistía Internacional sobre lo que ocurre en Chile

Hablamos con una voz independiente para profundizar en torno a los cuatro puntos que propusimos como eje de esta nota al principio. El diálogo fue con Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Chile:

- ¿Qué posición tiene su organización frente al conflicto mapuche?

- La preocupación de Amnistía Internacional es que cualquiera sea la solución o soluciones que se propongan al llamado “conflicto mapuche”, deben tener en consideración en todo momento los estándares internacionales de derechos humanos en general y derechos de los pueblos indígenas en particular. Por muy grave que sea el problema, ello no puede justificar una restricción indebida a derechos humanos establecidos en tratados internacionales que obligan al Estado de Chile. Amnistía Internacional ha visto con preocupación que los estándares de derechos humanos se han encontrado de alguna forma ausentes en el debate en esta materia, y urge considerarlos como parte de la solución. Muy en particular, nos preocupa que esto redunde en que las denuncias de violencia policial – que ya son frecuentes por parte de personas que habitan en comunidades mapuche – se multipliquen como reacción a los recientes hechos de violencia en la Araucanía, y que habitualmente quedan impunes. Es importante que la violencia policial sea investigada, juzgada y sancionada con el mismo celo que deben ser investigados, juzgados y sancionados los hechos de violencia cometidos presuntamente por personas mapuche.

- ¿Usted cree, como el ministro Chadwick, que los mapuches reciben para sus actos violentos "apoyo argentino"?

- En caso que se demuestre que personas extranjeras, de cualquier nacionalidad, estén de alguna forma dando apoyo a acciones violentas y este apoyo sea constitutivo de delito, por supuesto que estas personas deben responder por sus actos tras una investigación independiente e imparcial y en juicio con las debidas garantías. Habiendo dicho eso, esperamos que este tipo de aseveraciones no redunde en una restricción indebida a las personas extranjeras en el ejercicio de sus derechos humanos dentro del territorio de Chile, tales como su derecho a la libertad de expresión o reunión.

- ¿Qué piensa de la calificación dada a los mapuches de "terroristas" por parte del gobierno chileno?

- Ya en ocasiones anteriores, Amnistía Internacional ha manifestado sus preocupaciones en relación a la ley antiterrorista vigente, por considerar que la definición de acto terrorista resulta excesivamente amplia considerando los estándares internacionales. Además, el uso de testigos protegidos, llamados “testigos sin rostro”, admitido por la ley antiterrorista, puede redundar en una obstrucción al adecuado derecho a la defensa de las personas imputadas. Finalmente, considerando que la ley antiterrorista ha sido aplicada casi exclusivamente en casos en que las personas imputadas son de comunidades mapuche, consideramos preocupante que se pueda estar haciendo una aplicación discriminatoria de la ley antiterrorista que redunda en una penalizaciónde manera excesiva de la protesta social y las reivindicaciones mapuche. No podemos calificar si el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay es o no terrorismo, lo cual debe ser debidamente investigado y determinado por los tribunales de justicia y las instancias pertinentes, pero sí consideramos pertinente hacer un llamado a tener en cuenta estas preocupaciones de derechos humanos en todo el proceso.

- ¿Cuál es su opinión sobre los dichos del ministro Mayol en torno a que los agricultores pueden ejercer la legítima defensa frente a los mapuches, lo qu representa la posibilidad de avanzar en "autodefensas"?

- Lamentablemente, este tipo de opiniones no parece ser conducente a una disminución de la violencia. Por supuesto que la legítima defensa está establecida en la ley penal, pero requiere de determinadas condiciones que deben ser probadas en juicio y que constituyen una situación sumamente excepcional. Esperamos que esto no se entienda como una suerte de llamado a las armas y que sea el Estado, y no los particulares, el que en definitiva dé soluciones concretas a la violencia, siempre dentro del marco de pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.

Argentina, me duele tu costado

Aquí no más, un poco más abajo de "nuestras" playas de Reñaca, se vive una realidad en la que se mencionan palabras tan graves como "autodefensa", "terrorismo con apoyo argentino", "militarización", "estado de sitio", agricultores armados".

La Argentina, mientras tanto, prefiere ocuparse de cuestiones que ocurren mucho más lejos: en Cuba, Asia, en Venezuela. Lo más cercano impuesto a la agenda mediática por el Gobierno es el retorno de la Fragata Libertad tras ser embargada en el puerto de Tema, en la lejana Ghana.

Nos rebala la problemática de los pueblos aborígenes y somos capaces de reaccionar acaso con el asesinato a golpes de un niño Qom en el Chaco, como ocurrió este martes. Y poco más.

Pero el Wallmapu, el "país mapuche", no está en Chile: es el territorio reconocido como propio por esa comunidad y que representa un problema y un conflicto (y como tal, afrontable, discutible, negociable, agendable políticamente).

Es, también, un asunto argentino.