¿Qué está pasando realmente con el congelamiento de alquileres?

A fines de marzo se publicó en el boletín oficial el decreto 320/2020 que disponía el congelamiento de los alquileres y la prohibición de desalojo de los inquilinos hasta fin de año. La medida tenía el objetivo de proteger a las personas que motivadas por la pandemia podían ver afectados duramente sus ingresos. Sin embargo, nadie controla que el decreto se aplique, por lo que tres millones de inquilinos de todo el país estarían en situación de desalojo cuando finalice la vigencia del mismo.

A siete meses los resultados no fueron los esperados. Un relevamiento realizado por la Federación de Inquilinos agrupados (FIA) muestra que el decreto no se ha aplicado como se dijo. Al no disponerse de un órgano de ejecución o mediación entre los propietarios o inmobiliarias y los inquilinos, la situación se resolvió a discreción según la voluntad de las partes.

El estudio revela que sólo 51,6% de los inquilinos pudo hacer uso del decreto. El 75%  tuvo que recurrir al endeudamiento para poder afrontar la situación económica. La situación habitacional en el país se ha agravado conforme las familias perdieron o vieron disminuida la entrada de dinero. Hay que tener en cuenta que el 48,6% de los ingresos totales del hogar se destinan sólo a pagar el alquiler.

Desde MDZ Radio consultamos a Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Inquilinos Agrupados para que nos diera más detalles sobre el cumplimiento del decreto y de la ley de alquileres aprobada este año.

Aunque la normativa vigente tiene un espíritu sumamente proteccionista sobre los intereses de los inquilinos, en la realidad parece ser "letra muerta". "Los Estados no están preparados para hacer un control efectivo de este decreto y de la ley nacional de alquileres" ya que no contiene mecanismos para que los inquilinos puedan acercarse y ser defendidos. "Esto supone -comenta Muñoz- una ausencia del Estado en la mediación entre quienes alquilan y el mercado inmobiliario".

Los tres puntos más importantes que regula la ley de alquileres son: el registro de todos los contratos de alquiler en AFIP, la extensión de los contratos a 3 años de plazo mínimo. Las inmobiliarias ya no pueden cobrar todo lo que cobran cada dos años por lo que pierden un 30% de ganancias que tenían a costa de contratos cortos. Pero, lo más importante en términos de la herramienta de poder que suponía para el mercado tiene que ver con que ya no pueden decidir cada cuánto aumentan los alquileres y en qué porcentaje.

Gervasio de la FIA señala que la gran dificultad de fondo en la relación entre quienes pueden acceder a una vivienda sólo a través de un alquiler y el mercado inmobiliario es que no hay nadie que pueda mediar esa relación. En otros ámbitos como el consumo se entiende que la relación entre un usuario y una empresa muy, pero muy grande, tiene que estar mediada. Por este motivo y en base a la "ley de defensa del consumidor", en todas las provincias existe un área de defensa del consumidor. "Esto no existe en términos de la vivienda". Según Muñoz esto se debe a que para el estado es mucho más caro regular antes de que "lo peor pase". Además a esto se le suma la relación entre los gobiernos provinciales y el mercado de la tierra. Afirma Muñoz que hay un vínculo estrecho entre funcionarios y mercado inmobiliario.

Garantizar que no se cumplan o que no se controlen los derechos, es por omisión es garantizarle al mercado inmobiliario que se puede manejar por afuera de la ley. Esto significa mayor ganancia para el mercado inmobiliario. Esto movilizó a crear asociaciones de inquilinos en todo el país para pedir que se cumpla la ley.

El acceso a la vivienda es un gran problema que está a la orden del día. La posibilidad de acceder a un techo, no se está garantizando en los mismo términos que la salud o la educación. La ley no prevé una manera en la que el estado pueda mediar para proteger estos derechos. Aún con un decreto vigente, sólo en la mitad de los casos y motivado por acciones de los inquilinos se ha cumplido. Al día de hoy, alrededor de un millón de hogares inquilinos tienen dificultades para pagar el alquiler (1.022.000). Esto supone que el 1º de febrero, cuando finalice el decreto, tres millones de inquilinos estarían en situación de desalojo.

En Mendoza, la Federación de Inquilinos agrupados se ha comenzado a formar hace algunos meses. Aunque todavía son pocos, se espera crezca rápidamente atendiendo a la preocupante situación que muchas familias viven en relación a la economía del hogar y los alquileres en aumento sostenido.

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