Las claves para sostener el Superávit Fiscal en el 2025 (y en el 2026)

El superávit fiscal es considerado el principal logro de toda la gestión económica de Javier Milei. Es sobre esta plataforma que el Ejecutivo considera que se logró la contracción de la inflación hasta llevar a un índice porcentual mensual con un 1 por delante.

En consecuencia el hecho de gastar menos de lo que se recauda, y sin emitir un solo peso extra para cubrir esos gastos, es la estrategia madre de la política económica del Poder Ejecutivo. La intención oficial es replicar este 2025 practicamente el mismo nivel de superávit fiscal que en el 2024, llegando como mínimo a un ahorro de 1,6% del PBI; lo que implica unos U$S 6.500 millones de dólares de ahorro fiscal.

Los desafíos de Milei para sostener el superávit fiscal

La meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es incluso menor, y llega al 1,4% del PBI. Sin embargo, estos son tiempos de combate del Gobierno contra la oposición legislativa, por la manera en que se presiona por nuevos incrementos en el gasto público que podrían complicar e incluso terminar con el superávit planteado.

El tema es planteado en el último informe de la Fundación Capital titulado “Entre el sobrecumplimiento fiscal y las modificaciones en el Congreso”, donde se exponen estas tensiones de poder, así como un examen histórico sobre la evolución del superávit fiscal. El trabajo, elaborado por el economista Carlos Pérez, incluye además la proyección necesaria para cerrar el 2025 y transitar hacia el 2026.

Las principales conclusiones del informe

• Las autoridades alcanzaron un gran logro: el equilibrio fiscal. Más aún, éste se encuentra garantizado por la figura del presidente. En lo que va del año, se advierte un sobrecumplimiento de la meta acordada con el FMI (objetivo nominal para junio de $ 6,1 billones), acumulando ya a mayo un superávit primario de $ 6,9 billones, equivalente al 0,8% del PBI. Esto fue posible a pesar de ingresos en baja en términos reales (-2,3% i.a. en el acumulado a mayo) y erogaciones en alza (5,6% i.a. deflactado).
• Este año no se cuenta con algunos ingresos que había en 2024, como el Impuesto País (-57% interanual en términos reales la partida de “resto tributarios” en enero-mayo), el blanqueo y el adelanto de bienes personales (-33% interanual real en el período analizado). Además, los derechos de exportación disminuyeron en los primeros meses (-18,5% interanual real en enero mayo), en línea con las reducciones temporarias en las alícuotas de los principales granos hasta el mes de julio, al igual que ganancias (-10% interanual real), por una alta base de comparación en el quinto mes del año. Esta dinámica en conjunto no logró ser compensada por las subas en algunos impuestos relacionados a la actividad, como el IVA (2% interanual real), las contribuciones a la seguridad social (28% interanual real) y los débitos y créditos (11% interanual real).
• En materia de gasto, dado que casi dos tercios de las erogaciones responden a prestaciones sociales, éstas son las que explicaron la mayor parte de suba de los primeros meses del año al incrementarse en un 14% interanual en términos reales, dada la fórmula de movilidad. En sentido contrario, los subsidios económicos se contrajeron un 49% interanual en enero mayo (explicado en gran parte por energía, -65% interanual).
• Por su parte, los gastos de capital se mantuvieron en los niveles bajos del año pasado (sólo aumentaron un 4% interanual real), mientras las transferencias a provincias mostraron una fuerte expansión (131% interanual real en enero-mayo) aunque sosteniéndose bien por debajo de 2023.
• Hacia delante, para para poder alcanzar la meta autoimpuesta de superávit primario de 1,6% del producto, restan otros 0,8 puntos del PBI, mientras para la exigencia del FMI falta medio punto. Lo que es claro es que el ancla fiscal seguirá como la bandera de las autoridades, aunque con impuestos que ya no están y gastos previsionales que ajustan por inflación, la reducción en otras partidas del gasto y/o el incremento en ingresos ligados al nivel de actividad tendrán que compensarlos. En este sentido, resulta importante analizar cuál es la magnitud de reducción del gasto en otras partidas que se tendrá que encarar en la segunda parte del año, cuestión que abordamos en el próximo apartado.
• Para cumplir con el objetivo pautado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (1,3% del PBI de superávit primario), el resto de los gastos que no son jubilaciones y pensiones deberían contraerse en términos reales entre junio y diciembre a un ritmo del 4,3% interanual. En vistas que la contracción en los primeros meses fue del 6,8% interanual, esto parece un objetivo alcanzable. No obstante, para lograr el cumplimiento de la meta autoimpuesta de 1,6% del producto de superávit primario, con jubilaciones y pensiones incrementándose en un 6,6% i.a., el resto de los gastos debería reducirse un 10% interanual. Este guarismo resulta en un esfuerzo más exigente, aunque no ponemos

Los gobernadores y el Congreso

• Los gobernadores han presentado proyectos para modificar cuestiones relacionadas al impuesto a los combustibles y a cómo se distribuyen los ATN (aportes del Tesoro nacional), factores que podrían afectar las cuentas del Tesoro. Por otra parte, recordemos que los intereses capitalizables suman unos tres puntos extras del PBI considerando Boncaps, Lecaps y Lefis.
• Hacia delante, se aguardará un superávit fiscal más holgado que contemple los mismos y a la vez permita una reducción del costo argentino. Pasadas las elecciones, el gobierno debería lograr pasar leyes que modernicen y disminuyan la presión tributaria de forma de compensar el tipo de cambio real con mayor productividad.
• Será clave sancionar leyes con mayorías en el Congreso, como la Ley de Presupuesto. Recientemente, se envió un anticipo de aquel correspondiente al 2026 en el que se explicita un presupuesto plurianual. También será preciso una regla fiscal futura, que asegure la sostenibilidad para los próximos años. Recordemos que el año 2025 comenzó con la novedad de no contar con una Ley de Presupuesto por segundo año consecutivo, no pudiendo formalizarse la regla fiscal que figuraba en su articulado. En el proyecto de ley se establecía “como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario”.

Un poco de historia

• Vale recordar que la década del noventa, período de estabilidad en nuestro país, contó con un superávit primario al comienzo de la Convertibilidad, impulsado por las privatizaciones, pero que luego se fue diluyendo y por ende precisando de mayor endeudamiento. En detalle, se pasó de un rojo primario de 3,7% del PBI en 1989 (-7,8% del PBI el financiero) a un superávit de 1,7% del producto en 1992 (-0,45% del PBI el financiero). Sin embargo, entre el 1994 y 1999 el resultado primario promedió el -0,5% del PBI, con una carga creciente del pago de intereses que alcanzó los 3,4 puntos del producto en el último año de la de sostenibilidad futura.
• Esos años dejan también otras lecciones que conviene tener en consideración. Entre 1992 y 1999, la balanza comercial se tornó negativa en U$S 2.791 millones en promedio por año, a la par de un fuerte incremento de las importaciones que se quintuplicaron en el período. Esto se dio en el marco de un tipo de cambio real que se ubicó en un nivel históricamente bajo, lo que sumado a una mayor exposición internacional dada la apertura comercial y financiera, dejó a la economía argentina muy endeble frente a los shocks externos.
• Si bien el baluarte fiscal es clave, también se pone de relieve la necesidad de una mayor acumulación de reservas, avanzar en la liberación de restricciones cambiarias para las empresas, junto con el requerimiento de una mayor productividad económica y el monitoreo cercano del empleo. Post elecciones, las autoridades deberán encarar un nuevo camino que involucre tanto estos puntos como las sanciones de las leyes antes mencionadas.