La Justicia le dio la derecha a los viñateros y suspendió cambios claves del INV

La pulseada por los cambios en la implementación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y otras resoluciones parece haberla ganado el sector viñatero. Es que la Justicia de Mendoza dio lugar a la medida cautelar que habían presentado la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) y la Cámara de Productores Agrícolas, contra el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Luego de la polémica que generó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación con su comparación al sector con los manejos de Claudio “Chiqui” Tapia en AFA, el Juzgado Federal N°2 de Mendoza informó este martes que dio lugar al reclamo del sector y así se suspendió de manera provisoria la implementación de los cambios que imponía la Resolución INV 37/2025 sobre el CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (Formulario CEC 05).

Qué dice el fallo judicial sobre el INV

Si bien a partir del 1 de enero comenzarán a regir todas las modificaciones que introdujo el Digesto Vitivinícola, luego de haber escuchado ambas versiones, la Justicia determinó que las modificaciones que se introdujeron sobre el CIU y las DDJJ sean pausadas y así se sostenga la obligatoriedad de las mismas.

Esto no se trata de un fallo definitivo sobre el fondo del conflicto, sino que ahora el litigio entró en una etapa cautelar, donde se analizará si la derogación del CIU es ilegítimo y presenta un riesgo de perjuicio grave e irreparable.

Federico Sturzenegger

En principio, el Juzgado Federal Nº 2 entendió que se trata de un reclamo legítimo “que representan derechos de incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos”, como enuncia el fallo.

Qué plateó cada parte

Por un lado, el sector viñatero argumentó ante la Justicia que la eliminación del CIU vulnera el derecho de propiedad de los productores primarios, maquileros y contratistas de viña, en tanto dicho instrumento constituía un documento bilateral esencial para acreditar la cantidad y calidad de la uva entregada a las bodegas.

Las asociaciones a cargo del amparo aseguraron que esto no se trata de un mero trámite administrativo, sino una herramienta sustantiva exigida por la Ley General de Vinos (14.878), la Ley de Contrato de Maquila (25.133) y la Ley de Contratista de Viñas (23.154). Asimismo, plantearon que actualmente la actividad vive en un contexto de marcada asimetría contractual entre productores y elaboradores.

En otro de los pasajes del documento judicial también argumentaron que la sustitución del CIU por declaraciones unilaterales del elaborador o por el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) carece de la bilateralidad y del control efectivo necesarios para proteger al productor, y que dicha modificación frustra la determinación de la tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones previsionales prevista en la Ley 26.377 de Corresponsabilidad Gremial, afectando la formalización del empleo rural y el interés público en materia de seguridad social.

Por el lado del INV, defendieron la legalidad de la Resolución 37/2025, sosteniendo que responde a una política de modernización, desburocratización y eficiencia administrativa. En la defensa de su accionar plantearon que el Estado no debe actuar como garante documental obligatorio de relaciones contractuales privadas, que la eliminación del CIU no suprime el contrato de maquila ni el derecho de propiedad, y que los productores cuentan con múltiples herramientas alternativas para acreditar la entrega de uva.

Un primer paso para los viñateros

Los primeros en hacerse eco de la resolución de la Justicia fue la Asociación de Viñateros de Mendoza. Matías Manzanares, secretario de AVM, resaltó que la resolución de la cautelar llegó para llevar claridad en un momento clave para la industria, en las vísperas de la cosecha.

“Gracias a Dios la justicia en este momento le ha dado la razón, no solo a las cuatro

entidades que presentamos la acción, sino a toda la vitivinicultura del país”, celebró Manzanares. En este sentido, agregó que llegaron a esta instancia producto de las diferencias con Federico Sturzenegger y que se podría haber evitado en caso de haber sido escuchados en instancias previas.

El representante de AVM aseguró que distintos actores del sector, incluso los Ministerios de Producción, fueron ignorados por el Ministro de Desregulación “de manera obtusa”. “Hoy tenemos la primera parte, que es la medida cautelar. Ya nos garantizamos que esta cosecha que viene el SIU siga siendo obligatorio”, celebró Manzanares.