El conflicto por Aerolíneas Argentinas suma un nuevo capítulo: qué busca conseguir Titan Consortium

A partir de hoy, Titan deberá identificar activos argentinos y pedir a un tribunal que autorice su embargo. La sentencia ya fue registrada en Washington y también en el Distrito Sur de Nueva York, lo que facilita intentar ejecuciones en esas jurisdicciones, aunque Titan puede buscar otras jurisdicciones estadounidenses.

Pero no cualquier activo argentino es embargable. La FSIA mantiene una protección importante sobre los bienes soberanos. Titan deberá demostrar que el activo concreto entra dentro de alguna de las excepciones legales que permiten la ejecución, fundamentalmente cuando se trata de propiedad utilizada para actividad comercial en Estados Unidos. Esto deja, en principio, protegidos muchos activos típicamente soberanos, como bienes diplomáticos, determinados activos militares y, bajo reglas específicas, activos de bancos centrales.

¿Pueden embargar aviones de Aerolíneas? Es una posibilidad que seguramente Titan analizará, pero existe un problema importante. Según Aerolíneas Argentinas, los aviones con los que opera regularmente hacia Estados Unidos no son propiedad de la compañía, sino que están bajo contratos de leasing. Si el propietario jurídico es una empresa de leasing extranjera, Titan no puede simplemente embargar el avión para cobrar una deuda argentina.

Existe además otra barrera: la condenada es la República Argentina, no Aerolíneas Argentinas. Para ejecutar bienes de Aerolíneas, Titan podría intentar argumentar que la compañía funciona como un alter ego del Estado. Eso abriría un litigio adicional sobre la separación jurídica entre la República y la sociedad estatal. Por lo tanto, aun cuando Titan identifique un activo comercial de Aerolíneas, el embargo no es automático.

¿Qué posibilidades tiene Argentina ahora? La situación puede dividirse en dos frentes. En cuanto al fondo del juicio, el margen es bastante más reducido que hace dos años. El laudo del CIADI es de 2017; el intento de anulación terminó en 2019; la Justicia estadounidense reconoció el laudo en diciembre de 2024; y la Cámara confirmó en julio de 2026 que Titan inició la ejecución dentro del plazo legal de 12 años.

Argentina todavía puede explorar recursos procesales extraordinarios, incluido eventualmente intentar llevar cuestiones federales ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero eso no equivale por sí mismo a suspender la ejecución. La estrategia procesal concreta que adopte la Procuración deberá verse en las próximas presentaciones.

El segundo frente probablemente sea ahora más relevante: discutir activo por activo. Cada vez que Titan identifique un bien, Argentina puede plantear que está protegido por inmunidad soberana, que no se utiliza para una actividad comercial, que pertenece a una entidad jurídicamente independiente o que pertenece directamente a un tercero. En otras palabras, haber perdido la discusión sobre la sentencia no significa que Titan tenga automáticamente US$391 millones de bienes argentinos disponibles para cobrar.

Una diferencia importante con el caso YPF. En Titan, el título original es un laudo CIADI ya reconocido judicialmente en Estados Unidos. La discusión principal pasó ahora de si Titan tiene derecho a ejecutar el laudo a qué bienes concretos puede ejecutar. Y eso puede generar una situación prolongada: Titan posee una sentencia por unos US$390,9 millones más intereses, pero necesita encontrar activos sobre los cuales la legislación estadounidense permita efectivamente avanzar.

A partir de ahora pueden coexistir tres caminos: Argentina debe continuar litigando, ya que por responsabilidad legal de los funcionarios públicos debe cumplir todas las posibilidades legales de apelación, aun con un fuerte historial en contra. Otras dos alternativas son buscar recursos extraordinarios sobre cuestiones jurídicas pendientes o, eventualmente, se abre una negociación con Titan para cancelar la sentencia por un monto acordado. Que se produzca esa negociación y en qué términos es, por ahora, incierto. Además de peligroso para el funcionario que habilite el recurso.

Por eso, el dato clave de esta semana no será tanto el fallo del viernes como el primer activo que Titan intente embargar. Ahí se conocerá su estrategia: si apunta directamente contra bienes de la República o si intenta avanzar sobre activos vinculados a empresas estatales como Aerolíneas. Hay además un detalle financiero: los US$390,9 millones corresponden al monto reconocido a diciembre de 2024; la sentencia establece intereses posteriores, por lo que la obligación actual es superior.

El conflicto se originó en julio de 2008, cuando el Gobierno argentino anunció la recuperación del control de Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces administradas por el grupo español Marsans. La situación de la compañía era extremadamente delicada. Acumulaba fuertes pérdidas, una deuda considerable, conflictos sindicales permanentes y una flota que requería importantes inversiones. El Gobierno sostuvo que la empresa prestaba un servicio público esencial y que su continuidad estaba en riesgo.

Luego de varios meses de negociación, el Congreso aprobó la Ley 26.466, que declaró de utilidad pública las acciones de ambas compañías y autorizó la expropiación.

El punto más conflictivo apareció con la devaluación y el estallido de la convertibilidad. Mientras Marsans sostenía que la empresa tenía un importante valor económico, el Tribunal de Tasaciones de la Nación concluyó que el patrimonio era negativo debido al elevado endeudamiento acumulado. En la práctica, el Estado terminó pagando un monto simbólico por el paquete accionario.

Marsans recurrió primero (a diferencia del fondo Burford en el caso YPF) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros. Después de años de trámite, el tribunal arbitral concluyó que la Argentina había incumplido obligaciones previstas en el tratado bilateral de inversiones con España y ordenó el pago de una indemnización cercana a los US$320 millones. Como suele ocurrir en este tipo de procesos, la deuda continuó creciendo por la acumulación de intereses. Con el paso del tiempo, la obligación superó los US$390 millones.

Uno de los aspectos más interesantes del expediente es que quien hoy reclama el cobro ya no es Marsans, empresa que, de todas maneras, quebró en Madrid. Como sucede con frecuencia en el mercado internacional de litigios, los derechos derivados del laudo arbitral fueron comprados por un fondo especializado en los tribunales españoles. Un esquema similar al experimentado por el fondo buitre que también compró la causa en la Justicia de España.

Ese fondo es Titan Consortium, un vehículo de inversión cuya actividad consiste en adquirir créditos litigiosos, financiar su ejecución y luego intentar recuperar el capital mediante acuerdos o embargos judiciales.

Se sabe la causa Aerolíneas Argentinas fue adquirida por Titan a Burford el 15 de marzo de 2018, al redefinir su estrategia contra Argentina y concentrarse en la causa por la renacionalización de YPF en 2012. Juicio que, luego, Burford perdió en segunda instancia este año y que ahora tendría destino de CIADI. Burford había adquirido la causa al tribunal español donde se cursaba la causa por la quiebra del grupo español Marsans en unos 17 millones en 2015 (y, en consecuencia, las acciones que detentaba de la demanda contra Argentina por la renacionalización del 2008), con lo que obtuvo una ganancia de casi 740%. El fondo Titan Consortium, original en las demandas contra la Argentina, obtuvo dividendos por más de 2.270%.

La historia del caso Aerolíneas Argentinas es ejemplar sobre lo mal que se puede llevar adelante un caso de nacionalización de una empresa, más allá de la convicción ideológica que se tenga de llevar adelante una cruzada de este tipo. El 15 de marzo de 2018, a tres días de haber ganado el juicio ante el CIADI, Burford Capital anunció a la Bolsa de Comercio de Londres (donde cotiza) que vendía el juicio a "inversores privados" en unos 107 millones de dólares, y que se concentraría en la causa por la renacionalización de YPF.

Burford había sido quien inició la causa ante el tribunal del Banco Mundial en 2009 y había obtenido en julio de 2017 un fallo favorable por unos US$140 millones originales. El litigante le había adquirido en US$13 millones los derechos de litigar contra Argentina por este caso al grupo Marsans, a través de la sociedad Teinver.

Marsans no podía concentrarse en avanzar en el litigio por un detalle particular: Gerardo Díaz Ferrán, dueño del grupo, había sido condenado en septiembre de 2015 a cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 1,2 millón de euros por el vaciamiento de su compañía y lavado de activos.

La estrategia de Burford fue separar los problemas legales de Marsans en España y concentrar la causa en una acción de una nacionalización de un país a una empresa de capitales extranjeros, sin negociar y liquidar una retribución por ese capital expropiado. La estrategia fue exitosa y Burford logró fallo positivo en 2017. Argentina apeló y el tribunal del Banco Mundial definió que la sentencia quedaba firme.

Con el fallo de 2018, Burford había obtenido un récord mundial: una ganancia de casi 980% por haber invertido unos 13 millones de dólares en adquirir el juicio de Marsans. Lograba así superar en porcentaje y tiempo de espera la ganancia que había obtenido Paul Singer y su fondo Elliott contra la Argentina, luego de haber vencido en el "juicio del siglo" en los tribunales de Thomas Griesa.

La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue reglamentada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el 17 de diciembre de 2008, luego de que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el pedido de la exjefa de Estado de avanzar en esta operación bajo la figura de tratarse de empresas "de interés público nacional". Abarcaba Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar y Aerohanding.

El 9 de enero de 2009, la por entonces presidenta habilitó al Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, a que inicie la toma de la compañía, en ese entonces en manos del Grupo Marsans. El 5 de febrero de ese año, el Gobierno de entonces nombró a Julio Alak como presidente del directorio, dando forma a la renacionalización.

En paralelo, el Grupo Marsans, que había iniciado desde 2008 una notable desinversión en Aerolíneas Argentinas, que la dejaba al borde de la inactividad, comenzaba a mostrar en diciembre de 2009 evidentes problemas de continuidad en España. El 22 de diciembre se le retiraba el permiso para operar a Air Comet, la compañía bajo la cual operaba Aerolíneas, y el 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos.