Mantener el cepo no es gratis en términos de costos para la economía

Para el gobierno, la salida del cepo requiere de dos condiciones básicas: acumular reservas en el BCRA y limpiar el balance del BCRA.

Aparentemente el gobierno tiene miedo de levantar el cepo y que se produzca una corrida financiera y cambiaria. Corrida financiera que obligaría al BCRA a emitir para pagar los pases que están en poder de los bancos, dado que los bancos compraron los pases con los depósitos de la gente.

La emisión de moneda para pagar los pases y sin reservas haría saltar el tipo de cambio impactando en la inflación.

Ahora bien, el costo que se está pagando en términos de actividad económica y desocupación por mantener el cepo, puede ser mayor a asumir el riesgo de levantarlo y que se produzca una corrida.

Mientras siga el cepo y los exportadores estén obligados a venderle sus divisas al BCRA, el Central tendrá que emitir moneda para comprarle los dólares a los exportadores. Esa emisión tendrá que ser reabsorbida con deuda que coloca el tesoro o bien los pesos quedarán en el mercado postergando la baja de la tasa de inflación a niveles de nuestros vecinos. Es decir, la tasa de inflación mensual nuestra sigue siendo mayor a la tasa de inflación anual de Uruguay, Chile, Brasil o Paraguay.

De hecho, la base monetaria aumentó un 51% respecto a mediados de marzo cuando dejaron de mantenerla congelada.

El punto a tener en cuenta es que las corridas bancarias no se producen solamente por la existencia de los pasivos remunerados, como ocurrió en 1989 con el plan primavera y en 2018 con las LEBACS.

Puede haber corridas financieras que se produzcan por desconfianza en la política económica del gobierno, confiscación de depósitos u otros motivos.

Por ejemplo, cuando se produjo la corrida financiera de 2001 que terminó en el corralito, no había pasivos remunerados. Simplemente los agentes económicos empezaron a retirar sus depósitos de los bancos por miedo a una confiscación. Recordar que a mediados de 2001 el Congreso aprobó la ley de intangibilidad de depósitos y nadie le creyó a esa ley.

De hecho, ocurrió que primero se estableció el corralito y luego, con la devaluación que implementó Duhalde y la pesificación asimétrica, la corrida financiera se trasladó al mercado de cambios.

En definitiva, el levantamiento del cepo depende más de la credibilidad que genere el gobierno en la política económica que la resolución del problema de los pasivos remunerados.

Puede haber una corrida financiera que luego se traslade al mercado cambiario sin que haya pasivos remunerados porque, ante el retiro de los depósitos el BCRA emita vía redescuentos para que los bancos hagan los pagos en ventanilla. En definitiva, nada tan diferente a lo que podría ocurrir con los actuales pasivos remunerados que ya bajaron a $ 18 billones, deuda que fue absorbida por el tesoro.

Si bien el nivel de actividad económica podría estar encontrando un piso de acuerdo a los datos desestacionalizados de abril de producción industrial y construcción, el otro dato a tener en cuenta es la evolución de la recaudación del IVA DGI y Créditos y Débitos Bancarios de mayo. Ambos impuestos están ligados al nivel de actividad económica y se ubicaron bien por debajo de la tasa de inflación interanual, suponiendo un aumento del 5% en mayo.

Otro problema que genera incertidumbre tiene que ver con el swap con China. Recordemos que Milei ya había dicho que no iba a tener relaciones diplomáticas con países comunistas como China, algo que al gobierno chino no le cayó muy bien.

Lo cierto existe la posibilidad que China se niegue a renovar el swap, algo que intentaron frenar Diana Mondino y el presidente del BCRA en su viaje a China, donde no tuvieron respuesta concreta sobre el tema.

Si China no renueva el swap habría que pagarle US$ 2.900 millones en junio y US$ 1.900 millones en julio, con lo cual, las monedas que van acumulando en BCRA como reservas se esfumarían rápidamente, postergando, de acuerdo a las condiciones del gobierno, la salida del cepo cambiario.

Finalmente, el tema del ajuste de las jubilaciones que aprobó diputados, parece tener una importante chance de ser aprobada en Senado con 2/3 de los votos, con lo cual impediría que Milei vete la ley.

El artículo 83 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.”

El sistema previsional quedó totalmente descompensado cuando Cristina Kirchner hizo entrar por la ventana a 3,5 millones de jubilados que nunca habían aportado. Prácticamente duplicó la cantidad de jubilados.

Si el sistema ya estaba comprometido antes del ingreso de esos 3,5 millones, ahora con más razón.

En gran medida, el ajuste fiscal que muestra un déficit cero se basa en haber licuado las jubilaciones. La idea del gobierno es que, una vez que las jubilaciones quedaron en niveles bajos por la licuación, mantenerlas en esos bajos niveles, pero a pesos constantes. Por eso propone un ajuste por inflación, pero sin que recuperen el terreno perdido hasta ahora frente a la inflación.

La oposición busca recuperar parte de la licuación de las jubilaciones. Obviamente, si la oposición consigue que la ley sea aprobada y Milei no pueda vetarla, le quita gran parte del ajuste del sector público y el déficit cero. Con lo cual se caería el ancla fiscal que es en la que el gobierno apuesta todas sus fichas para cambiar las expectativas.

Por lo tanto, sus dos anclas quedarían comprometidas: la fiscal por la recuperación de parte de la licuación de las jubilaciones más los mayores intereses a pagar por la deuda que el BCRA le pasa al tesoro. Y la otra ancla es el tipo de cambio oficial que evoluciona por debajo de la tasa de inflación y tiene destino a ajuste en algún momento del mediano plazo.