Bonos en dólares, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el "juego" con la plata de los jubilados

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es una suerte de gran bolsa de dinero, que asegura que los jubilados y pensionados cobrarán sus haberes más allá de las contingencias económicas que atraviese el país. Funciona, en los hechos, como un operador indirecto del sistema financiero y por el volumen de dinero que maneja, en torno a los US$ 50.000 millones de dólares, tiene un poder de fuego importante para acomodar las variables económicas.

El FGS es un fondo soberano de inversión argentino. Este fondo incluye activos financieros que están compuestos por acciones de sociedades anónimas, bonos, títulos, plazos fijos donde el objetivo es buscar rentabilidad en las arcas de Anses y sirve únicamente para hacerle frente a los compromisos asumidos en la reparación histórica y pagar los beneficiarios de la ley 24.241, jubilados. Este es el objetivo.

Cuando la Anses se desfinancia, acude a este fondo, son las famosas, joyas de la abuela. Entre una de las principales empresas privadas que financia este fondo, tenemos a Banco Macro con el 28% del fondo; Edenor, Pampa Energía SA., entre otras acciones y títulos negociables.

Ahora bien, las nuevas medidas que anunciara el poder ejecutivo, que se llena la boca diciendo que son un Gobierno nacional y popular, distan muchos de sus dichos cuando van a vaciar el fondo de Anses, estafando a los jubilados, donde les van a robar el dinero que la Anses tiene para hacerle frente a sus obligaciones ante el Sistema Integrado Previsional Argentino. Estas medidas son de saquear las joyas de la abuela a cambio de papeles a largo plazo.

Los fundamentos del Gobierno son lograr previsibilidad y estabilidad en el sistema financiero, pero la realidad es que encubre robustecer intereses personales de los amigos de un gobierno que está de salida. Tamaña maniobra tiene como consecuencia favorecer los inversores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en la misma medida perjudicar dicho FGS y, en consecuencia, los jubilados.

Obviamente, que de acreditarse esta connivencia entre los administradores del FGS y los beneficiarios privados estaríamos en presencia de la configuración de otros delitos penales, pero lo cierto es que la consumación del delito estipulado en el art. 173, inc. 7 del CP por parte de los funcionarios públicos resulta innegable.

Desde Aptitud Renovadora iniciamos una denuncia penal contra directora ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad social (Anses), María Fernanda Raverta, Anses y al subdirector ejecutivo de operaciones del FGS (funcionario responsable de la administración el fondo) y quienes integraban el Comité Ejecutivo del FGS del SIPA, al momento de los hechos, más allá de la responsabilidad que pudieran haber tenido otros sujetos intervinientes, por el delito de defraudación por administración fraudulenta (art 173 un. 7 del CP).

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

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