El caso de la cocinera que renunció al trabajo por un plan social

Muchas veces una historia simple sirve para explicar problemas profundos. En estos días, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional acaparan la atención. La Argentina tiene que encuadrarse en materia económica y uno de los puntos más difíciles es la reducción del déficit fiscal. El alto nivel del gasto del país es un tema que no parece tener solución. Los subsidios de todo tipo son una de las causas de esa canilla que no se puede cerrar.

Es por eso que, desde hace tiempo, se viene pregonando, por ejemplo, la necesidad de cambiar los planes sociales por trabajo genuino.

Sin embargo, la realidad muestra que se va en sentido contrario. La gente deja los trabajos para recibir planes sociales.

Esto no sólo agrava los males económicos sino que, por perpetuarse en el tiempo, ya pasa a ser un problema cultural.

El caso de Gabriel sintetiza lo que sucede en el mercado laboral hoy. Es dueño de una casa de comidas en la ciudad de Buenos Aires y, hace pocos días, sufrió en carne propia la consecuencia de esta política que desalienta el trabajo.

“Una empleada que tenía en el parte de cocina renunció hace un par de meses. Una chica joven. Me contó que se había anotado en la facultad de Lomas de Zamora y que, por empezar a estudiar, le habían otorgado un plan. No sé cuál. Vive por Burzaco, que queda lejos de la Capital. Me contó que, con este nuevo, acumuló tres planes y que con lo que sumaba le convenía no venir a trabajar. Que era mejor quedarse en la casa. Yo le pagaba el sueldo de convenio que es alrededor de $66.000. Así de simple”, contó Gabriel a MDZ. La anécdota la subió a Twitter y se viralizó.

Esta historia no es un hecho aislado. Son conocidos los casos de empresas o emprendimientos que no consiguen trabajadores. Desde gente para la cosecha o hasta operarios para una automotriz como Toyota. Los primeros por la competencia que implican los planes sociales ante salarios devaluados. Los segundos, por falta de instrucción ante la imposibilidad de comprender un texto. No hace falta llegar a esos niveles. Conseguir un pintor, un albañil, un plomero o un jardinero, entre otros oficios, no es fácil y el que está dispuesto a pagar deber esperar la buena predisposición del que va a cobrar. Con la alta desocupación y asistencialismo, lo lógico sería que sobrara mano de obra. No que faltara.

El 10% de los argentinos de mayores ingresos gana por arriba de los $100.000, unos 500 dólares “blue”. Si se pone el piso en $80.000, ya representa al 30% de los trabajadores.

“Yo tengo una casa de comida. Ni siquiera un restaurante. Para cualquier emprendedor, tomar gente es un dolor de cabeza. Trabajan unas semanas o un par de meses, desaparecen y después te llega una carta documento porque trabajaban más que el horario de convenio o por cualquier otra cosa y tenés un juicio. Es imposible tomar gente y lo más curioso es que no conseguís personal. Si tienen un contacto político, consiguen un plan y dejan de trabajar. Es así.”, explicó.

Gabriel relató que por las dificultades que tiene para conseguir empleados está funcionando con un cocinero menor: “No consigo personal para el turno noche. La gente no quiere trabajar. No me pasa sólo a mí. Tengo amigos que tienen restaurantes y la pasa lo mismo.”

Se estima que más de 20.000.000 de personas reciben algún tipo de asistencia del Estado a través de alguno de los 140 planes que existen.

Este gasto se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes. La carga fiscal es uno de los problemas principales cuando se consulta a los sectores económicos sobre las causas que impiden crecer.

Muchas empresas o comercios no pueden pagar sueldos mayores por el alto costo laboral mediante las cargas sociales. Con ese dinero se financian estos planes que provoca que la gente prefiera no trabajar porque los sueldos son bajos. Esto genera un círculo vicioso del que el país no puede salir.

Con menos impuestos habría mejores sueldos y más trabajo y el Estado no tendría que estar sosteniendo con planes a parte de la población.

En el mercado laboral, son cada vez menos los que aportan, lo que supone que este esquema tiene un límite.

Los últimos datos que se conocen señalan que la población económicamente activa, en el país, ronda los 20.500.000 personas. De ese total, sólo el 42% tiene un empleo formal, entre el sector privado y el público. Un 29% son trabajadores en “negro”, una 20% semiinformales y un 9% desocupados, según datos del Observatorio social de la UCA.

La consultora FIEL cuenta con datos similares: 9,8 millones de personas son asalariados formales, 7 millones informales y el resto son semiformales.