Guzmán recargado, cerca de cumplir su misión: ¿será también su final?

La principal conclusión que dejó la última gira europea del jefe de Estado es que Martín Guzmán fue ratificado en la misión estructural más importante que tiene el gobierno de Alberto Fernández. El ministro de Economía deberá encontrar la manera de alcanzar los consensos para firmar los más rápido posible (después de octubre), un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y en términos políticamente aceptables. Nada nuevo a lo que se le había encomendado a fines del año pasado; y que el ministro casi había logrado hacia febrero. El problema de entonces es el mismo de ahora: si el ala kirchnerista del gobierno, le dejará a Guzmán (y también al Presidente), cerrar un acuerdo en los términos que el ministro está negociando; o la coalición gobernante entrará en su crisis económica, financiera y política más importante desde que llegó al poder en diciembre del 2019.

El Ejecutivo ya tiene definido los lineamientos básicos de lo que sería el eventual acuerdo que se firmaría con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De llegar a buen puerto las negociaciones, se firmaría un Facilidades Extendidas a 10 años, comenzando a cumplir con las obligaciones  4,5 años después de comenzado a regir. De firmarse en el último trimestre del año, el primer pago concreto que debería ejecutar Argentina sería en el segundo semestre de 2025. Probablemente bajo la fórmula de intereses en todos los primeros semestres, y capitales en el segundo.

Los negociadores argentinos buscan ahora incluir dos cláusulas. La primera, que indique explícitamente que si en el futuro hubiera plazos superiores a los 10 años para los acuerdos de Facilidades Extendidas, automáticamente Argentina podría verse beneficiada. La segunda, que si entre el período 2022 y el primer semestre de 2025 el país cumple con las pautas establecidas para el acuerdo, el organismo financiero se comprometa a refinanciar los vencimientos de ese año. Por su parte, Argentina deberá cumplir con las fiscalizaciones habituales del organismo incluidas en el artículo IV; alcanzando las metas a las que se comprometa ante el Fondo. Esto incluye objetivos fiscales, monetarios, inflacionarios y cambiarios.

La esperanza de Guzmán

¿Cómo se pagarán el dinero en 4,5 años? El equipo de Martín Guzmán confía que para el 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis fiscal y comercial, y generara la suficiente confianza en los mercados internacionales como para poder volver a tomar deuda. En consecuencia, lo que esperan los negociadores con el FMI, es que no se toquen las reservas; y que estas permanezcan en aquellos hoy lejanos tiempos futuros, acumulando divisas para mostrar solidez cambiaria y fiscal a los mercados internacionales. Se descarta, entonces, cualquier etapa épica como la de comienzos de 2005, cuando Néstor Kirchner anunció el pago de toda la deuda que el país mantenía con el FMI, y que llegaba a los u$s9.800 millones. Esa alternativa, por décadas, estará cerrada. Gobierne quien gobierne.

Estas son las condiciones generales fueron conversadas entre Alberto Fernández, Martín Guzmán y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el encuentro que los tres mantuvieron por más de una hora y media en Roma. Son los términos que ya están prácticamente cerradas, y que, salvo sorpresas desagradables, serían avaladas oportunamente por el “board” del organismo. Serían condiciones inmejorables.

Los acuerdos del tipo “Facilidades Extendidas”, sólo se pueden autorizar planes de pagos de entre 7 y 10 años. Y, para el caso de países complicados y poco confiables (como Argentina), los tiempos deben ser más cercanos a 7 que a 10. Si Argentina lograra no pagar hasta el fin del mandato de Alberto Fernández como propone Martín Guzmán, los primeros pagos de capital más intereses comenzarían en el primer trimestre del 2025; con lo cual habría entre tres y cinco años para liquidar los u$s44.800 millones que se le deben al FMI. Haciendo números crudos, serían entre u$s8.000 y 10.000 millones anuales de pagos obligatorios si el país no quiere perder su status en el Fondo y, eventualmente, la alternativa de nuevos créditos. Dinero que no debe salir de las reservas, sino del financiamiento voluntario.

Además de no caer en default y sufrir castigos impensados en el mercado financiero internacional. Los negociadores argentinos saben que ese nivel de pagos es imposible de afrontar para el país, pero piensan en alternativas. Otra opción serían planes de refinanciación del propio FMI para ir pedaleando las cuotas; situación que puede generarse sólo si el país comienza a cumplir con los primeros compromisos, sin apelar a esta alternativas. Implicaría que durante el 2025 y el 2026; sí o sí, Argentina debería conseguir entre u$s15.000 y 18.000 millones para cumplir con el Fondo; para luego poder acceder a las líneas de refinanciamiento del organismo.

Un punto básico ya prácticamente negociado, es la inclusión de un capítulo especial que mencione específicamente que si en el futuro se modifica la Carta Orgánica del Fondo y se habilita la alternativa de acuerdos a más de 10 años. El Facilidades Extendidas que se firme con Argentina pueda ser revisado e incluya los nuevos plazos. Si, por ejemplo, se cerrara este año el acuerdo y se firmara durante el 2021 un pacto a 10 años, y en el caso que el estatuto del FMI cambiaria en el período vigente del acuerdo (hasta 2031), el organismo debería permitirle al país la extensión de los plazos. Según coinciden tanto los negociadores con los que trata el país, encabezados por la norteamericana Julio Kozac, como el ministerio de Economía argentino; esta “cláusula” no violentaría el estatuto del FMI y habilitaría al país para recibir cualquier mejora futura en las condiciones vigentes. Dicho de otra manera, el acuerdo con el Fondo nunca tendría condiciones peores, y estaría abierto a mejorarlo si en el futuro hay cambios en los tipos de planes de pago que le convengan al país.

La inclusión de la cláusula está en sus últimas etapas de negociación, y contaría con el aval tanto de la conducción del FMI, como del gobierno de Alberto Fernández. Coinciden en Olivos y el Palacio de Hacienda, que este capítulo le permitiría al Ejecutivo, poder sortear las dificultades políticas internas dentro del propio oficialismo, que reclaman un acuerdo a más de 10 años; algo hoy imposible de conseguir. No por falta de voluntad o poca presión de Guzmán y los negociadores argentinos, sino por la imposibilidad de lograr a tiempo cambios tan radicales en las estructuras del FMI.

Se reconoce dentro del Gobierno, que la posibilidad de modificar los tiempos de los acuerdos a 10 años, ameritan cambios políticos internacionales, donde se debería contar con el apoyo absoluto de la mayoría del 85% del board del FMI, incluyendo los votos positivos de Estados Unidos y Europa. Si bien en sus giras Guzmán encontró buena voluntad para discutir el tema, también se convenció que esta alternativa forma parte de discusiones política a un nivel de jefaturas de estado y bloques económicos mundiales, una alternativa que excede las capacidades actuales de la Argentina; aún si el reclamo es global de América Latina. Guzmán, en concreto, no podría negociar hoy un acuerdo a más de 10 años; pero sí incluir alternativas para que esa posibilidad quede latente; en el caso que el estatuto del FMI se modifique en el futuro.

Guzmán quiere (y coinciden en Washington) que este acuerdo debe convertirse en Política de Estado. El ministro de Economía busca que el contenido pase por el Congreso y tenga fuerza de ley; con una acción importante y superadora a cualquier otra situación similar que se haya vivido entre el país y el organismo financiero internacional: que el proyecto de ley sea aprobado también con los votos de la oposición, incluyendo los legisladores de Juntos por el Cambio. Tanto radicales como macristas. Intentará así algo impensable para la época que se vive: saltar la grieta. Y conseguir así la seriedad suficiente ante el mundo financiero, para que los mercados se convenzan de que hay una nueva realidad y de largo plazo para que cuando llegue la hora dentro de cuatro años esté la posibilidad de conseguir financiamiento para poder cumplir con los pagos a los que el país se comprometa.

Curiosamente es posible que logre el acompañamiento de parte de la oposición. El problema principal está en el propio oficialismo legislativo, es especialmente el Senado. Ingresamos entonces en la gran pregunta que debe hacerse oficialismo: ¿quiere un acuerdo con el FMI en los términos reales, o ingresará en la crisis interna más seria desde que llegó al poder? Es la gran pregunta que hoy no tiene respuesta.