Congelamiento: ¿al borde de una nueva 125?

Los empresarios privados vinculados a la producción de alimentos, bebidas, higiene y limpieza y los supermercadistas, están al borde de la asonada. Creen que se los acusa injustamente de ser los culpables de una inflación que tiene causas históricas y estructurales; y que, en todo caso, hay otros sectores que muestran más flancos criticables que ellos. Afirman que están dispuestos a negociar y discutir un nuevo acuerdo de precios que dure hasta el año próximo, pero con la promesa firme de un nuevo horizonte de trabajo conjunto desde el 2022; donde se tenga en cuenta, además de los valores que los productos muestran en las góndolas, la manera en la que se produce en el país, las alzas de costos y los factores que desestabilizan las decisiones de inversión. Sin embargo se niegan a que haya una listado unilateral y diseñado en oficinas públicas, donde de manera directa y sin mediar discusiones se determine cuál debe ser el precio de un producto en una góndola de un supermercado. Y que ese valor además se mantenga inalterable hasta el año próximo, sin que además haya precisiones sobre que sucederá el día después del vencimiento del acuerdo.

El Gobierno de Alberto Fernández piensa distinto. Según los números que asegura tener calibrados la secretaría de Comercio Interior de Roberto Feletti, entre la última semana de septiembre y la primer quincena de octubre, las empresas productoras de estos rubros trascendentales para la canasta básica alimentaria de las familias argentinas; habría incrementado sus precios en no menos de un 10% y hasta 25%; produciendo una aceleración de la inflación en un seguro 3% mensual para octubre, y proyectando para el último trimestre del año un 10% total que llevaría al índice general del 2021 a un 51%. Este porcentaje de incremento del IPC se daría además con tarifas congeladas, dólar quieto y controles de precios múltiples y mixtos, lo que haría más ostensible el fracaso de la política inflacionaria.

De mayor malhumor se pone el Gobierno al conocer que la decisión de incrementar los precios de los productos en debate por parte de los privados, se debió a la interpretación alimentada por cualquier economista privado contratado por estas empresas para proyectar las variables macroeconómicas más importantes; sobre una aceleración en los valores del IPC para el último trimestre del año, ante la segura aceleración de los precios por la política monetaria expansiva del oficialismo para recuperar votos en las legislativas del 14 de noviembre. Esto implicaría que los privados consideran que habrá una retroalimentación inflacionaria por una política oficial que desde las oficinas públicas se defiende. A los ojos políticos de la coalición gobernante, una posición injustificable e imperdonable. Y para el propio kirchnerismo que custodia las políticas públicas con celo y decisión, una actitud que merece que caiga todo el peso del poder político oficial. Y que, "de una vez por todas", las leyes de abastecimiento se cumplan sin contemplación. Dicho de manera más directa: que comience la batalla final contra los formadores de precios.

Como se ve, entre ambas posiciones hay un abismo. En principio, imposible de cerrar. Y que inevitablemente terminará en un conflicto directo entre las grandes empresas productoras de bienes que se ofrecen en súper e hipermercados (unas 40 compañías en total, muchas de ellas multinacionales), y el Gobierno. A ojos kirchneristas, la sola mención de un conflicto de este tipo, es imposible de analizar. Se piensa que hubiera sido una utopía indescriptible que durante los años de oro del kirchnerismo, un grupo de empresarios se levantaran contra una decisión oficial. Si bien se reconoce que existió una crisis con el campo en el 2008, el conflicto no puede compararse con empresas que ofrecen alimentos en las góndolas de supermercados.

El Gobierno presentó a última hora de ayer la decisión oficial de congelar finalmente una canasta de unos 1.432 productos, presentado en sociedad como "una resolución que garantiza el acceso a una amplia canasta de bienes de consumo masivo en todo el país" que incluye "productos de primeras marcas como de pequeñas y medianas empresas". En el listado hay alimentos y bebidas que no fueron consensuados con sus fabricantes, con lo cual, de no mediar otras rondas de negociaciones, comenzará una etapa de conflicto inédito entre un Gobierno y un grupo de grandes compañías, muchas de ellas con sede decisorio fuera de las fronteras locales. Otras, pertenecientes a empresas importantes de capital nacional y de grupos empresarios influyentes. La intención oficial es retrotraer los precios al primero de octubre, que la resolución de la secretaría de Comercio Interior se aplique de manera inmediata y que las empresas acepten la decisión, ahora sí, unilateral del oficialismo.