Las ocho claves de la propuesta de los empresarios a la Nación para reactivar la economía

Ante la paralización de la economía argentina por los efectos que está causando las medidas de aislamiento social para frenar la expansión del coronavirus, un grupo de 300 empresarios de todo el país presentó un proyecto al Gobierno nacional para impulsar la reactivación económica una vez que se levante la cuarentena obligatoria.

“Ponemos su contenido a disposición del Presidente de la Nación, los Gobernadores, el Poder Legislativo, los trabajadores argentinos representados por los sindicatos y el sistema político en su conjunto. Todas estas ideas contemplan las restricciones profundas que tiene el Estado y las necesidades urgentes de las empresas, trabajadores y familias argentinas”, indican los empresarios al inicio del documento.

En ese sentido, aseguran que "no es sostenible seguir encerrados. Como país necesitamos poner en marcha nuevamente la actividad económica, en forma gradual y segura en términos sanitarios. Por cada semana donde el país funciona a, digamos, el 50%, se pierde cerca del 1% del PBI el año. Tampoco nuestro país cuenta con la capacidad de implementar programas de estímulo fiscal y monetario como lo están haciendo otros países"

Este documento de 53 páginas se divide en ocho capítulos e incluye propuestas para los siguiente rubros: tecnología y apps; aislamiento y distanciamiento físico; medidas financieras; medidas impositivas; reducción del gasto público; funcionamiento remoto del Poder Judicial; y mercados potenciales a abrir.

“Con todas sus limitaciones y errores, es lo que proponemos hacer durante este tiempo que viene. Buscamos información, dentro y fuera del país. Nos preocupan los miles de argentinos que sufrirán las consecuencias de la crisis económica una vez que el virus pase. Creemos que el país necesita volver a ponerse en marcha”, aclara el comunicado al que accedió el medio mencionado.

1. Certificados de inmunidad

Más allá de la finalización de la cuarentena, los empresarios argentinas proponen al Gobierno que mantenga en vigencias las medidas de distanciamiento social y el uso de barbijos y máscaras tal como se recomienda en la actualidad, incluso en forma más extendida, junto con otras iniciativas como tomar la temperatura corporal en forma periódica y continuar con las restricciones de ingresos desde el extranjero, siempre alentando el uso de los testeos a los viajeros.

Una de las propuestas más controvertidas en este punto es el llamado 'certificado de inmunidad', que consiste en someter a la mayor cantidad de trabajadores posible a testeos rápidos con PCR negativos (hisopados nasofaríngeos) y serología que sirve para detectar anticuerpos en personas asintomáticas o con síntomas, y su tenencia serviría para garantizar la circulación en las calles, según esgrime el documento replicado por el diario La Nación.

2. 'Pasaporte COVID-19' para relajar la cuarentena

En la misma línea de los certificados de inmunidad, los empresarios lanzaron la idea de implementar un 'pasaporte ciudadano COVID-19' que certifique la salud de los trabajadores clave en la reactivación económica.  Ello incluye el incentivo y la priorización de testeos en personas sintomáticas y el aislamiento selectivo de la población de riesgo e infectados.

Este certificado electrónico podría tenerse mediante una aplicación en el celular que validará los datos del usuario y su geolocalización, para evitar trampas. A la vez, las autoridades de control tendrán otra herramienta para validar estos pasaportes y monitorear la situación epidemiológica y los controles sanitarios en tiempo real.

3. Aislamiento selectivo y transporte público

Si bien la cuarentena finalizaría en modo general, la propuesta empresarial contempla que el Gobierno nacional mantenga en vigencia algunas de las medidas de distanciamiento social, como el aislamiento de los grupos de riesgo y las personas en situación de calle, y la concurrencia de voluntarios para asistir a los adultos mayores que requieran cuidados continuos.

Respecto al transporte público, se recomienda habilitar su uso solo a los trabajadores que posean el pasaporte COVID-19, a la vez que se sostengan las protecciones a choferes y las restricciones en el interior de las unidades (viajar solo usuarios sentados, usar alcohol en gel y barbijo en forma obligatoria, entre otras).

4. Fideicomiso para pymes

Con el fin de incentivar la economía de las pequeñas empresas, el sector propone la creación de un fideicomiso solventado por el Tesoro y que permita la reactivación de las cadenas de pago, hoy cortadas por la mínima actividad económica. Por ejemplo, si un cheque fuera rechazado por falta de fondos, la cámara de compensación lo enviará al Fidepyme, quien se convierte en el acreedor de la empresa que libró el valor y abonará el cheque al depositante ofreciéndole la posibilidad de cancelarlo de acuerdo a dos opciones: en un pago o serie de pagos parciales dentro de los 90 días; o luego de los 90 días, en 36 cuotas mensuales consecutivas a una tasa de interés anual del 24%.

"El "scoring" crediticio queda reemplazado por la existencia de una relación comercial y la necesidad de las partes, basada en la historia de la relación proveedor-cliente", explica el documento.

5. Postergar vencimientos y pagar impuestos con títulos

En materia impositiva, las dos principales propuestas de los empresarios radican en la postergación de los vencimientos al 30 de junio y el permiso para abonar los impuestos con títulos soberanos, ya sea con títulos del Tesoro para tasas nacionales y bonos locales para las provinciales.

6. Fuerte recorte del gasto público

Una de las propuestas que podría generar más rechazo en el Gobierno nacional es la de reducir los gastos del Estado para evitar un aumento desproporcionado del déficit fiscal.

Ello representaría la suspensión de viáticos y gastos de representación; no pagar el bono de $10.000 a empleados públicos y dejar de hacer publicidad oficial con excepción de comunicados e instrucciones sobre la pandemia. Otro punto sería cancelar el direccionamiento de fondos a las obras públicas no iniciadas y evitar compras no relacionadas con la salud, como también no contratar nuevos empleados, salvo en las áreas directamente relacionadas a la lucha contra el coronavirus.

También se propone no pagar los aportes a sindicatos estatales y de empresas públicas mientras dure la pandemia y exigir a cada gerente general de cada empresa pública se comprometa a presentar un plan de acción para bajar gastos de 10% en su compañía.

7. Reactivación de la Justicia

Lo que proponen los empresarios es una masividad del teletrabajo en el Poder Judicial, que se ha visto severamente afectado por el parate obligatorio: implementar un sistema de trabajo remoto y dejar dos empleados por Juzgado para la atención necesaria, para luego avanzar más aceleradamente en la digitalización de los procesos jurídicos y burocráticos.

"La situación de parálisis judicial casi total se prevé que se extienda todo lo que dure la cuarentena, y si no se comienzan a implementar soluciones de inmediato, posiblemente mucho más. La actuación tradicional de los tribunales atrae mucho tránsito e interacción de personas y de papeles y es alto el porcentaje de jueces y funcionarios (y abogados) mayores de 60 años, por lo que podría ser considerada como una actividad riesgosa y expuesta al contagio, cuyo reinicio se demore", justifican en el documento.

8. Más competitividad estratégica en los mercados internacionales

Aunque hoy el comercio mundial se encuentre resentido por la pandemia de COVID-19, se espera que una vez disminuida la emergencia sanitaria se reactiven los vínculos económicos entre los países, y la Argentina podría encontrar una oportunidad en ese nuevo escenario global, según el sector empresario: "La Argentina debe, en la salida de la pandemia, convertirse rápidamente en lo más competitiva posible. Todos los productores de bienes y servicios globales saldrán al mercado en forma simultánea, y es probable que haya una demanda contenida que abastecer a nivel global".

Para eso, las autoridades deberían enfocarse en aquellas demandas comerciales de bienes estratégicos, como los alimentos; la energía eléctrica y los combustibles; los servicios de salud, educación, las tecnologías y los medios de comunicación.

"Creemos que nuestro país debería focalizarse a nivel externo en la agroindustria ya que los alimentos serán requeridos a gran nivel y aquí podremos hacer diferencia ya que no todos los países están en condiciones de ser proveedores", considera el documento.