Medio millón de mendocinos sigue cocinando con garrafa: una deuda estructural que no se resuelve
Mendoza cuenta con aproximadamente 589.000 hogares. De ellos, solo unos 400.000 están conectados a la red de gas natural.
Desregulación del gas y precios de las garrafas.
Mercedes GómezEl gobierno de Mendoza anunció que este año se entregarán 500.000 garrafas a precio subsidiado a través del programa “La Garrafa en tu Barrio”. Lejos de ser una señal de progreso, ese número revela la magnitud del problema: una parte significativa de la población no tiene acceso a la red de gas natural, y depende de una solución de emergencia que se volvió permanente.
En 2019 se entregaban unas 24.000 garrafas. En los primeros seis meses de 2025 ya se distribuyeron más de 352.000, y se proyecta alcanzar las 500.000. Ese crecimiento no refleja eficiencia, sino el agravamiento de la pobreza energética.
Una garrafa por mes, si se puede y si llega
El programa establece un precio oficial de $6.000 (julio 2025), pero sólo en operativos puntuales y en lugares fijos. No hay reparto domiciliario. Las garrafas no pueden transportarse en colectivo, y muchas veces los puntos de entrega no cubren todos los barrios. Quienes no acceden deben pagar entre $15.000 y $25.000 por unidad en estaciones o camiones distribuidores.
A la vez, los usuarios conectados a la red de gas natural pagan, en promedio, solo el 43% del costo real del servicio gracias a subsidios. Esta diferencia acentúa la desigualdad y castiga a quienes más necesitan asistencia.
¿Cuántos hogares mendocinos no tienen gas por red?
Mendoza cuenta con aproximadamente 589.000 hogares. De ellos, solo unos 400.000 están conectados a la red de gas natural. Eso significa que más de 180.000 familias —3 de cada 10— dependen de garrafas, leña o electricidad para cocinar y calefaccionarse.
En lugar de avanzar hacia la ampliación de la red o soluciones modernas de abastecimiento, se ha consolidado una política de emergencia sostenida, sin resolver las causas de fondo.
Recursos que existen, soluciones que no llegan
La provincia produce gas, cuenta con plantas de GNL, camiones criogénicos y capacidad técnica para implementar soluciones como redes comunitarias, tanques compartidos o gasoductos virtuales. Incluso se diseñó un proyecto para abastecer con GNL a Uspallata desde Anchoris —con financiamiento del BID— pero nunca se ejecutó.
Departamentos como La Paz, Lavalle, Santa Rosa, Malargüe, Alvear y zonas de montaña como Cacheuta o el Manzano Histórico siguen esperando obras que no figuran en el presupuesto 2025. Solo se proyectan partidas para logística, operativos y subsidios temporales.
Gas Natural Licuado (GNL): un recurso desaprovechado
Mendoza cuenta con instalaciones de Gas Natural Licuado (GNL) en Anchoris y Malargüe, tecnología criogénica y camiones preparados para transporte. Esta infraestructura permitiría abastecer zonas sin red mediante gasoductos virtuales, tanques comunitarios o estaciones móviles de regasificación.
El ejemplo más representativo fue el proyecto anunciado en 2020 para implementar el primer "gasoducto virtual" del país. La iniciativa —diseñada por la empresa estatal EMESA con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo— consistía en transportar GNL desde Anchoris hasta Uspallata, donde sería regasificado y distribuido mediante una red domiciliaria. El proyecto fue presentado públicamente como una innovación energética modelo para zonas sin conexión convencional.
Sin embargo, cinco años después, no se concretó ni una sola conexión. El gasoducto virtual sigue siendo una promesa incumplida, frenada por la falta de decisión política y de prioridades claras.
Propuestas con decisión política para revertir la exclusión energética
No se trata sólo de soluciones técnicas: hace falta voluntad política para garantizar el derecho al acceso energético. Estas son algunas medidas urgentes y posibles:
- Promover una Ley Provincial de Abastecimiento Energético para Zonas Vulnerables, que obligue al Estado a llevar soluciones permanentes a hogares fuera de red.
- Tanques comunes o gasoductos virtuales como el diseñado para Uspallata.
- Estaciones móviles de regasificación.
- Garantizar una tarifa social automática para hogares sin conexión a la red, sin intermediarios ni requisitos discrecionales.
- Redireccionar parte del actual Fondo de Infraestructura Provincial (ex Fondo de Portezuelo del Viento) para financiar exclusivamente obras de gasificación en zonas rurales y de montaña.
- Fortalecer los mecanismos provinciales de fiscalización de precios para impedir la cartelización del mercado del gas envasado y sancionar abusos comerciales.
- Exigir a ECOGAS el cumplimiento estricto de su pliego de concesión, garantizando que las obras de extensión de red e inversión en infraestructura no recaigan sobre desarrolladores privados, especialmente en zonas sin poder adquisitivo. El crecimiento del servicio no puede depender de la capacidad económica de los barrios, sino del deber de servicio público de la empresa concesionaria.