Bullying escolar: lo que ningún padre debería ignorar

La reciente sentencia judicial en Mendoza, que condena al Estado provincial a indemnizar con más de 4 millones de pesos a la familia de una niña víctima de bullying, no es solo un hecho jurídico. Es un llamado urgente a revisar la manera en que concebimos la educación, la prevención y la responsabilidad institucional. Porque el bullying no es nuevo. Todos lo hemos vivido: como víctimas, como testigos o, en algunos casos, como agresores educados en una cultura que lo normalizaba.

Pero hoy la ley habla. Y exige.

Una sentencia ejemplar con nombre y contexto

El fallo, dictado por la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco, reconoció la responsabilidad de la Dirección General de Escuelas por el daño sufrido por una niña de 11 años que fue hostigada durante meses en una escuela de Godoy Cruz. No se trató de un "episodio aislado", sino de una violencia sistemática: insultos, empujones, burlas constantes, también en redes sociales.

Los padres presentaron notas, pidieron reuniones, denunciaron lo que pasaba. La escuela respondió con actas, promesas y comentarios pedagógicos. Nada cambió. La niña terminó internada, diagnosticada con trastorno de ansiedad, con un 20% de incapacidad emocional según pericia oficial.

Y entonces la Justicia dijo: basta.

Qué dice el derecho cuando las escuelas no actúan

El Código Civil y Comercial (art. 1767) establece que el Estado es responsable por los daños que genera, pero también por los que no evita cuando debió hacerlo. No hace falta demostrar dolo o mala fe. Basta probar el daño y la omisión. En este caso, la omisión institucional.

La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina (art. 75 inc. 22), obliga a proteger a los menores contra toda forma de violencia, física o mental. La Ley 26.892 de Convivencia Escolar obliga a cada establecimiento, público o privado, a tener protocolos reales y eficaces para abordar el acoso. No folletos. No circulares. Intervención concreta, profesional y urgente.

Las escuelas privadas también responden

Cuando una familia paga una cuota mensual, contrata un servicio educativo. Esa relación está protegida por la Ley de Defensa del Consumidor (24.240). Si el colegio no garantiza seguridad, trato digno y prevención de daños, incurre en infracción. La omisión frente al bullying es una violación al art. 5 (deber de seguridad) y art. 8 bis (trato digno).

Por eso, ante la falta de acción, los padres pueden reclamar también en sede administrativa (Defensa del Consumidor) y no solo en el ámbito educativo.

Bullying digital: el nuevo terreno del daño

Hoy el bullying no termina en el aula. Sigue en WhatsApp, en Instagram, en TikTok. Se comparten fotos, videos, burlas. La agresión se vuelve permanente, viral, masiva. La escuela ya no puede decir "no pasó dentro del establecimiento". El vínculo pedagógico se extiende a todo el ecosistema social del estudiante.

Por eso, el fallo de Mendoza tiene valor doble: muestra que la Justicia entiende el daño y, además, reconoce que el rol escolar no termina cuando suena el timbre.

Padres: cómo exigir que la escuela intervenga

Cuando un niño o niña sufre bullying, las familias deben saber que no están solas. Estos son los pasos concretos para reclamar:

• Escuchar y registrar lo que cuenta el menor. Anotar fechas, lugares, situaciones.
• Reunir pruebas: mensajes, capturas, videos, testigos.
• Solicitar por escrito una reunión con directivos y gabinete. Exigir que se labre acta.
• Pedir que se active el protocolo de intervención. Está establecido por ley.
• Solicitar copia del acta, seguimiento y acciones tomadas.
• Si no hay respuesta, escalar: ir al Ministerio, Supervisión o Dirección de Nivel.
• En escuelas privadas, reclamar también ante Defensa del Consumidor.
• En caso de daño grave, iniciar acción judicial. Basta con demostrar que el hecho ocurrió y que la institución no actuó.

La comunidad también tiene una responsabilidad

El bullying no es solo un problema entre chicos. Es una falla estructural: en la formación, en la gestión institucional, en la cultura escolar. Y muchas veces, es una violencia permitida por omisión.

Como adultos, no podemos mirar para otro lado. Como instituciones, no podemos quedarnos en la "prevención discursiva". Y como Estado, debemos exigir que las escuelas sean entornos de cuidado real, no solo de enseñanza.