"Tarifas eléctricas: una crisis para comercios y pymes en Mendoza"

En Mendoza, los pequeños comercios y las PYMEs enfrentan una crisis que no tiene que ver con una escasez de energía, sino con el impacto devastador de los constantes aumentos en la tarifa eléctrica y todos sus componentes. La tarifa General (G1), que abarca a estos sectores, ha experimentado incrementos desproporcionados que no solo superan los índices de inflación, sino que también han sido diseñados para inflar artificialmente las ganancias de las distribuidoras, a costa de los usuarios.

Un análisis técnico: la realidad de la tarifa y sus componentes

 

• Entre febrero de 2024 y enero de 2025, los ajustes tarifarios de la categoría G1 alcanzaron niveles alarmantes:
• Cargo Fijo: Subió de $7.063,357 a $13.453,938, registrando un aumento del 90,5%.

• Cargo Variable: Pasó de $116,1337 por kWh a $204,1504 por kWh, con un incremento del 75,8%.

 

En contraste, la inflación acumulada durante el mismo período de los cuadros tarifarios Febrero 2024 hasta Septiembre 2024 fue 67,12%, y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) reflejó variaciones mucho menores. Esto evidencia que los aumentos en las tarifas eléctricas no tienen justificación económica ni técnica y están completamente desconectados de los costos reales del servicio.

Mendoza: la electricidad más cara del país

La situación en Mendoza es crítica, ya que se ha convertido en una de las provincias con la electricidad más cara de Argentina. Este problema afecta tanto al turismo como a los propios habitantes, quienes deben destinar una mayor proporción de sus ingresos para cubrir costos de energía.

Esta realidad es producto de decisiones políticas como la prórroga del contrato de concesión de EDEMSA hasta 2048, que se otorgó 20 años antes de su vencimiento sin competencia. Este acuerdo redujo el canon del 10% al 6%, garantizando un servicio más caro, de menor calidad y cargado de sospechas de corrupción. Además, se trasladaron los costos de inversiones a los usuarios, profundizando la injusticia tarifaria.

Comercios y PYMEs: el motor económico, en jaque

Los pequeños comercios y las PYMEs han sido los más golpeados. La tarifa G1, que se aplica a este sector, fue diseñada con la premisa de que los incrementos podrían trasladarse a los precios de productos y servicios. Sin embargo, con la inflación desacelerándose y un mercado estancado, esta transferencia no ha sido posible. En lugar de aumentar ingresos, muchos negocios han visto cómo sus márgenes se reducen drásticamente, enfrentando un verdadero desafío para sostenerse.

Por ejemplo, un comercio que en febrero de 2024 pagaba $7.063,357 como cargo fijo ahora debe destinar $13.453,938, lo que representa un incremento que excede por mucho cualquier ajuste razonable basado en la inflación o los costos mayoristas.

Nuevos aumentos en el horizonte

A pesar de esta situación insostenible, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) ya anticipó un nuevo ajuste en febrero de 2025. Aunque se habla de "ajustes menores", la experiencia demuestra que los aumentos acumulados no son menores para los pequeños negocios, que enfrentan costos energéticos desproporcionados en un contexto de ingresos cada vez más bajos.

El cambio que Mendoza necesita

El Gobierno Provincial y el EPRE deben replantear sus políticas tarifarias de manera urgente. No es aceptable que los aumentos sigan basándose en decisiones arbitrarias que benefician únicamente a las distribuidoras. Las tarifas eléctricas deben ajustarse a los indicadores económicos reales, como la inflación y el IPIM, y garantizar un equilibrio justo para todos los usuarios.

Mendoza no tiene una crisis energética; tiene una crisis tarifaria que está asfixiando a comercios y PYMEs, los motores de nuestra economía local. Se debe trabajar con responsabilidad, revisar los contratos de concesión y priorizar el bienestar de los mendocinos. Si no se toman medidas ahora, las consecuencias serán devastadoras para la economía provincial.

Mario Vadillo
Abogado especialista en defensa del consumidor