Caso Solange Musse: piden agravar la imputación a funcionarios a "detención ilegal"
El abogado de la familia solicitará agravar la imputación a médico y asistente social por impedir el ingreso a Córdoba del padre de Solange Musse en pandemia.

En plena pandemia, las autoridades provinciales le impidieron a Pablo Musse ingresar a Córdoba para despedirse de su hija Solange Musse, quien atravesaba la etapa terminal de un cáncer.
El juicio por la muerte de Solange Musse, la joven de 35 años que padecía cáncer de mama en etapa avanzada y falleció en Alta Gracia durante la pandemia, dio un nuevo giro. El abogado de la familia confirmó que este viernes pedirá agravar la imputación y que los funcionarios implicados sean juzgados también por privación ilegítima de la libertad.
El letrado Carlos Nayi explicó que solicitará que la causa se recaratule y se agrave la acusación contra el médico Eduardo Andrada y la trabajadora social Analía Morales, actualmente procesados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Te Podría Interesar
“Pediremos que se incluya la figura de vejámenes y detención ilegal calificada”, anticipó Nayi, al tiempo que adelantó que se espera la declaración de siete testigos vinculados al operativo de control sanitario realizado en Huinca Renancó, provincia de Córdoba.
El caso del Solange Musse
El caso se remonta a agosto de 2020, cuando las autoridades le impidieron a Pablo Musse ingresar a Córdoba para despedirse de su hija. Según la fiscalía a cargo de Julio Rivero, los acusados desoyeron la normativa vigente que establecía que en circunstancias “impostergables” debía garantizarse el traslado asistido hasta el domicilio de la persona en situación crítica.
“Vivo el juicio con incertidumbre, pero con la esperanza de que serán juzgados como corresponde, sobre todo porque decide un jurado popular”, expresó Pablo Musse en declaraciones a NA.
Solange murió el 21 de agosto de aquel año, sin poder reencontrarse con su padre. La familia insiste en que las decisiones adoptadas por los funcionarios significaron no solo un acto de arbitrariedad, sino también una vulneración a los derechos humanos más básicos.