Uno de los delitos más aberrantes que hay es aquel de índole sexual. Y es que uno puede entender que un tipo –o una mina– te afane la billetera, el auto, el plasma o la tierra de tus ancestros. Uno puede entender que alguien se afane la bóveda de un banco, la recaudación de un taxista o que evada impuestos o pague en negro a sus empleados.

Ahora bien, difícil resulta ser razonable cuando el delincuente quita la vida a una persona o la ultraja sexualmente. Esto hasta los mismos presos lo saben y de aquí que los “violines” –como se llama en la jerga a los delincuentes sexuales– no sean especialmente respetados en las cárceles.

Ahora bien, resulta que Mendoza está en boca de todo el mundo porque el gobierno, junto a un comité científico, le dio vía a un decreto –polémico– para habilitar la castración química destinada a delincuentes sexuales. Uno de los integrantes del referido comité científico es Rubén Contreras, psiquiatra. Con él, ahondaremos en este tema, que, por cierto, seguirá dando mucho que hablar.


- Empecemos por el final, porque hay una confusión muy grande: en síntesis, ¿de qué se trata todo este asunto?

- Es un proceso complejo, no se trata simplemente de inhibir farmacológicamente a alguien. Acá lo importante es transmitir que el delincuente sexual no es un psicópata, sino que está rodeado de un montón de situaciones que lo han llevado a cometer ese delito, como por ejemplo abusos sufridos por él mismo y situaciones de inseguridad y baja estima que suelen caracterizarlos. El que ataca sexualmente no lo hace para satisfacer un goce sexual, sino para expresar su violencia.

- Y el proyecto lo que hace es prácticamente obligarlo a someterse a un tratamiento de castración…

- Cuando una persona cae presa, accede a la progresividad de la pena. O sea: a los beneficios luego de dos tercios de condena cumplida, si tiene buena conducta. Con este decreto, el individuo no podrá acceder a beneficios si no se somete al tratamiento.

- O sea que no le va a quedar otra que someterse…

- Si opta, sí, pero no se trata solamente de lo farmacológico, el tratamiento comienza cuando ingresa a la cárcel. Esto no es un beneficio –como algunos creen– sino una condición más para acceder al beneficio. En los medios está apareciendo lo de la castración, pero se trata de un abordaje interdisciplinario para el criminal, con impronta en lo social, lo inclusivo, farmacológico, lo psicológico y lo psiquiátrico.

- El seguimiento de la situación social es importante, pero jamás lo trabajan debidamente desde el Estado.

- En la historia de los delincuentes sexuales hay una integración de lo social en sus conductas que resulta definitoria de sus acciones. Está claro que ellos no integran sus acciones adecuadamente con las pautas sociales. Por eso, digo que en todo esto la castración es un tema más dentro de un proceso terapéutico.

- Van a tener que cambiar la ley Ley Nacional 24.660 y su correspondiente provincial, porque según ellas también los delincuentes sexuales tienen derecho a obtener beneficios si tienen buen concepto.

- Ahora habrá un cambio: van a poder a poder acceder a la progresividad de la pena, a los beneficios, siempre que estén dentro de un tratamiento. La medida es optativa, se pueden acceder o no. Ahora, además de portarse bien, tendrán que seguir un tratamiento. Aparte, si es drogadicto o alcohólico esto se suma a su tratamiento. En síntesis, esto es una condición, no un beneficio y no facilita la salida, sino que la condiciona aún más.

- ¿Cuándo empezarían a tomar las pastillas o a inyectarse los inhibidores?

- Cuando comiencen a hacer salidas domiciliarias, luego de cumplir con los dos tercios de sus condenas y con el tratamiento previo aprobado. Antes de esto, hay todo un proceso, un diagnóstico inicial y todo un tratamiento desde que ingresa a la institución. Se los abordará desde lo penitenciario y desde lo específico de cada caso. Hablamos tal vez de entre 4 y 8 años dentro de un tratamiento específico antes de llegar a la medicación.

- ¿Quiénes no ingresarían aunque lo quieran?

- Los intratables, los psicópatas. Y tampoco los inimputables, los sicóticos, que están alojados en un neurosiquiátrico y no en cárcel.

- ¿Qué supone el tratamiento desde lo farmacológico?

- Se trata de suministrar psicofármacos, bloqueadores hormonales u hormonas femeninas, según lo que cada caso requiera.

- ¿Son pastillas o inyecciones?

- Son pastillas o inyecciones, que pueden actuar a nivel de los neurotransmisores o pueden ser bloqueadores hormonales o directamente actuar en los testículos.

- ¿Es verdad que luego de tres semanas sin medicación el organismo vuelve a cero, como si nada hubiese pasado?

- Técnicamente sí, porque las hormonas se recuperan. Si el individuo pasa entre 15 y 21 días sin medicación, vuelve a cero.

- Y si ya está en libertad, con su pena cumplida, ¿puede dejar el tratamiento? 

- Si quiere, no la toma más, pero el asunto es que tanto él como su familia y su barrio tomen conciencia. Seguir el tratamiento o no corre por su cuenta. Lo importante es que el individuo reconozca cómo es. Normalmente, se trata de gente impulsiva, agresiva, machista, quizás con rasgos sádicos respecto del sexo femenino o impotentes e inseguros. En todos los casos, el objetivo no es la satisfacción orgásmica. Este no es el eje, sino, por ejemplo, la liberación de la violencia.

- Si está medicado y su libido se encuentra disminuida, ¿no se corre el riesgo de que en lugar de violar a la víctima desee matarla?

- El tratamiento integral busca que el agresor se frene antes de cometer el delito. La violación más frecuente es la impulsiva, es como una descarga, casi siempre neurológica. Son personas que tienen dificultades en el temporal izquierdo y el frontal y que manifiestan la impulsividad. La intención es que, directamente, no cometan el delito.

- Ya tienen interesados…

- Efectivamente, hay once personas interesadas. Seguramente habrá abogados que presentarán a sus clientes y habrá que evaluar los tratamientos en cada caso. Estos tratamientos serán llevados a cabo por profesionales del Ministerio de Salud, porque la faceta más importante comenzará cuando estas personas ya estén en libertad.

- Usted integra un comité de profesionales, ¿quiénes son las otras personas que han trabajado esta singular idea?

- En las reuniones con los ministerios de Gobierno y de Salud estuvieron también Hugo Lupiañez –psicólogo y criminólogo–, Marilyn Fontemacchi –jueza penal de menores–, Alberto Rodríguez ¬sexólogo–, Enrique Reynals –endocrinólogo–, María Patricia Gorra –directora del neuropsiquiátrico El Sauce–, los abogados David Mangiapicco y María Eugenia Fernández y Horacio Mirón, de la Dirección de Promoción del Liberado.

- ¿A todos ellos les ha parecido bien este asunto?

- Sí, claro que sí.