Qué dicen los datos sobre el impacto negativo de la ley de alquileres

Durante el tratamiento de las modificaciones o derogación de la Ley de alquileres sancionada hace apenas dos años, la voz del sector inmobiliario resultó prominente. Aunque el enunciado que sostienen es que "esta ley no le sirvió a nadie", no parecen haber datos que puedan corroborar que el aumento de la renta está asociada a la normativa vigente. Una asociación de la sociedad civil acerca la perspectiva de los inquilinos que avanza hacia la protección de derechos en el debate.

En NCV, de MDZ Radio, hablamos con Pablo Vitale, politólogo y co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organismo que elaboró un comunicado exponiendo no sólo la falta de argumentos de la posición del sector inmobiliario, sino también varias propuestas.

Desde la asociación señalaron una contradicción de base en la ley vigente. "Lo fundamental es que es una ley que depende en su aplicación de quienes se oponían a que saliera. En la medida en que no hay ningún tipo de regulación estatal, se convierte en una profecía auto cumplida ya que los precios suben, pero son las propias inmobiliarias las que los fijan", aseguró Vitale. 

Existen otros factores que explican el aumento de los precios de alquileres que no es la reducción de la oferta de inmuebles. En esta dirección Vitale sostuvo que "hubo un contexto que fue previo a la ley con el decreto 320/2020 que prohibió los desalojos, prolongó los contratos y frenó los aumentos generó una olla a presión que estalló cuando se abrió finalmente el mercado a lo que la ley les fue funcional en el sentido de poder culpar a la ley".

Además el objetivo "era una recuperación de precios que el mercado estaba buscando". Todo esto "se da en una situación de una devaluación muy fuerte lo que significa una brecha muy grande en la rentabilidad para los propietarios entre el precio de dólar y el precio en pesos de los alquileres. Con la intención de vender las propiedades aumentó muchísimo el parque inmobiliario de compra y venta", agregó. 

A pesar que habían muchas propiedades de venta y eso produjo una baja en los precios, las inmobiliarias no vendían lo suficiente y se reorientaron a obtener esa ganancia en el mercado de alquileres. "Pasó lo mismo en el 2015, reconocido por las propias cámaras de inmobiliarias que cobraban dos meses de comisión ilegalmente en la Ciudad de Buenos aires y su argumento es que no tenían mucha entrada por la compra-venta y de alguna manera tenían que recuperar", remarcó el politólogo. 

Actualmente una familia destina entre el 50 y el 60% de sus ingresos al alquiler de una vivienda. Este derecho se lo pone en contradicción con "el derecho a la renta" que tienen los propietarios como si se tratara de "una situación simétrica".

¿Cuáles son las propuestas?

Atendiendo al comunicado de ACIJ, "la solución es más protección, más derechos y mayor involucramiento del Estado en garantizar acceso a la vivienda en alquiler". Para avanzar hacia una modificación o suplantación de la ley de alquileres vigente, proponen:

• Regular el precio inicial del alquiler de vivienda. 
• Garantizar un plazo mínimo de tres años de duración de la locación de vivienda. 
• Disponer un mecanismo público de actualización anual ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos.
• Crear un sistema público de garantías.
• Generar vivienda pública en alquiler con valores desacoplados del mercado.
• Crear un organismo ejecutivo de regulación y control de las relaciones de alquiler.

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