Quién era el ambientalista argentino que fue asesinado en 2020

Quién era el ambientalista argentino que fue asesinado en 2020

Según la ONG Global Witness, el 2020 fue un año con cifras récord de ambientalistas asesinados. Entre ellos un tucumano productor y ambientalista.

MDZ Sociedad

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Defender la biodiversidad y la vida de miles de seres en el planeta, en algunos casos, puede ser letal. Los asesinatos de personas ambientalistas alcanzaron la cifra récord de 227 víctimas fatales en 2020, según denunció este lunes, 13 de septiembre, la ONG Global Witness en su informe anual sobre estos ataques. 

"Casi tres de cada cuatro ataques ocurrieron" en América Central y América del Sur, según el documento presentado. Colombia, con casi la tercera parte de los asesinatos (65), fue, por segundo año consecutivo, el país más letal para ambientalistas. México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17) y otra decena de naciones le siguen en el listado. También figuran en la trágica lista Guatemala (13), Nicaragua (12), Costa Rica (1) y Argentina (1).

227 personas murieron en 2020 por defender el medio ambiente

En 2020, el productor de la provincia de Tucumán Juan Carlos “Cheta” González fue acribillado por el policía retirado Carlos Flores, en el marco de un conflicto territorial. “El martes 15 de septiembre de 2020 González llevó, como cada mañana, sus animales al campo donde había nacido y crecido. De la escopeta del policía retirado Carlos Flores salieron las tres balas que terminaron con su vida. El tirador dijo que fue en defensa propia, pero ‘Don Cheta’ (como se lo conocía) estaba desarmado y fue herido por la espalda mientras se iba en su caballo. Todo ocurrió en El Cevilar, comuna de El Bracho, departamento de Cruz Alta (Tucumán): en las mismas tierras que antaño pertenecieron a Juan José González y que sus herederos legítimos cultivaron toda la vida”, relata la agencia de noticias Tierra Viva.

Cheta vivía con Lidia, su esposa, y con Luis, uno de sus tres hijos. Integraba la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Casi 80 días después, Carlos Flores fue condenado a once años de prisión en un juicio abreviado. El delito fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Por decisión del juez Javier Tomas, el condenado ahora cumple prisión domiciliaria, con dispositivo electrónico, en la casa de una familiar en Horco Molle, localidad distante a unos 40 kilómetros de donde ocurrieron los hechos. 

Un año con cifras récord

La ONG Global Witness lleva la estadística desde 2012 y en los últimos tres años ha registrado un incremento sostenido de estos crímenes (167 en 2018 y 212 en 2019). Este año, pone el foco en "las industrias que están causando la crisis climática y los ataques contra defensores ambientales", como se titula el informe.

Entre las víctimas existen varias coincidencias. El 70% de ellas trabajaban para frenar la deforestación y todas, menos una, vivían en países en desarrollo, 23 personas que buscaban frenar la extracción de madera fallecieron, 20 que se opusieron a la construcción de represas, 17 contra la agroindustria y 17 contra la minería.

"La exigencia de tener las mayores ganancias (...) al menor costo posible parece traducirse eventualmente en la idea de que quienes obstaculizan el proyecto deben desaparecer", anota en el documento el ambientalista estadounidense Bill Mckibben. 

“En un año en el que los países latinoamericanos sufrieron crisis sin precedentes, una constante permaneció: la violencia contra las personas defensoras. América Latina ha sido consistentemente la región más afectada y, con demasiada frecuencia, quienes se pronuncian por su tierra y nuestro planeta deben enfrentar la criminalización de los gobiernos, la intimidación en sus comunidades y el asesinato", sostiene Marina Commandulli, de Global Witness y añade: "Esta violencia sistémica es el resultado de décadas de impunidad para los perpetradores y las empresas que ponen la extracción y las ganancias por encima de la vida humana y nuestro medio ambiente”.

El informe, además, señala que muchos Gobiernos "no están protegiendo a los defensores ambientales: en muchos casos perpetran violencia contra ellos directamente y en otros podrían ser cómplices de empresas" interesadas en silenciar a activistas.

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