La ONU hizo lugar a una denuncia por violencia obstétrica

María decidió ser madre, hizo los controles durante el embarazo, preparó la ropa del bebé, pensó cómo nombrarlo, acarició su panza, una normalidad que se rompió, como su cuerpo y sus emociones, cuando fue a parir y fue víctima de violencia obstétrica, y se convirtió, muy a su pesar, en la primera argentina en llegar a la ONU reclamando una reparación.

Ella es psicóloga y aceptó hablar con Télam con la condición de preservar su identidad -de modo que el nombre que aparece en esta nota es ficticio-. Es generosa en su relato y más generosa cuando comparte que decidió recurrir a instancias internacionales porque, cuando comenzó a investigar si otras embarazadas habían sido violentadas, se conmovió e impactó "por las cantidad de casos".

"Empecé a ver online relatos de otras mujeres. Me indigné, no puede ser esta impunidad. Me da fuerzas que pueda haber una reparación, que lo que me pasó, movilice algo para cambiar la situación", invoca.

Sigue con la historicidad y los detalles de la violencia que se remonta a febrero de 2018, cuando llegó a un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires, con su compañero, a parir a su hijo que hoy tiene 2 años y 10 meses.

"Iba a controles cada vez que me lo pedían, hacía clases de yoga, con la panza grandota seguía haciendo voluntariado en una organización que acompaña a personas en situación de calle, trabajaba en la consulta privada y en el centro de salud. Es decir, llegué muy bien a la internación que fue programada", relata.

Llegó al sanatorio a las 9.30, tal como le había pedido la obstetra y ginecóloga que la atendió el día anterior, cuando le había adelantado que le harían "una inducción para que nazca el bebé".

La partera, a quien yo había visto de paso alguna vez, me puso una línea, se me inflamó la mano, me quedó un hematoma. Después vino con un palito, intentando romper la bolsa. Me hizo tacto varias veces y me llevó a la sala de parto, donde no dejaron entrar a mi compañero", continúa.

En la sala "estaba sola con el anestesista y la partera, que le dice que yo no tengo tolerancia al dolor, porque me pedía que me sentara con la cabeza gacha, que hiciera fuerza hacia abajo y yo me sentía mal".

"Entro en estado de microsiesta. Me desperté y había un montón de gente en la sala. Al único que reconocí fue a mi compañero", rememora mientras recuerda un reloj que tenía enfrente y que fue marcando los minutos del maltrato. "La partera hizo fuerza con sus antebrazos sobre mi panza, como intentando bajar al bebé. Grité. Mi compañero estaba paralizado, y ella le decía: 'La tengo que ayudar porque no sabe hacer fuerza'", recordó.

Lo que hizo la partera, luego lo supo María cuando comenzó a indagar, es la Maniobra de Kristeller, que consiste en ejercer presión sobre el abdomen de la mujer con el supuesto fin de facilitar la salida del feto por el canal de parto. "En cuanto a la presión fúndica del útero (Maniobra de Kristeller) no hay evidencia que avale que deba ser realizada; es más, puede ser perjudicial tanto para el útero como para el periné y el feto", se lee en la Guía para la Atención del Parto Normal en Maternidades, del Ministerio de Salud.

"Nunca me explicaron lo que hicieron antes y durante el parto", destaca María, un derecho de toda mujer. Ella sigue con dolores intensos que se mantienen un año, durante el cual se constata que "el dolor era a causa de una fractura en la rama pélvica y por ese diagnóstico tardío se generó una trocanteritis", la inflamación de la parte lateral de la cadera, en su caso del lado derecho.

Hay más detalles sobre el deterioro físico de esta mujer de 39 años que llegó sana a parir, que son innecesarios acá, pero que fueron detallados con las pruebas correspondientes en la presentación que hizo la ONG Las Casildas, en conjunto con el equipo de litigio en derechos humanos de Justicia y Reparación.

El martes de esta semana realizaron el primer pedido de reparación por violencia obstétrica de una argentina ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas. La petición -técnicamente denominada comunicación- se solicitó a causa de la imposibilidad de acceder a la justicia en el país.

"Todo trámite es online. Hice la denuncia ante la Consavig (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género). Allí me derivaron al Inadi, pero no pasó nada. También a la Defensoría del Pueblo de la Nación y me derivaron al Ministerio Publico Fiscal. El sanatorio presentó un equipo de abogados que negaron todo. Yo no tenía abogado, a pesar de buscar, ni plata para pagar uno", es el resumen de su intento de encontrar justicia.