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Juegos clandestinos: las agencias de quiniela de Mendoza siguen sin ser oficiales

Un atraso de más de dos décadas les impide contar con la disponibilidad de sus agencias, ya que funcionan con una autorización precaria, renovable cada cinco años. La Dirección de Juegos y Casinos aduce demoras a la revisión detallada de los casi cuatrocientos expedientes varados en Asesoría Letrada.
Foto: Alf Ponce / MDZ
Foto: Alf Ponce / MDZ
En Twitter: @horayacante

Desde hace más de dos décadas, las casi 290 agencias de quiniela y lotería de Mendoza funcionan con un permiso precario renovable cada 5 años, que las limita en su propiedad y las mantiene en la ilegalidad, de acuerdo a la ley provincial Nº 6.362.

En contraposición de la creencia popular, ninguna de las agencias de Mendoza tiene el carácter de oficial, ya que la titularización no ha sido otorgada por ninguno de los gobiernos que se sucedieron desde la sanción de la ley en 1995.

Desde la Dirección de Juegos y Casinos, a cargo de Nidia Martini, aseguraron que la situación se encuentra próxima a resolverse en los meses de noviembre y diciembre. Aducen que el atraso se ha producido por la complejidad de los 400 expedientes presentados a Asesoría Letrada.

Alberto Silvestrelli, presidente de AMAJO (Asociación Mendocina de Agentes de Juegos Oficiales), organización que aglutina a las 290 agencias y más de 1.200 subagencias que funcionan en la provincia, afirma que esta situación de precariedad es el resultado de la burocracia estatal que se ha prolongado durante los últimos gobiernos y que atenta contra la libre disposición de sus bienes.

La falta de titularización de las agencias les impide a sus propietarios poder venderlas ni cederlas, ya que el permiso provisorio que les otorgan tiene una validez de sólo cinco años y limita su disponibilidad.

Silvestrelli, lamenta esta situación que “sólo beneficia la actividad de las quinielas clandestinas” y “atrasa a la actividad, en comparación con el resto de las provincias”.

Además de la ley sancionada en 1995 y puesta en vigencia en durante el inicio del gobierno de Arturo Lafalla, los agenciaros cuentan con dos resoluciones a su favor dictadas en agosto y diciembre de 2011.

Si bien se han mantenido expectantes a que se resuelva esta situación, no descartan que en el caso de que no se cumpla el nuevo plazo, se analice la posibilidad de iniciar una acción legal contra el Gobierno.