Acusado de "armar" la causa del crimen, el fiscal Giunta abandonó el caso Cardoso
Envió el expediente a la Fiscalía de Delitos Complejos. Ahora será Daniel Carniello el responsable de la investigación por la muerte del adolescente. Giunta deberá enfrentar una denuncia por haber inventado testigos y tendrá que responder a los informes negativos sobre su accionar que elaboró la Corte.
El fiscal de Maipú-Luján Fernando Giunta tiene a dos abogados que intentan defenderlo de las acusaciones que hay en su contra. No sólo está sospechado de inventar testigos de identidad reservada para “esclarecer” el caso por la muerte de Matías Cardoso; también está en vilo por los informes desfavorables que aparecen en el sumario administrativo que la Corte inició de oficio. Y hasta el momento, todo indica que Giunta llevó adelante una serie de irregularidades procesales y administrativas que, además de ser pasibles de sanciones internas, podrían derivar en un jury que termine con su destitución.
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Acosado por la evidencia, Giunta decidió abandonar el expediente Cardoso y enviarlo a una Fiscalía de Delitos Complejos, donde se analizará cada uno de los pasos dados y se revalorizarán las pruebas cuya veracidad está en duda.
De acuerdo con los datos originales de la causa, Matías Cardoso fue golpeado cerca de un cauce de riego y luego arrojado al agua. La necropsia confirmó que el chico se ahogó, pero nunca hubo pruebas concretas que demostraran que había participado de una gresca.
Desde el principio, la investigación estuvo plagada de indicios que alimentaron la hipótesis del homicidio. Sin embargo, al no poder hilvanar esos datos, Giunta habría apelado a un grupo de personas que fueron incluidas en el expediente como testigos de identidad reservada.
Uno de ellos fue Ricardo Ferreyra Ervidia, actualmente prófugo y acusado de cometer un doble asesinato. Se trata de un sujeto con una larga lista de antecedentes, que había sido dejado en libertad por el mismo Giunta apenas unos días antes de aparecer como testigo clave en la causa Cardoso.
Antes de desaparecer, Ferreyra Ervidia denunció al fiscal Giunta y aseguró que tanto el magistrado como unos efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal y de la Comisaría 11 lo obligaron a “colaborar” bajo amenaza de muerte. Misteriosamente, a esa altura Giunta había desplazado a toda la Unidad Investigativa de Luján, que inicialmente tuvo a cargo la pesquisa.
Ya sin acceso al expediente, los detectives de Luján fueron los primeros en cuestionar el accionar del fiscal, aunque recién declararon hace unos días, después de ser citados por la fiscal especial Claudia Ríos, a cargo de la investigación de este hecho.
También se conoció la versión del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Eduardo Bauzá, y se giraron oficios para que el actual ministro de la cartera, Carlos Aranda (en ese momento a cargo de Inteligencia) y el ministro de Seguridad de la época, Carlos Ciurca (actualmente en Desarrollo Humano) presenten sus declaraciones por escrito.
Los testimonios sirvieron para corroborar que los efectivos de la DIC incorporaron como testigo a una persona que ya había cobrado dinero en la misma causa como “informante policial”. Es un sujeto conocido como “Richard Acosta”, cuyo nombre apareció más tarde en una lista de personas que pretendían cobrar una recompensa por oficiar de testigos encubiertos.
Las declaraciones de Ferreyra y de Acosta fueron cotejadas con el resultado de una inspección hecha en el lugar donde supuestamente ocurrió la pelea entre Cardoso y el único imputado –y detenido- que tiene la investigación. La medida ordenada por Claudia Ríos confirmó que los supuestos testigos no son fiables y que prácticamente fue imposible observar algo desde la posición en la que dijeron que estaban.
A partir de ese momento, comenzaron las especulaciones sobre el futuro de la causa. Se habló de presiones hacia la fiscal Ríos para imputar únicamente a los policías y pedir el sobreseimiento del fiscal, cuya sanción sería meramente administrativa. Sin embargo, una nueva investigación por la muerte de Cardoso (la haría el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello) podría confirmar que, efectivamente, Giunta inventó una historia a partir de testigos falsos, y que terminó con una persona imputada por homicidio sin pruebas verdaderas.
Antes de desaparecer, Ferreyra Ervidia denunció al fiscal Giunta y aseguró que tanto el magistrado como unos efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal y de la Comisaría 11 lo obligaron a “colaborar” bajo amenaza de muerte. Misteriosamente, a esa altura Giunta había desplazado a toda la Unidad Investigativa de Luján, que inicialmente tuvo a cargo la pesquisa.
Ya sin acceso al expediente, los detectives de Luján fueron los primeros en cuestionar el accionar del fiscal, aunque recién declararon hace unos días, después de ser citados por la fiscal especial Claudia Ríos, a cargo de la investigación de este hecho.
También se conoció la versión del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Eduardo Bauzá, y se giraron oficios para que el actual ministro de la cartera, Carlos Aranda (en ese momento a cargo de Inteligencia) y el ministro de Seguridad de la época, Carlos Ciurca (actualmente en Desarrollo Humano) presenten sus declaraciones por escrito.
Los testimonios sirvieron para corroborar que los efectivos de la DIC incorporaron como testigo a una persona que ya había cobrado dinero en la misma causa como “informante policial”. Es un sujeto conocido como “Richard Acosta”, cuyo nombre apareció más tarde en una lista de personas que pretendían cobrar una recompensa por oficiar de testigos encubiertos.
Las declaraciones de Ferreyra y de Acosta fueron cotejadas con el resultado de una inspección hecha en el lugar donde supuestamente ocurrió la pelea entre Cardoso y el único imputado –y detenido- que tiene la investigación. La medida ordenada por Claudia Ríos confirmó que los supuestos testigos no son fiables y que prácticamente fue imposible observar algo desde la posición en la que dijeron que estaban.
A partir de ese momento, comenzaron las especulaciones sobre el futuro de la causa. Se habló de presiones hacia la fiscal Ríos para imputar únicamente a los policías y pedir el sobreseimiento del fiscal, cuya sanción sería meramente administrativa. Sin embargo, una nueva investigación por la muerte de Cardoso (la haría el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello) podría confirmar que, efectivamente, Giunta inventó una historia a partir de testigos falsos, y que terminó con una persona imputada por homicidio sin pruebas verdaderas.