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ART en la mira: imputaron por estafa a cuatro abogados mendocinos y a un médico
Tres abogados son dueños de un estudio jurídico que, en menos de dos meses, presentaron más de 400 pedidos de acuerdos por enfermedades como lumbalgia o pérdida de capacidad auditiva. El médico está acusado de falsificar los certificados. El abogado restante, representa a una de las aseguradoras.
Un breve repaso a la historia: un grupo de abogados pertenecientes a un mismo estudio jurídico comenzó a presentar centenares de acuerdos entre trabajadores y diferentes Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, para el pago de indemnizaciones por “enfermedades profesionales no listadas”. Se trataba, al parecer, de pacientes con dolencias en la espalda o pérdida parcial de la capacidad auditiva. Los acuerdos eran presentados en la Justicia Laboral de Mendoza para conseguir una pronta homologación y así evitar el control de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. De cada uno de esos arreglos, los abogados se llevaban un porcentaje importante en concepto de honorarios. No había juicio, no había demasiadas pericias médicas y el dinero se cobraba de manera rápida y segura. Se trataba de un monto millonario que dejaba conforme a todas las partes.
Desde las Cámaras de Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia habían advertido que detrás de esa cantidad inusual de pedidos de homologación existía una irregularidad. Y la justicia penal confirmó esas sospechas. El “negocio perfecto” no es más que un fraude. La fiscal Daniela Chaler imputó a los abogados Diego Sánchez Azcona, Adrián Caballero y Sergio Ospitaletche por estafa.
La acusación, por el momento, es “en grado de tentativa”, porque los acuerdos que fueron evaluados y peritados por la SRT no llegaron a ser homologados. De los más de 400 acuerdos presentados por estos abogados -y que están siendo objeto de revisión- los primeros 13 que fueron analizados estuvieron fundamentados en certificados de salud falsos. Por esa razón, también hay un médico imputado. Se llama Emilio Rubotti y fue quien confirmó que todos los demandantes tenían algún tipo de dolencia.
La conclusión redactada por el Consejo Médico Central (dependiente de la SRT) fue la prueba más concreta en que se basó la Justicia para darle forma a las imputaciones. Los 13 pacientes no estaban enfermos. No tenían problemas auditivos ni padecían lumbalgias.
En menos de 60 días, sólo las Cámara Laborales del Gran Mendoza habían recibido pedido de homologación de acuerdos por más de 3 millones de pesos; un dato que sirve para dimensionar cuánto dinero se estaba manejando en esta movida que se extiende al resto de las provincias. En todos los casos, se había decidido acudir a la Justicia para evitar el control de la Oficina de Homologación y Visado de la SRT, donde, tal vez, hubiesen sido descubiertos los certificados médicos falsos.
En un primer momento, se pensó que esta maniobra estaba patrocinada por la mismas ARTs. A través de este tipo de acuerdo, tenían la posibilidad de acceder a un fondo fiduciario creado específicamente para pagar a los trabajadores que padecen trastornos hipoacúsicos o dolores musculares como la lumbalgia. Ese dinero podía volver a manos de las empresas de dos maneras: o con el visto bueno de la Consejo Médico Central o con una autorización judicial.
En ese cuadro de situación, los abogados de los trabajadores y los representantes de las aseguradoras optaron por la segunda opción. Por lo general, como era un acuerdo entre partes y sin litigiosidad, los jueces laborales ponían la firma y listo. Así, se evitaban los trámites requeridos por el organismo de control específico.
Si bien este movimiento todavía no fue confirmado, desde la SRT y desde la justicia penal siguen con la mira puesta en las ARTs. Si el objetivo no era sacar dinero del fondo fiduciario, no se descarta que hayan existido “arreglos” para que los abogados de las compañías aseguradoras también se llevaran un porcentaje de las indemnizaciones. Hacia uno de esas posibilidades apuntó la cuarta imputación de Daniela Chaler. Es contra Elías Gustavo Mansur, abogado de la La Caja.
Lo llamativo en esta historia es que, a pesar de haber sido perjudicadas para pagar indemnizaciones a partir de certificados médicos truchos, ninguna ART se presentó como querellante en la causa penal. Sus representantes aportaron pocas pruebas, faltaron a las citaciones cuando se los convocó como testigos e hicieron de cuenta de que el dinero que pagaron o que estuvieron por pagar no era de ellos.
En un primer momento, se pensó que esta maniobra estaba patrocinada por la mismas ARTs. A través de este tipo de acuerdo, tenían la posibilidad de acceder a un fondo fiduciario creado específicamente para pagar a los trabajadores que padecen trastornos hipoacúsicos o dolores musculares como la lumbalgia. Ese dinero podía volver a manos de las empresas de dos maneras: o con el visto bueno de la Consejo Médico Central o con una autorización judicial.
En ese cuadro de situación, los abogados de los trabajadores y los representantes de las aseguradoras optaron por la segunda opción. Por lo general, como era un acuerdo entre partes y sin litigiosidad, los jueces laborales ponían la firma y listo. Así, se evitaban los trámites requeridos por el organismo de control específico.
Si bien este movimiento todavía no fue confirmado, desde la SRT y desde la justicia penal siguen con la mira puesta en las ARTs. Si el objetivo no era sacar dinero del fondo fiduciario, no se descarta que hayan existido “arreglos” para que los abogados de las compañías aseguradoras también se llevaran un porcentaje de las indemnizaciones. Hacia uno de esas posibilidades apuntó la cuarta imputación de Daniela Chaler. Es contra Elías Gustavo Mansur, abogado de la La Caja.
Lo llamativo en esta historia es que, a pesar de haber sido perjudicadas para pagar indemnizaciones a partir de certificados médicos truchos, ninguna ART se presentó como querellante en la causa penal. Sus representantes aportaron pocas pruebas, faltaron a las citaciones cuando se los convocó como testigos e hicieron de cuenta de que el dinero que pagaron o que estuvieron por pagar no era de ellos.