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Trampas en la Justicia Federal mendocina: así intentan zafar los jueces imputados

Otilio Romano y Luis Miret quieren frenar a cualquier precio las causas en su contra. De los dos, el caso de Romano es el más llamativo. Inventó problemas de salud y apeló a sus amigos para que garanticen su impunidad. Y logró algo inédito: en el Consejo de la Magistratura, kirchneristas y radicales se unieron para buscar su destitución.

Esta mañana, el camarista federal Otilio Romano dobló su apuesta y se mostró desafiante. De un día para el otro, decidió que su licencia por problemas de salud había finalizado y regresó a su despacho. Lo hizo 48 horas después de que una Cámara Federal integrada por jueces subrogantes –sus amigos- apartaran al juez Walter Bento de la investigación que lo tiene a él y a Miret como imputados por ser cómplices de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983.

Romano había tomando licencia por enfermedad para postergar su declaración indagatoria. Aseguró que tenía una crisis de diabetes y que por tal motivo no estaba en condiciones de comparecer ante el juez Bento y ante el fiscal Omar Palermo. Se trató de una medida dilatoria para evitar que la causa y las acusaciones en su contra avanzaran.
Fue orquestada a partir de una actuación sospechosa de la comisión del Cuerpo Médico Forense de la Corte, que llegó a Mendoza para examinarlo y jamás se remitió al juez que estaba a cargo del caso.

Una vez que Bento quedó fuera de juego, Romano reapareció. Y saludó especialmente a dos personas: Ana María Suriani y Mariana Leiva, las dos testigos que aportaron datos secretos para que la recusación contra Bento prosperara.

Suriani está actualmente adscripta a la vocalía de Romano. Trabajó en la Secretaría Penal C hasta que Bento asumió como juez. Como no confiaba en ella, pidió que la trasladaran.

A la hora de pedir la recusación, Romano aseguró que Suriani era su amiga, y que si Bento tenía problemas con ella, también los tenía con él.

Mariana Leiva, por su parte, es la sobrina del destituido juez federal Luis Leiva, quien a la vez es amigo personal de Romano. La participación de la mujer en la causa se limitó, hasta donde se sabe, a reproducir un supuesto comentario que Bento habría hecho contra Romano en los pasillos de los Tribunales Federales.

Mariana Leiva es, además, la actual pareja del fiscal mendocino Javier Pascua, quien aparece primero en la terna para ocupar el lugar que quedó vacante en la Cámara Federal luego de la renuncia de Carlos Pereyra González.

Un día antes de que saliera el fallo que apartaba a Bento, Mariana Leiva y Javier Pascua mantuvieron una reunión privada en el despacho del camarista federal Julio Petra, uno de los firmantes de la resolución favorable a Romano y también investigado en el Consejo de la Magistratura por una notable serie de irregularidades en sus funciones.

Para terminar de dibujar el cuadro de situación, Pascua apareció en unas escuchas telefónicas que lo vinculaban directamente con la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal que fue descabezada hace tres años porque sus integrantes fueron acusados de diferentes actos de corrupción.

Para terminar un día completo, Julio Demetrio Petra firmó hoy la excarcelación de dos ex integrantes de las fuerzas de seguridad que estaban acusados de formar parte del aparato represor en San Juan. Con esta medida, salvo quienes están siendo juzgados en San Rafael, todos los imputados por crímenes de lesa humanidad en Mendoza y San Juan están muertos o en libertad.

El Consejo de la Magistratura va a la Corte Suprema

El próximo martes el Consejo de la Magistratura presentará una queja forma en la Corte Suprema de la Nación por denegación de justicia. Como Romano ha impedido por todos los medios ser investigado por ese organismo y ha apelado a diferentes chicanas jurídicas, kirchneristas y radicales firmaron un acuerdo inédito para ir tras el camarista federal mendocino.

“Se está burlando de nosotros”, aseguró un consejero consultado por este diario. Y completó: “Lo que está pasando en Mendoza no es ni más ni menos que un juez que no respeta la justicia. Directamente, se manejan códigos mafiosos”.

Para terminar con la estrategia de Romano, el senador nacional radical Ernesto Sanz propuso que en la asamblea plenaria del jueves que viene se vote para considerar la posibilidad de desoír la medida cautelar que impide seguir el proceso hacia el juicio político contra Romano. La iniciativa de mendocino fue avalada por la kirchnerista Diana Conti y se convirtió en el principal tema de agenda dentro del Consejo.