El Procurador de la Nación pidió medidas urgentes contra la Cámara Federal de Mendoza
Esteban Righi envió una carta a la presidencia del Consejo de la Magistratura el mismo día en que en la provincia la Cámara apartaba al juez Walter Bento por investigar a los magistrados Luis Miret y Otilio Romano e imputarlos como cómplices de la dictadura.
“Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin de poner en su conocimiento la grave situación por la que atraviesa la justicia federal de Mendoza por estos días como consecuencia de las actuaciones judiciales y administrativas en trámite en las que se estudia la actuación de integrantes de la Cámara Federal de Mendoza en el marco de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado…”.
De ese modo comienza la cara que fue enviada por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, al presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral.
La presentación está fechada el martes 5 de octubre, el mismo día en que la polémica Cámara, integrada por jueces subrogantes, apartó al juez federal Walter Bento de la investigación contra los camaristas Otilio Romano y Luis Miret, quienes están imputados por la presunta complicidad con el aparato represivo que actuó en nuestro país entre 1975 y 1983.
Casi como si hubiese vaticinado el desenlace, Righi redactó en primera persona una advertencia al órgano que controla el accionar de los jueces y aseguró que es necesario tomar medidas urgentes para normalizar el funcionamiento de los tribunales federales en nuestra provincia y garantizar la integridad física de los magistrados que llevan adelante la causa contra los camaristas.
Este último punto está vinculado con las amenazas de muerte que Romano profirió contra el juez Bento y contra el fiscal Omar Palermo. Concretamente, el camarista afirmó entre conocidos que si los seguían presionando iba a tomar una decisión drástica: asesinar a Bento y a Palermo y luego suicidarse.
Las declaraciones de Romano trascendieron; a tal punto, que al juez y al fiscal amenazados se les designó custodia policial para evitar ser blancos de un atentado.
Righi criticó, además, el proceso de designación de conjueces que son amigos de los camaristas cuestionados y que fallan en consecuencia. Como ejemplo, puso el caso del abogado Carlos Parellada, que hizo lugar a una medida cautelar para frenar la investigación que el Consejo de la Magistratura había iniciado contra Romano.
“Cabe recordar –señaló el procurador- que buena parte de la causas por violaciones a los derechos humanos en trámite en la jurisdicción de Cuyo se encuentran paralizadas en virtud de las recusaciones que pesan sobre los camaristas mendocinos, algunos denunciados por entorpecer y retrasar arbitrariamente el trámite de la causas y otros por su participación directa en los delitos que involucran”.
Las declaraciones de Romano trascendieron; a tal punto, que al juez y al fiscal amenazados se les designó custodia policial para evitar ser blancos de un atentado.
Righi criticó, además, el proceso de designación de conjueces que son amigos de los camaristas cuestionados y que fallan en consecuencia. Como ejemplo, puso el caso del abogado Carlos Parellada, que hizo lugar a una medida cautelar para frenar la investigación que el Consejo de la Magistratura había iniciado contra Romano.
“Cabe recordar –señaló el procurador- que buena parte de la causas por violaciones a los derechos humanos en trámite en la jurisdicción de Cuyo se encuentran paralizadas en virtud de las recusaciones que pesan sobre los camaristas mendocinos, algunos denunciados por entorpecer y retrasar arbitrariamente el trámite de la causas y otros por su participación directa en los delitos que involucran”.