El Gobierno fue a la Justicia por dichos del intendente Omar Félix sobre el narcotráfico
El Gobierno de Mendoza junto a concejales radicales realizaron una presentación ante la Justicia Federal en contra del intendente de San Rafael, Omar Félix, por declaraciones que realizó sobre el avance del narcotráfico en el departamento.
La iniciativa judicial la impulsa el director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, y los concejales sanrafaelinos radicales Adrián Reche, Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Romina Giraudo. En concreto, solicitaron a la Fiscalía Federal que se investiguen declaraciones públicas realizadas por el jefe comunal peronista en el marco de una conferencia de prensa el pasado 7 de abril.
Durante su intervención, Félix manifestó que en “cada barrio de San Rafael hay kioscos donde se vende droga” y mencionó la existencia de bandas de narcotraficantes, incluso integradas por ciudadanos colombianos, que operaban en el departamento. Señaló también que los vecinos "tienen miedo de denunciar", a la vez que insinuó conocer detalles del funcionamiento de estas organizaciones.
“Tenemos grupos que actúan en el narcotráfico viniendo desde Las Heras, desde Godoy Cruz y también grupos de colombianos actuando en San Rafael. Lo denuncio hoy acá”, expresó el dirigente peronista y detalló que “el método es prestar, cobrar día por día y cuando lo buscan chicos jóvenes y después, cuando no pueden devolver, les dan sustancias para la venta”.
Ante estas afirmaciones, el Gobierno provincial y la oposición radical del departamento decidió solicitar a la Justicia Federal que se inicie una investigación penal y que se convoque al intendente en calidad de testigo para que aporte la información que dijo conocer.
Uno de los impulsores de la denuncia es el actual director de Asuntos Gubernamentales de Mendoza y ex precandidato a intendente de San Rafael en 2023. En su presentación junto a concejales, Mondotte recordó que el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, tanto en su redacción anterior como en la modificada por la Ley 27.063, establece el deber de los funcionarios públicos de denunciar los delitos de acción pública de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
“El señor intendente sugirió un conocimiento detallado de actividades ilícitas que, hasta la fecha, no habrían sido formalmente denunciadas ante la justicia competente”, señala el escrito.
Advirtieron que, más allá del contexto político en que se producen los dichos, la responsabilidad institucional del intendente requiere una actuación inmediata ante la justicia, dado que sus palabras se refieren a hechos que podrían configurar delitos de competencia federal.
“La lucha contra el narcotráfico y la protección de la seguridad de nuestros ciudadanos requieren del compromiso y la colaboración activa de todas las autoridades y organismos competentes, siendo para ello necesario que cualquier información relevante sobre actividades ilícitas sea presentada por las vías legales correspondientes para su debido tratamiento judicial”, se afirma en la presentación.