Alcoholemia positiva: por ley, endurecen sanciones para conductores ebrios en Mendoza

La Cámara de Senadores provincial dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Seguridad Vial, un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que forma parte del paquete de propuestas en materia de seguridad que presentó el Gobierno. Este cambio en la Ley 9024, introduce importantes modificaciones, especialmente para los conductores que superen el límite de alcoholemia  de 0,5 g/l. Fue aprobada por 19 votos a favor y 14 en contra. El endurecimiento se suma a lo sancionado en la Legislatura días atrás, donde, por ley, conductores ebrios deberán pagar su estadía en hospitales públicos de Mendoza.

El senador radical Abel Freidemberg explicó los alcances del proyecto de ley y subrayó la "urgencia de abordar la problemática del consumo de alcohol al volante, un asunto crítico para la salud pública". "Cada dos minutos fallece una persona en el mundo por accidentes viales, lo que equivale a 3.200 muertes diarias", dijo el sanrafaelino.

Asimismo, aportó que un estudio de 2018 realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) reveló que el 25.1% de los ingresados por accidentes viales en 38 hospitales públicos del país había consumido alcohol seis horas antes del siniestro. Sumo que dicha problemática es especialmente grave entre los jóvenes de 15 a 34 años, quienes representan cuatro de cada diez víctimas de accidentes viales.

Destacó que la provincia de Mendoza "ha trabajado en sintonía con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, estableciendo límites estrictos de alcoholemia y aumentando las sanciones para los infractores". Por ello es que la Ley de Tránsito se ha reformado para imponer inhabilitaciones, retenciones de licencia y vehiculares más rígidas, especialmente para aquellos con una alcoholemia superior a un gramo por litro.

El proyecto de ley busca, entre otros aspectos, simplificar la certificación de alcoholímetros, permitiendo que la calibración se realice en Universidades y otras entidades, evitando largos trámites burocráticos. También introduce la reincidencia agravada para quienes conduzcan con niveles de alcoholemia fuera de los límites permitidos, extendiendo la inhabilitación para conducir hasta 365 días y facultando al juez para ordenar cursos de capacitación y prevención. Otro punto clave del proyecto, según Freidemberg, es la gestión de vehículos retenidos por infracciones.

Los planteos del proyecto

Uno de los puntos destacados de la reforma es la incorporación de la facultad del juez para exigir, según la gravedad del caso, la asistencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable. En casos de primera reincidencia de la infracción prevista en el inciso 7 del Artículo 52, la sanción de inhabilitación podrá extenderse de 180 a 365 días, con la posibilidad de que el juez ordene la concurrencia a dichos cursos.

El proyecto también busca habilitar a los Municipios y a la Dirección de Seguridad Vial para obtener la certificación de calibración de los alcoholímetros utilizados en Mendoza. Para ello, podrán suscribir convenios con universidades públicas y/o privadas, organismos estatales y/o privados, organizaciones no gubernamentales y otras entidades, tanto nacionales como internacionales. Actualmente, estos equipos deben ser enviados a Buenos Aires o La Rioja para su homologación, lo cual implica una demora significativa de hasta cuatro meses antes de que puedan ser utilizados nuevamente en la provincia.

Además de las modificaciones relacionadas con la alcoholemia, la reforma establece nuevas regulaciones para los vehículos que se encuentran en playas de secuestro. Una problemática abordada es la gran cantidad de vehículos que se encuentran en las playas y que, en muchos casos, nunca son reclamados por sus dueños. Para solucionar esto, se propusieron reformas a los artículos 129 y 130 de la Ley de Seguridad Vial, agilizando el proceso de recuperación de los vehículos y permitiendo su disposición a favor de las municipalidades o del Ministerio de Seguridad y Justicia, dependiendo de cada caso.

En el artículo 130 se proponen ajustes destinados a acortar los plazos para la disposición de bienes que no sean reclamados o que no cumplan con los requisitos establecidos para su recuperación. Se establece un plazo máximo de dos meses (antes eran seis) para la disponibilidad de estos bienes, tras los cuales podrán ser destinados a instituciones públicas o vendidos en subasta pública.

El senador Dugar Chappel del Partido Verde anunció que su bloque votaría en contra del proyecto, argumentando que la propuesta afecta el derecho de propiedad al permitir la transferencia de vehículos al Estado tras ciertos plazos, lo que considera inconstitucional.

El senador Germán Vicchi, de La Unión Mendocina, también expresó su preocupación por el impacto de las nuevas disposiciones sobre los ciudadanos de menores recursos, que podrían perder sus vehículos debido a las nuevas reglas de retención y decomiso. Asimismo, mencionó que el cambio en los plazos de retención de seis a dos meses podría no ser suficiente para resolver los problemas de fondo relacionados con la gestión de vehículos decomisados.

El senador Gustavo Soto, también del oficialismo, defendió la reducción de plazos para acelerar la gestión de vehículos secuestrados, argumentando que la acumulación de vehículos en mal estado representa un problema significativo para los municipios.

Finalmente, el senador Pedro Serra, del Partido Justicialista, coincidió en que las leyes deben ser efectivas y criticó la acumulación de vehículos en depósitos estatales, subrayando la necesidad de una gestión más eficiente y efectiva de los controles de alcoholemia.