Comenzó el debate para endurecer las penas por alcoholemia positiva: los detalles

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Legislatura recibió a funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, con quienes analizaron dos de las once iniciativas remitidas por el Gobierno provincial que forman parte del paquete de leyes de Seguridad. Se trata de dos proyectos que tienen como uno de los ejes centrales, la problemática de la alcoholemia al volante, en el marco de la cantidad de siniestros ocurridos por este motivo en las últimas semanas.

El subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino; el director General de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat; el director de Seguridad Vial, comisario Fabián Becerra, y el asesor letrado del Ministerio Carlos Magnani, participaron de este encuentro donde brindaron detalles de los proyectos.

Seguridad Vial

Uno de los proyectos propone modificaciones a la Ley de Seguridad Vial – 9024 -. La provincia ya ha avanzado en reformas a dicha normativa, aumentando las sanciones para aquel que diera una alcoholemia por encima del límite de 0,5 g/l, aunque “la mayoría está por debajo de los valores prohibitivos, entre un 17% de los controlados presenta alcoholemias por encima de 0,5 g/l, y se presentan infracciones en reincidencia en muchos casos”, sostiene la fundamentación.

En esa línea, resalta que “el 92% de los arrestos por aplicación del Código de Contravenciones, en 2023 fue por el artículo 67 bis, esto es, alcoholemia al volante superior a 1 g/l”.

Inhabilitación para conducir

En ese marco, se incorpora una reincidencia específica, aumentando la inhabilitación para conducir, y se incorpora la “facultad del juez para que fundadamente pueda establecer, según la gravedad del caso, la necesidad de concurrencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable”, explica la normativa.

De esta manera, para el caso de reincidencia primera de la infracción prevista en el inciso 7 del Artículo 52, la sanción de inhabilitación podrá ser aumentada hasta 365 días, pudiendo el juez disponer fundadamente la necesidad de concurrencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable.

Alcoholímetros

Por otro lado, el proyecto busca habilitar tanto a Municipios como a la Dirección de Seguridad Vial para que puedan obtener la certificación de la calibración los alcoholímetros a utilizarse en la provincia de Mendoza, en convenio con universidades y organismos locales.

“Es imprescindible destrabar burocracias y largos trámites para la certificación de alcoholímetros, a fin de permitir a las distintas autoridades que hoy tienen a cargo dichos controles, contar con más elementos útiles a fin de realizar los test y fiscalizar el cumplimiento de la prohibición vinculada con el alcohol al volante. Con esto se espera que se puedan obtener certificados de forma más rápida y a menor costo para el Estado”, señalan en el escrito.

Hernán Amat aseveró que el “foco está puesto en la alcoholemia al volante. Se apunta a aumentar sanciones y destrabar burocracias en el secuestro de vehículos y en la certificación y calibración de alcoholímetros, que hoy se hacen en Buenos Aires  o La Rioja, y que tardan entre uno y cuatro meses desde que van y vuelven calibrados”.

En esa línea, el comisario Becerra señaló que de alrededor de 6000 controles por alcoholímetro se pasó a más de 17 mil en lo que va del año. “Cuando nosotros hablamos de controles de alcoholemia está incluido este dispositivo, que es el alómetro, en el que se exhala y si el dispositivo presenta un tilde un tilde verde es porque no hay alcohol en sangre, pero si se marca un cuadrito con una luz color roja, es porque sí hay. Entonces, ante esa alerta, nosotros vamos al segundo control, el alcoholímetro, y ahí nos da la calibración o el grado de alcohol que tiene el infractor”.

Conducción con alcoholemia igual o mayor a 1 gramo por litro de sangre

Establece por otra parte, que la inhabilitación por conducir con una alcoholemia igual o superior a un 1 gramo por litro de sangre, debe ser ejecutada independientemente del pago de la multa, “no produciéndose a su respecto la extinción de la acción para su ejecución”.

El texto remitido a la Cámara de Diputados señala que según datos del Servicio Penitenciario provincial, “el 92% de los casos de ingresos a alcaidías se da por infracción al artículo 67 bis. Esto es alcoholemia al volante superior a 1 gramo por litro de sangre, lo que demuestra la necesidad de ser rigurosos a su respecto”.

Por ello, “se agravan las sanciones para este caso, no sólo aumentando la multa, sino también extendiendo la inhabilitación para conducir hasta un año y medio, sumado a la posibilidad del juez de imponer una obligación de conducta para el infractor, esto es, concurrencia a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable”.

Para estos casos, la multa podrá ir desde 4000 hasta 11000 U.F., o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación como accesoria en todos los casos para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

Reparación de daños producidos por la conducción bajo efectos del alcohol

Por otra parte, “la pérdida de dominio asociada a la alcoholemia al volante, supone en muchos casos daños en la vía pública, cuya reparación el juez podrá poner a cargo del infractor, de conformidad con las reglas generales establecidas en la Ley contravencional”.

“Es dar la posibilidad al juez para que ordene la reparación de daños consecuencia de la conducta sancionada, como por ejemplo, el daño que pueda provocarse a un bien público”, dijo D´Agostino. Además, señaló que “siempre corresponderá la retención del vehículo” hasta que el infractor cumpla con la multa y la sanción.

Código Contravencional

El segundo proyecto analizado contempla modificaciones al Código Contravencional, teniendo en cuenta que estas normas “constituyen el primer anillo de contención social, tendiente a asegurar la convivencia, el orden y la seguridad pública”, indica la fundamentación.

Las modificaciones propuestas “responden a la necesidad de reforzar aspectos de seguridad pública contenidos en las figuras contempladas y que no están siendo efectivos para los fines perseguidos”. Entre otros puntos, promueve como sanciones ante infracciones al Código, arresto “desde 90 a 120 días, para darle ese margen al juez, de una sanción mayor y se aumenta la multa hasta 12000 UF”, que de acuerdo al valor actual de las Unidades Fiscales, superaría el millón de pesos.

Se trata de “ajustes al Código Contravención que hacen a la seguridad pública y al efectivo cumplimiento del espíritu de la incorporación de ciertas figuras” que ya se han realizado, dijo D´Agostino, quien agregó que “se ha trabajado en sintonía con los ejecutores del Código, los jueces contravencionales y de faltas, que son los que lo aplican día a día, y quienes advierten la necesidad de ciertos ajustes”.