Presenta:

Causa Bento: un arrepentido postergó su declaración y habló uno de los acusados

Estaba previsto que declarara el abogado Martín Ríos, presunto integrante de la asociación ilícita que se acogió a la figura del arrepentido. Si lo hizo el imputado Cristian Oliva.
El abogado Martín Ríos, imputado colaborador de la causa. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
El abogado Martín Ríos, imputado colaborador de la causa. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una nueva jornada de audiencias se llevó adelante este miércoles en la causa Bento y hubo cambios en la agenda. Estaba previsto que declarara el abogado Martín Ríos, figura clave por ser uno de los imputados colaboradores. Si bien su testimonio era esperado, finalmente se postergó por recomendación psiquiátrica. Así lo informó su abogado defensor, Pablo Cazabán. Quien si declaró fue el acusado de cohecho Cristian Oliva.

Martín Ríos y Matías Aramayo, ambos defendidos por Pablo Cazabán, son dos abogados que se acogieron a la figura del arrepentido y en la tapa de instrucción brindaron detalles del funcionamiento de la presunta asociación ilícita que habrían integrado junto al juez Walter Bento. Sus testimoniales son una prueba clave para la acusación pero desde la defensa del exjuez federal sostienen que mintieron para no quedar detenidos. 

Por ese motivo había mucha expectativa respecto a la declaración que estaba previsto hiciera el día de hoy el abogado Martín Ríos. Sin embargo, volvió a postergarse y según Pablo Cazabán responde a una recomendación médica.

Pablo Cazabán es el abogado defensor de Martín Ríos.

En cambio, declaró uno de los imputados por cohecho que negó haber pagado a cambio de que le otorgaran el beneficio de prisión domiciliaria. Se trata de Cristian Oliva, identificado en la causa como "caso quince" e imputado por supuesto pago de sobornos a cambio de ese beneficio.

La hipótesis de la fiscalía es que Oliva tomó contacto con la asociación ilícita a través de Eugenio Nasi (otro imputado por cohecho) y que nombró primero como defensor a Javier Angeletti y luego a Luciano Ortego, ambos apuntados como integrantes de la asociación ilícita que habría liderado Bento. El Ministerio Público sostiene que a través de ellos se pagó el soborno para que se le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria.

Oliva negó esa situación y reconoció que le pagó 100 mil pesos a Ortego por sus servicios profesionales. Específicamente, dijo que los honorarios eran por 5 mil dólares y que aún le debe dinero. El dato que le llamó la atención a la fiscalía es que la prisión domiciliaria supuestamente la tramitó el defensor oficial y no Ortego, por lo que intentaron que Oliva explique por qué le pagó entonces a Ortego.

Varios abogados representaron a Ortego en la causa de narcotráfico por la que estaba preso. Todos presentaron sin éxito pedidos de prisión domiciliaria atendiendo a las dificultades que se vivían en la casa del imputado. Su madre tenía cáncer de colon grave, su padrastro era diabético y discapacitado y su hermano menor tenía síndrome de down y distrofia muscular por lo que no podía desenvolverse sin ayuda.

Luego de varios pedidos rechazados, finalmente consiguió el beneficio al contratar los servicios de Ortego. Pero, según sostuvo, gracias a las presentaciones de documentación e historias clínicas que hizo el defensor oficial.

Oliva estaba detenido por tráfico de estupefacientes junto a Daniel Orlando "Rengo" Aguilera pero fue el único imputado de esa causa que consiguió el beneficio de prisión domiciliaria. "Cristian Oliva se fue con arresto domiciliario previo al juicio y llegó al mismo ese arresto y apareció en el juicio con Ortego", declaró en la etapa de instrucción Aguilera alimentando la hipótesis de la fiscalía.

Este miércoles Oliva negó rotundamente haber pagado coimas a cambio del beneficio y dio detalles de la delicada situación que se vivía en su hogar. "Yo tenía a mi madre con cáncer de colon -murió por ese motivo- a mi hermano en silla de ruedas por distrofia muscular y mi padrastro con tres hernias de disco, diabetes y certificado de discapacidad y sin embargo en 2017 se negó la domiciliaria. En 2018 también", explicó y dijo que recién en 2019 le otorgaron la posibilidad de ir a su domicilio para cuidar de su hermano. El beneficio fue luego revocado y el hermano falleció al ahogarse con un bocado de comida.  "Yo no tengo recursos para pagar nada ilegal", concluyó Oliva.